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Creador de ChatGPT se enfrenta al New York Times sobre «uso justo» de obras con derechos de autor

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AGENCIA AP

Beijing, China.-Una avalancha de demandas en una corte federal de Nueva York pondrá a prueba el futuro de ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial que no serían tan elocuentes si no hubieran ingerido grandes cantidades de obras humanas protegidas por derechos de autor.

Pero ¿los chatbots de IA —en este caso, productos ampliamente comercializados fabricados por OpenAI y su socio comercial Microsoft— incumplen las leyes sobre derechos de autor y competencia leal? Los escritores profesionales y los medios de comunicación se enfrentarán a una difícil batalla para ganar ese argumento en los tribunales.

“Me gustaría ser optimista en nombre de los autores, pero no lo soy. Creo que tienen una ardua batalla por delante”, afirmó la abogada especializada en derechos de autor Ashima Aggarwal, quien trabajó para el gigante editorial John Wiley & Sons.

LAS DEMANDAS

Cada una de las demandas presenta argumentos diferentes, pero todas se centran en que la empresa OpenAI, con sede en San Francisco, “ha creado este producto a partir de la propiedad intelectual de otras personas”, dijo el abogado Justin Nelson, quien representa a los escritores de no ficción y cuyo despacho también representa a The New York Times.

“Lo que OpenAI está diciendo es que tiene vía libre para adueñarse de la propiedad intelectual de cualquier otra persona desde el principio de los tiempos, siempre y cuando se encuentre en internet”, dijo Nelson.

The New York Times interpuso una demanda en diciembre, alegando que ChatGPT y el chatbot Copilot de Microsoft compiten contra los mismos medios con los que se entrenan y desvían el tráfico web del periódico y de otros dueños de derechos de autor que dependen de los ingresos publicitarios que generan sus sitios para seguir produciendo su periodismo. También presentó evidencias de que los chatbots repetían artículos del Times palabra por palabra. En otras ocasiones, los chatbots atribuyeron falsamente información errónea al periódico, lo que perjudica su reputación.

Un juez federal preside hasta ahora los tres casos, así como un cuarto de otros dos autores de no ficción que presentaron otra demanda la semana pasada. El juez federal de distrito Sidney H. Stein ha estado en el tribunal de Manhattan desde 1995, cuando fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton.

LA RESPUESTA

OpenAI y Microsoft aún no han presentado contraargumentos formales sobre los casos de Nueva York, pero OpenAI hizo una declaración pública esta semana en la que se refirió a la demanda de The New York Times como “sin mérito” y señaló que la capacidad del chatbot para repetir textualmente algunos artículos era una “inusual falla”.

“El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con materiales de acceso público en internet es un uso legítimo, como demuestran precedentes antiguos y ampliamente aceptados”, afirmó el lunes la empresa en su blog. También insinuó que The New York Times “ordenó al modelo que lo reprodujera o seleccionó sus ejemplos de entre muchos intentos”.

OpenAI se refirió a los acuerdos de licencia que firmó el año pasado con The Associated Press, con la empresa alemana de medios Axel Springer y con otras organizaciones como ejemplos de cómo la compañía está tratando de apoyar un ecosistema de noticias saludable. OpenAI paga una cantidad no revelada por la licencia del archivo de noticias de la AP. The New York Times mantuvo conversaciones similares antes de decidir demandar.

OpenAI afirmó este año que el acceso al “archivo de textos de alta calidad y basados en hechos” de la AP mejoraría las capacidades de sus sistemas de IA. Pero su blog de esta semana restaba importancia al contenido de las noticias para el entrenamiento de la IA, argumentando que los grandes modelos lingüísticos aprenden de un “enorme conjunto de conocimientos humanos” y que “cualquier fuente de datos individual —incluido The New York Times— no es significativa para el aprendizaje previsto del modelo”.

¿QUIÉN VA A GANAR?

Gran parte del argumento de la industria de la IA se basa en la doctrina del “uso justo” de la ley de derechos de autor de Estados Unidos, la cual permite usos limitados de materiales protegidos por derechos de autor, para la enseñanza, la investigación o la transformación de la obra protegida en algo diferente.

En respuesta, el equipo legal que representa a The New York Times escribió el martes que lo que OpenAI y Microsoft están haciendo “no es uso justo bajo ningún concepto”, porque están aprovechando la inversión del periódico en su periodismo “para construir productos sustitutivos sin permiso ni pago”.

Hasta ahora, los tribunales se han puesto mayoritariamente del lado de las empresas tecnológicas a la hora de interpretar cómo las leyes de derechos de autor deben tratar a los sistemas de IA. En una derrota para los artistas visuales, un juez federal de San Francisco desestimó el año pasado buena parte de la primera gran demanda contra los generadores de imágenes por IA. Otro juez de California rechazó los argumentos de la comediante Sarah Silverman de que la empresa matriz de Facebook, Meta, había infringido los derechos de su autobiografía para construir su modelo de IA.

Las demandas más recientes han aportado pruebas más detalladas de los supuestos perjuicios, pero Aggarwal dijo que cuando se trata de utilizar contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial que ofrecen una “pequeña parte de esos contenidos a los usuarios, los tribunales no parecen inclinados a considerar que se trata de una infracción de los derechos de autor”.

Las empresas tecnológicas citan como precedente el éxito de Google a la hora de rechazar las impugnaciones legales contra su biblioteca de libros digitales. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la resolución de un tribunal de menor instancia que rechazaba el argumento de los autores de que la digitalización de millones de libros por parte de Google y la exhibición pública de fragmentos de los mismos constituían una infracción de los derechos de autor.

Pero los jueces interpretan los argumentos del uso justo caso por caso y “en realidad depende mucho de los hechos”, en función del impacto económico y otros factores, dijo Cathy Wolfe, ejecutiva de la empresa holandesa Wolters Kluwer que también forma parte del consejo del Copyright Clearance Center, que ayuda a negociar licencias de medios impresos y digitales en Estados Unidos.

“Sólo porque algo esté gratis en internet, en un sitio web, no significa que puedas copiarlo y enviarlo por correo electrónico, y mucho menos utilizarlo para realizar negocios comerciales”, dijo Wolfe. “¿Quién va a ganar? No lo sé, pero desde luego soy partidaria de proteger los derechos de autor para todos. Eso impulsa la innovación”.

MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES

Algunos medios de comunicación y otros creadores de contenidos miran más allá de los tribunales y piden a los legisladores o a la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que refuercen la protección de los derechos de autor en la era de la IA. Un grupo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos escuchará el miércoles el testimonio de ejecutivos y defensores de los medios de comunicación en una audiencia dedicada al efecto de la IA en el periodismo.

Roger Lynch, director general de la cadena de revistas Conde Nast, tiene previsto decir a los senadores que las empresas de IA generativa “están utilizando nuestra propiedad intelectual robada para construir herramientas de sustitución”.

“Creemos que la solución legislativa puede ser sencilla: aclarar que el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en relación con la IA generativa comercial no es un uso justo y requiere un permiso”, dice una copia de las declaraciones preparadas por Lynch.

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Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales

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Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.

MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.

De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.

Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.

Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación

Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:

  • US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.

  • US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.

  • US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.

El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.

También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena

La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.

Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.

Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.

El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.

Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.

Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales

El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.

La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.

Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.

De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.

Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.

Autoridades intensifican investigaciones

En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.

Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.

El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.

El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.

Acusado conserva presunción de inocencia

Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.

La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.

Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.

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Estados Unidos transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan

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Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.

Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.

Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.

La masacre de Fort Hood

Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.

El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.

Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.

El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.

El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.

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Trump no reanudará ataques contra Irán antes de las elecciones de medio término

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Agencia AP

Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.

Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.

Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.

Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.

Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.

Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.

Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.

“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.

pérdida de los flujos de petróleo

Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.

Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.

Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.

Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.

La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.

La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.

El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.

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