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Creador de ChatGPT se enfrenta al New York Times sobre «uso justo» de obras con derechos de autor
AGENCIA AP
Beijing, China.-Una avalancha de demandas en una corte federal de Nueva York pondrá a prueba el futuro de ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial que no serían tan elocuentes si no hubieran ingerido grandes cantidades de obras humanas protegidas por derechos de autor.
“Me gustaría ser optimista en nombre de los autores, pero no lo soy. Creo que tienen una ardua batalla por delante”, afirmó la abogada especializada en derechos de autor Ashima Aggarwal, quien trabajó para el gigante editorial John Wiley & Sons.
LAS DEMANDAS
Cada una de las demandas presenta argumentos diferentes, pero todas se centran en que la empresa OpenAI, con sede en San Francisco, “ha creado este producto a partir de la propiedad intelectual de otras personas”, dijo el abogado Justin Nelson, quien representa a los escritores de no ficción y cuyo despacho también representa a The New York Times.
“Lo que OpenAI está diciendo es que tiene vía libre para adueñarse de la propiedad intelectual de cualquier otra persona desde el principio de los tiempos, siempre y cuando se encuentre en internet”, dijo Nelson.
The New York Times interpuso una demanda en diciembre, alegando que ChatGPT y el chatbot Copilot de Microsoft compiten contra los mismos medios con los que se entrenan y desvían el tráfico web del periódico y de otros dueños de derechos de autor que dependen de los ingresos publicitarios que generan sus sitios para seguir produciendo su periodismo. También presentó evidencias de que los chatbots repetían artículos del Times palabra por palabra. En otras ocasiones, los chatbots atribuyeron falsamente información errónea al periódico, lo que perjudica su reputación.
Un juez federal preside hasta ahora los tres casos, así como un cuarto de otros dos autores de no ficción que presentaron otra demanda la semana pasada. El juez federal de distrito Sidney H. Stein ha estado en el tribunal de Manhattan desde 1995, cuando fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton.
LA RESPUESTA
OpenAI y Microsoft aún no han presentado contraargumentos formales sobre los casos de Nueva York, pero OpenAI hizo una declaración pública esta semana en la que se refirió a la demanda de The New York Times como “sin mérito” y señaló que la capacidad del chatbot para repetir textualmente algunos artículos era una “inusual falla”.
“El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con materiales de acceso público en internet es un uso legítimo, como demuestran precedentes antiguos y ampliamente aceptados”, afirmó el lunes la empresa en su blog. También insinuó que The New York Times “ordenó al modelo que lo reprodujera o seleccionó sus ejemplos de entre muchos intentos”.
OpenAI se refirió a los acuerdos de licencia que firmó el año pasado con The Associated Press, con la empresa alemana de medios Axel Springer y con otras organizaciones como ejemplos de cómo la compañía está tratando de apoyar un ecosistema de noticias saludable. OpenAI paga una cantidad no revelada por la licencia del archivo de noticias de la AP. The New York Times mantuvo conversaciones similares antes de decidir demandar.
OpenAI afirmó este año que el acceso al “archivo de textos de alta calidad y basados en hechos” de la AP mejoraría las capacidades de sus sistemas de IA. Pero su blog de esta semana restaba importancia al contenido de las noticias para el entrenamiento de la IA, argumentando que los grandes modelos lingüísticos aprenden de un “enorme conjunto de conocimientos humanos” y que “cualquier fuente de datos individual —incluido The New York Times— no es significativa para el aprendizaje previsto del modelo”.
¿QUIÉN VA A GANAR?
Gran parte del argumento de la industria de la IA se basa en la doctrina del “uso justo” de la ley de derechos de autor de Estados Unidos, la cual permite usos limitados de materiales protegidos por derechos de autor, para la enseñanza, la investigación o la transformación de la obra protegida en algo diferente.
En respuesta, el equipo legal que representa a The New York Times escribió el martes que lo que OpenAI y Microsoft están haciendo “no es uso justo bajo ningún concepto”, porque están aprovechando la inversión del periódico en su periodismo “para construir productos sustitutivos sin permiso ni pago”.
Hasta ahora, los tribunales se han puesto mayoritariamente del lado de las empresas tecnológicas a la hora de interpretar cómo las leyes de derechos de autor deben tratar a los sistemas de IA. En una derrota para los artistas visuales, un juez federal de San Francisco desestimó el año pasado buena parte de la primera gran demanda contra los generadores de imágenes por IA. Otro juez de California rechazó los argumentos de la comediante Sarah Silverman de que la empresa matriz de Facebook, Meta, había infringido los derechos de su autobiografía para construir su modelo de IA.
Las demandas más recientes han aportado pruebas más detalladas de los supuestos perjuicios, pero Aggarwal dijo que cuando se trata de utilizar contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial que ofrecen una “pequeña parte de esos contenidos a los usuarios, los tribunales no parecen inclinados a considerar que se trata de una infracción de los derechos de autor”.
Las empresas tecnológicas citan como precedente el éxito de Google a la hora de rechazar las impugnaciones legales contra su biblioteca de libros digitales. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la resolución de un tribunal de menor instancia que rechazaba el argumento de los autores de que la digitalización de millones de libros por parte de Google y la exhibición pública de fragmentos de los mismos constituían una infracción de los derechos de autor.
Pero los jueces interpretan los argumentos del uso justo caso por caso y “en realidad depende mucho de los hechos”, en función del impacto económico y otros factores, dijo Cathy Wolfe, ejecutiva de la empresa holandesa Wolters Kluwer que también forma parte del consejo del Copyright Clearance Center, que ayuda a negociar licencias de medios impresos y digitales en Estados Unidos.
“Sólo porque algo esté gratis en internet, en un sitio web, no significa que puedas copiarlo y enviarlo por correo electrónico, y mucho menos utilizarlo para realizar negocios comerciales”, dijo Wolfe. “¿Quién va a ganar? No lo sé, pero desde luego soy partidaria de proteger los derechos de autor para todos. Eso impulsa la innovación”.
MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES
Algunos medios de comunicación y otros creadores de contenidos miran más allá de los tribunales y piden a los legisladores o a la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que refuercen la protección de los derechos de autor en la era de la IA. Un grupo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos escuchará el miércoles el testimonio de ejecutivos y defensores de los medios de comunicación en una audiencia dedicada al efecto de la IA en el periodismo.
Roger Lynch, director general de la cadena de revistas Conde Nast, tiene previsto decir a los senadores que las empresas de IA generativa “están utilizando nuestra propiedad intelectual robada para construir herramientas de sustitución”.
“Creemos que la solución legislativa puede ser sencilla: aclarar que el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en relación con la IA generativa comercial no es un uso justo y requiere un permiso”, dice una copia de las declaraciones preparadas por Lynch.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.