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Conforman comisión para mediar en conflicto entre campesinos y ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo
Santo Domingo, R.D.-En razón de las intenciones de la Barrick Pueblo Viejo de desalojar campesinos de la provincia Sánchez Ramírez para la construcción de una nueva presa de colas en la empresa minera, fue creada este lunes una comisión mediadora para buscar una salida satisfactoria al conflicto.
La comisión mediadora la integran Joel Santos, ministro de Energía y Minas; monseñor Carlos Thomás Morel Diplán, obispo de La Vega; y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. También forman parte de ella la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Ulloa, quien será vocero, informó que en la próxima reunión, pautada para el miércoles 15 de enero a las 10:00 de la mañana, en la Diócesis de La Vega, definirán cuál será la metodología de trabajo.
De su lado, el ministro Joel Santos dijo que desde el Gobierno dominicano esperan que del diálogo salga una solución que permita a las comunidades vivir en tranquilidad, así como que la empresa minera pueda desempeñar sus funciones.
Entiende que la mediación del Defensor del Pueblo y la Iglesia católica da garantías de que los campesinos y la mina van a trabajar en una solución al problema.
Por su parte, monseñor Morel Diplán destacó que el encuentro de hoy, lunes, transcurrió de manera amigable, manifestando ambas partes sus deseos de llegar a un arreglo.
Mientras que el senador de Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, favorece que se llegue a un acuerdo donde las familias que serán desplazadas sean beneficiadas en base a un acuerdo justo.
Partes en conflicto
Los residentes en las comunidades de Sánchez Ramírez donde será construida la presa de Barrick Pueblo Viejo condicionaron su participación en el diálogo.
Pidieron que las localidades sean desmilitarizadas, así como que la multinacional cumpla con los estándares ambientales internacionales para un reasentamiento involuntario, los cuales, según dicen, han sido violados por la empresa.
«Estableciendo esta esperanza creemos que tenemos una solución al problema», señaló Martín Guzmán Tejada, quien habló en representación de los campesinos.
Empresa minera
Juana Barceló, presidenta de la minera, saludó la iniciativa de la Iglesia y se mantiene abierta a las conversaciones y a un proceso de reasentamiento «justo y equitativo».
Asegura que Barrick Pueblo Viejo se mantiene comprometido en trabajar con las comunidades para lograr un entendimiento mutuo y avanzar en el proceso de reasentamiento, reiterando su compromiso de diálogo continuo.
Dijo que durante los últimos cuatro años han estado comprometidos en llevar a cabo un proceso integral de diálogo continuo con las comunidades afectadas.
Asegura que la empresa aplica estándares internacionales, cumpliendo con la legislación local y con un marco de compensación diseñado para que las personas afectadas puedan restablecer sus medios de vida en condiciones similares o incluso mejores a las actuales.
Localidades afectadas
Las familias que serán desalojadas para la construcción de la presa residen en las localidades El Rayo, Los Naranjos, Los Higo, Las Tres Bocas, Arroyo Vuelta y Lajas.
Se estiman en 600 las familias que serán afectadas por la obra de la multinacional.
La reunión donde fue creada la comisión, la cual se extendió por cuatro horas, surgió tras el incidente registrado la semana pasada entre agentes policiales y militares con un grupo de campesinos que se oponen a la reubicación de sus predios para darle paso a la construcción del depósito de los materiales del proceso minero.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.