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Conforman comisión para mediar en conflicto entre campesinos y ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo
Santo Domingo, R.D.-En razón de las intenciones de la Barrick Pueblo Viejo de desalojar campesinos de la provincia Sánchez Ramírez para la construcción de una nueva presa de colas en la empresa minera, fue creada este lunes una comisión mediadora para buscar una salida satisfactoria al conflicto.
La comisión mediadora la integran Joel Santos, ministro de Energía y Minas; monseñor Carlos Thomás Morel Diplán, obispo de La Vega; y Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. También forman parte de ella la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Ulloa, quien será vocero, informó que en la próxima reunión, pautada para el miércoles 15 de enero a las 10:00 de la mañana, en la Diócesis de La Vega, definirán cuál será la metodología de trabajo.
De su lado, el ministro Joel Santos dijo que desde el Gobierno dominicano esperan que del diálogo salga una solución que permita a las comunidades vivir en tranquilidad, así como que la empresa minera pueda desempeñar sus funciones.
Entiende que la mediación del Defensor del Pueblo y la Iglesia católica da garantías de que los campesinos y la mina van a trabajar en una solución al problema.
Por su parte, monseñor Morel Diplán destacó que el encuentro de hoy, lunes, transcurrió de manera amigable, manifestando ambas partes sus deseos de llegar a un arreglo.
Mientras que el senador de Sánchez Ramírez y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, favorece que se llegue a un acuerdo donde las familias que serán desplazadas sean beneficiadas en base a un acuerdo justo.
Partes en conflicto
Los residentes en las comunidades de Sánchez Ramírez donde será construida la presa de Barrick Pueblo Viejo condicionaron su participación en el diálogo.
Pidieron que las localidades sean desmilitarizadas, así como que la multinacional cumpla con los estándares ambientales internacionales para un reasentamiento involuntario, los cuales, según dicen, han sido violados por la empresa.
«Estableciendo esta esperanza creemos que tenemos una solución al problema», señaló Martín Guzmán Tejada, quien habló en representación de los campesinos.
Empresa minera
Juana Barceló, presidenta de la minera, saludó la iniciativa de la Iglesia y se mantiene abierta a las conversaciones y a un proceso de reasentamiento «justo y equitativo».
Asegura que Barrick Pueblo Viejo se mantiene comprometido en trabajar con las comunidades para lograr un entendimiento mutuo y avanzar en el proceso de reasentamiento, reiterando su compromiso de diálogo continuo.
Dijo que durante los últimos cuatro años han estado comprometidos en llevar a cabo un proceso integral de diálogo continuo con las comunidades afectadas.
Asegura que la empresa aplica estándares internacionales, cumpliendo con la legislación local y con un marco de compensación diseñado para que las personas afectadas puedan restablecer sus medios de vida en condiciones similares o incluso mejores a las actuales.
Localidades afectadas
Las familias que serán desalojadas para la construcción de la presa residen en las localidades El Rayo, Los Naranjos, Los Higo, Las Tres Bocas, Arroyo Vuelta y Lajas.
Se estiman en 600 las familias que serán afectadas por la obra de la multinacional.
La reunión donde fue creada la comisión, la cual se extendió por cuatro horas, surgió tras el incidente registrado la semana pasada entre agentes policiales y militares con un grupo de campesinos que se oponen a la reubicación de sus predios para darle paso a la construcción del depósito de los materiales del proceso minero.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.