Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Nacionales
Restos de armas destruidas serán usados para creación de monumento.
Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Este primer grupo de armas fueron depuradas y los análisis determinaron que no tienen ningún tipo de antecedentes penales mientras que las demás aún se encuentran dentro de ese proceso.
“Desde nuestra llegada al gobierno, con la visión del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y tranquilidad al pueblo dominicano, por lo que decidimos sacar de las calles las armas ilegales que tanto luto y dolor han llevado al seno de la familias dominicanas, como muestra de esfuerzo, hemos recuperado en lo que va de año, un total de 3,765 armas, que tienen diferente situaciones de irregularidad, o ilegalidad”, afirmó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
La mayoría de esas armas que están supuestas a ser destruidas destacan por el nivel de deterioro y óxido que presentan.
Abinader y el Ministro de Interior y Policía destruyeron las primeras tres armas, mientras que un grupo de oficiales continuó destruyendo las demás.
Contrario a otras actividades, el presidente de la República no hizo uso de la palabra y tampoco dio declaraciones a los medios de comunicación.
Durante el evento realizado en presencia del procurador general adjunto Andrés Chalas, en representación de la procuradora Miriam Germán Brito; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y representantes de los organismos internacionales, el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, señaló que esa cantidad de armas al ser recibidas de manera voluntaria o por parte del Ministerio Púbico, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, se pudo determinar que no tenían ningún registro.
Indicó que en este proceso se contó por primera vez en la historia de la República Dominicana con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual inició con la capacitación y certificación de personal del Ministerio de Interior y Policía, del Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, para acreditarlo en esta modalidad de destrucción de armas.
Vásquez dijo que el trabajo realizado supera con creces lo ocurrido en los años 2018, donde se recuperaron 853, en 2019; 1,668 y en 2020, 791, lo que significa que la sumatoria de esos tres años ascienden a un total de 3, 332.
Monumento a la paz
Las autoridades anunciaron que con los restos de estas armas destruidas se levantará un “Monumento a la paz y la concordia”, para cuya propuesta de diseño y construcción convocará a un concurso público para estudiantes de artes plásticas y escultores de todo el país para que sean ellos quienes creen el símbolo que nos identificará como “País Seguro”, lleno de paz y prosperidad para el futuro de la Republica Dominicana.
Además, explicó que el concurso público se hará a través del sistema de Naciones Unidas y su iniciativa Arte 2030.
Durante la ceremonia, el ministro realizó la entrega simbólica de los certificados de capacitación de la OEA en destrucción de armas y municiones al representante de la Procuraduría General de la República, magistrado Chalas y al ministro de Defensa, Díaz Morfa.
Entre los presentes en la actividad estuvieron los embajadores de Argentina, Nora Elizabeth Capello; Clemente de Lima Baena Soares, de Brasil, y Christine Laberge de Canadá, así como el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, y el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.