Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Nacionales
Restos de armas destruidas serán usados para creación de monumento.
Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Este primer grupo de armas fueron depuradas y los análisis determinaron que no tienen ningún tipo de antecedentes penales mientras que las demás aún se encuentran dentro de ese proceso.
“Desde nuestra llegada al gobierno, con la visión del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y tranquilidad al pueblo dominicano, por lo que decidimos sacar de las calles las armas ilegales que tanto luto y dolor han llevado al seno de la familias dominicanas, como muestra de esfuerzo, hemos recuperado en lo que va de año, un total de 3,765 armas, que tienen diferente situaciones de irregularidad, o ilegalidad”, afirmó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
La mayoría de esas armas que están supuestas a ser destruidas destacan por el nivel de deterioro y óxido que presentan.
Abinader y el Ministro de Interior y Policía destruyeron las primeras tres armas, mientras que un grupo de oficiales continuó destruyendo las demás.
Contrario a otras actividades, el presidente de la República no hizo uso de la palabra y tampoco dio declaraciones a los medios de comunicación.
Durante el evento realizado en presencia del procurador general adjunto Andrés Chalas, en representación de la procuradora Miriam Germán Brito; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y representantes de los organismos internacionales, el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, señaló que esa cantidad de armas al ser recibidas de manera voluntaria o por parte del Ministerio Púbico, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, se pudo determinar que no tenían ningún registro.
Indicó que en este proceso se contó por primera vez en la historia de la República Dominicana con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual inició con la capacitación y certificación de personal del Ministerio de Interior y Policía, del Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, para acreditarlo en esta modalidad de destrucción de armas.
Vásquez dijo que el trabajo realizado supera con creces lo ocurrido en los años 2018, donde se recuperaron 853, en 2019; 1,668 y en 2020, 791, lo que significa que la sumatoria de esos tres años ascienden a un total de 3, 332.
Monumento a la paz
Las autoridades anunciaron que con los restos de estas armas destruidas se levantará un “Monumento a la paz y la concordia”, para cuya propuesta de diseño y construcción convocará a un concurso público para estudiantes de artes plásticas y escultores de todo el país para que sean ellos quienes creen el símbolo que nos identificará como “País Seguro”, lleno de paz y prosperidad para el futuro de la Republica Dominicana.
Además, explicó que el concurso público se hará a través del sistema de Naciones Unidas y su iniciativa Arte 2030.
Durante la ceremonia, el ministro realizó la entrega simbólica de los certificados de capacitación de la OEA en destrucción de armas y municiones al representante de la Procuraduría General de la República, magistrado Chalas y al ministro de Defensa, Díaz Morfa.
Entre los presentes en la actividad estuvieron los embajadores de Argentina, Nora Elizabeth Capello; Clemente de Lima Baena Soares, de Brasil, y Christine Laberge de Canadá, así como el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, y el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.