Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Nacionales
Restos de armas destruidas serán usados para creación de monumento.
Santo Domingo, R.D.-Las primeras 803 armas de fuego de las 1,751 que han sido recolectadas en los dos meses de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ¨¨Mi País Seguro¨¨, fueron destruidas en un proceso que se inició este viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.Este primer grupo de armas fueron depuradas y los análisis determinaron que no tienen ningún tipo de antecedentes penales mientras que las demás aún se encuentran dentro de ese proceso.
“Desde nuestra llegada al gobierno, con la visión del señor presidente Luis Abinader, hemos puesto nuestro mayor empeño en devolverle la paz y tranquilidad al pueblo dominicano, por lo que decidimos sacar de las calles las armas ilegales que tanto luto y dolor han llevado al seno de la familias dominicanas, como muestra de esfuerzo, hemos recuperado en lo que va de año, un total de 3,765 armas, que tienen diferente situaciones de irregularidad, o ilegalidad”, afirmó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.
La mayoría de esas armas que están supuestas a ser destruidas destacan por el nivel de deterioro y óxido que presentan.
Abinader y el Ministro de Interior y Policía destruyeron las primeras tres armas, mientras que un grupo de oficiales continuó destruyendo las demás.
Contrario a otras actividades, el presidente de la República no hizo uso de la palabra y tampoco dio declaraciones a los medios de comunicación.
Durante el evento realizado en presencia del procurador general adjunto Andrés Chalas, en representación de la procuradora Miriam Germán Brito; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y representantes de los organismos internacionales, el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, señaló que esa cantidad de armas al ser recibidas de manera voluntaria o por parte del Ministerio Púbico, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, se pudo determinar que no tenían ningún registro.
Indicó que en este proceso se contó por primera vez en la historia de la República Dominicana con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual inició con la capacitación y certificación de personal del Ministerio de Interior y Policía, del Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, para acreditarlo en esta modalidad de destrucción de armas.
Vásquez dijo que el trabajo realizado supera con creces lo ocurrido en los años 2018, donde se recuperaron 853, en 2019; 1,668 y en 2020, 791, lo que significa que la sumatoria de esos tres años ascienden a un total de 3, 332.
Monumento a la paz
Las autoridades anunciaron que con los restos de estas armas destruidas se levantará un “Monumento a la paz y la concordia”, para cuya propuesta de diseño y construcción convocará a un concurso público para estudiantes de artes plásticas y escultores de todo el país para que sean ellos quienes creen el símbolo que nos identificará como “País Seguro”, lleno de paz y prosperidad para el futuro de la Republica Dominicana.
Además, explicó que el concurso público se hará a través del sistema de Naciones Unidas y su iniciativa Arte 2030.
Durante la ceremonia, el ministro realizó la entrega simbólica de los certificados de capacitación de la OEA en destrucción de armas y municiones al representante de la Procuraduría General de la República, magistrado Chalas y al ministro de Defensa, Díaz Morfa.
Entre los presentes en la actividad estuvieron los embajadores de Argentina, Nora Elizabeth Capello; Clemente de Lima Baena Soares, de Brasil, y Christine Laberge de Canadá, así como el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, y el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.