Santiago de Chile, Chile.-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5.2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6.8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer hoy.Economía
Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia
Santiago de Chile, Chile.-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5.2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6.8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer hoy.El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.
Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2.9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.
El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.
Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260,000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8.4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13.6%, mientras que en la Unión Europea es de 34.9% y en América del Norte 46.3%.
En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12.5% y la de pobreza el 33.7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49.4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2.9% del índice de Gini).
Inseguridad alimentaria
En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40.4% de la población en 2020, 6.5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.
El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por US$10,000 millones (0.26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49.4% de la población alcanzada en 2020).
La CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.
En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).
Deudas
Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.
“A la luz de todos estos desafíos, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena. Indicó que se necesita un foro multilateral para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda, una agencia multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no concesional, la implementación de instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y bonos SDG, la capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, acceso a mecanismos multilaterales para la aplicación de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema de cooperación para lograr una medición multidimensional más allá del PIB per cápita.
En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.
“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Referencia geográfica
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.