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Positividad podría traducirse en alta letalidad que derivaría en daños social y político de consecuencias imprevisibles.
Por Elba García
La pandemia de la Covid-19 ha tenido una repercusión con daños cuantiosos a la salud física y mental de la población y de la economía, pero que ahora amenaza con convertirse en un problema político con consecuencias devastadoras para el Gobierno de turno.
En la medida en que la visión no sea lo suficientemente previsora y eficiente por parte de las autoridades nacionales, la pandemia camina a destruir no sólo la economía y la salud física, sino también el estado anímico de la gente, así como proyectar una incapacidad del Gobierno, que aunque se trata de un problema estructural, la población lo atribuya a una ineficiencia oficial que tiene que ver con la inexistencia de un sistema sanitario dotado de las herramientas y los recursos para contrarrestar la enfermedad.
En los últimos días parece habérsele ido de las manos a las autoridades los controles sanitarios recomendados por los organismos internacionales para contener el aumento del contagio del Covid-19, el cual depende fundamentalmente de las políticas públicas implementadas para detener la propagación del virus.
Este descontrol oficial, principalmente en lo referente a su deficiente política comunicacional, ha provocado que la población no esté lo suficiente y oficialmente informada de los alcances que ya tiene el virus en la República Dominicana, cuya proyección siempre será a partir de los niveles de positividad y letalidad que tiene en el país.
Sin embargo, lo que ha causado mayor preocupación en algunos sectores de la vida nacional es lo que parece ser el interés del Gobierno de no ser lo suficientemente transparente en lo que respecta al punto en que se encuentra el avance de la enfermedad a propósito de los rebrotes que se han producido en otros lugares del mundo.
Algunos expertos han coincidido en que el Gobierno ha sido muy flexible con la imposición de medidas más severas para impedir el aumento del contagio, lo cual disparó la positividad aunque no el nivel de letalidad, pero que de ocurrir este último fenómeno podría iniciarse la consolidación de la creencia en la gente de que las autoridades no cuentan con la capacidad suficiente para enfrentar el patógeno.
El virus, que ya ha enfermado a más 80 millones de personas en el mundo, amenaza con expandirse, máxime en el país que no hay una política rígida para combatir el Covid-19, mientras eso ocurre hay quienes apuestan a la eficiencia de las diferentes vacunas que se han creado hasta el momento, pero que en lo que tiene que ver con el país las mismas no estarán presentes en el territorio nacional hasta por lo menos mediado de año a partir de cuando se desarrollará una logística para su distribución y postura.
Ante la situación presentada por la flexibilidad del Gobierno, el Gabinete de Salud ha dispuesto que el toque de queda se inicie precisamente a las siete de la noche como estaba antes y que a partir del primero de enero, que será este viernes, el mismo arrancará a las cinco de la tarde y los fines de semana desde las 12 del mediodía hasta las cinco de la mañana.
Todo ello implica que las autoridades comienzan a responder a una realidad cuyos resultados no sólo terminarían con cuantiosos daños económicos y con la salud en general de la población, sino también con un impacto político que pondría al gobierno como el responsable de la secuela de males provocados por la pandemia.
La clave del curso, no sólo de los alcances del Covid-19, sino también de los tropiezos en la economía, va a depender de que tan bien las autoridades manejen una política comunicacional que se apoye en la verdad y en las reales medidas que se aplican para que la gente no sólo se sienta orgullosa de la gestión oficial, sino además confiada de que el país saldrá a buen camino ante una ola de muerte que abarca todo el planeta.
El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de que la pandemia no se convierta en una crisis de autoridad y política, sobre todo por los altos niveles de manipulación que siempre provienen de la oposición que regularmente está mas interesada en el fracaso del Gobierno que en su éxito frente a una enfermedad que es como un fantasma que nadie sabe por dónde viene su próximo ataque.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.