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Opinión

Creer o no creer, ese es el problema

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Por Hamlet Hermann

Creer es aceptar como verdadero algo que no proviene de nuestra decisión, sino que alguien, en quien confiamos, lo asegura. Esa capacidad de creer es lo que se llama credibilidad, un juicio de valor que se acepta sin que el emisor tenga que demostrarlo.

Asumimos que la credibilidad está íntimamente asociada a la verdad, de ahí que, en la medida en que alguien mienta y sea evidenciado, esa valoración disminuiría hasta desaparecer. Ahora bien, la credibilidad es una calle de dos vías. Si uno cree en el otro, aquél debe creer en este. Esta debe ser una relación en la que la confianza sea mutua.

Consideremos las recientes declaraciones del presidente Danilo Medina. Sutilmente ha buscado la forma de distanciarse del discurso de Leonel Fernández. Los ciudadanos independientes que no respondemos a los planes corporativos de estos gobernantes tenemos dos opciones: creemos o no creemos en sus planteamientos.

Confieso que yo quisiera creerle al presidente Medina, pero hay varias situaciones anteriores que lo ponen difícil. Primero está lo de un gabinete ministerial formado, en su mayoría, por los mismos personajes que crearon un desorden institucional y una enorme corrupción inocultable. La falta de credibilidad en éstos es evidente. Todas las obligaciones éticas a las que el presidente Medina ahora los quiere ceñir han estado vigentes desde muchos años atrás en la Constitución y las leyes. Nada hay de nuevo en el formulario que Danilo los hizo firmar. Aún así, el Presidente se empecina en arar el porvenir con viejos y desacreditados bueyes, violadores de la legislación dominicana, mientras pide que creamos que le interesa mejorar la administración del Estado. No hay que olvidar que el actual Mandatario fue el personaje más influyente, segundo solo de Leonel Fernández, y debió estar mínimamente enterado de los manejos extracurriculares que allí se producían. Eso no puede negarlo.

Repito: la credibilidad es una calle de dos vías y siempre debe tender hacia un punto de equilibrio. Si el presidente Medina pide a la ciudadanía que crea en sus promesas de gobierno, él debe reciprocar poniendo oídos en las permanentes denuncias que se han hecho en torno a los funcionarios que él decidió mantener en su gobierno que ahora empieza. No puede buscar lo mejor sin desarticular lo peor.

¿Por qué Danilo ha tenido oídos sordos cuando, con pruebas contundentes, hemos hecho denuncias de corrupción de muchos de sus funcionarios actuales? ¿Por qué los que no formamos parte del gobierno no gozamos de credibilidad a pesar de haber hecho las denuncias con documentos preparados por instituciones oficiales?

¿Por qué ni siquiera hizo caso de la encuesta realizada por el “think tank” presidencial, Funglode, que en época temprana del gobierno de Fernández comprobó que el 56% de los dominicanos estaba convencido de la participación de los funcionarios en actos de corrupción? Esa encuesta incluía a uno de sus Ministros quien rehúsa pagar a la Corporación eléctrica estatal la energía consumida.

¿Por qué nunca reaccionó a nuestras denuncias comprobadas del aprovechamiento de la construcción del tren subterráneo de Santo Domingo como alcancía electoral y fuente principal de enriquecimiento de los principales gestores de esa locura? Su sordera ha persistido en torno a la aberración que han llamado Corredor Duarte y los turbios y evidentes manejos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Desafortunadamente, el presidente Medina no ha mencionado todavía lo que planea hacer en construcción y transporte, cuestionados como los que más entre las fuentes de corrupción.

El gobierno que ahora empieza debía tratar de ganar alguna credibilidad aceptando, y no encubriendo, las deficiencias de sus antecesores. El estado de negación total ante el evidente desastre financiero del país no deja margen para olvidos. Debían estar de acuerdo con el cumplimiento de las leyes. De todas las leyes, no solo las que convengan a los funcionarios.

Si el Presidente de la República quiere que creamos sus promesas debe presentar pruebas. Igual que cuando hemos hecho denuncias de corrupción ellos nos exigen pruebas que las avalen. La credibilidad es una calle de dos vías. Si no está dispuesto a hacernos caso, concluiremos que lo suyo no es más que otro borrón y cuenta nueva.

Artículo de opinión publicado originalmente en el periódico HOY

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Opinión

La irracionalidad del PRM.

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Por José Cabral

No bien concluidas las elecciones presidenciales y congresuales el presidente Luis Abinader convocó a los aspirantes a la jefatura del Estado en los comicios del 2028, lo que resulta una insensatez, una falta de visión y además una falta de respeto hacia el ciudadano.

Ello así, porque en el país hay bastantes precedentes de que este tipo de proselitismo a destiempo representa una vía para que el que ocupa una posición en el Gobierno no cumpla con su responsabilidad, pero que además busque acumular fortuna del dinero público para satisfacer las exigencias de aspirar a semejante posición.

Lo lamentable de esto es que sea el propio presidente de la República quien estimule este tipo de campaña a destiempo, lo que representa una falta de prudencia y de respeto hacia el votante y hacia toda la sociedad.

El encuentro convocado al respecto tiene otras aristas que deben analizarse a partir de los posibles aspirantes presidenciales para el 2028 por el PRM, entre las que se encuentran el nivel de cualquierización de los que se consideran con condiciones para ocupar la jefatura del Estado.

Gente que por lo único que debe aspirar a la presidencia de la República es por su condición de ciudadano, no porque tenga algún mérito y mucho menos formación para ese propósito.

Naturalmente, la crisis de valores que impacta la ciudadana dominicana permite que cualquier pelafustán se crea que puede ser presidente de la República.

Nadie puede poner en duda que estas aspiraciones a destiempo y estimulada por quien ocupa la Presidencia de la República, es un motivo más que suficiente para que también comiencen las confrontaciones y las calificaciones y descalificaciones entre unos y otros.

Lo que pasa es que en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y en los demás partidos del sistema, incluso de la llamada izquierda nacional, se ha perdido la perspectiva y colocan a cualquier pelafustán en el cargo que sea de la administración pública, electivo o no electivo.

 Otro ejemplo de insensatez es lo que dicen muchos supuestos comunicadores de que por el hecho de que el hijo de Leonel Fernández, Omar, se enbotellara algunas cosas en el debate frente a Guillermo Moreno, ya es considerado presidenciable.

Pero el asunto no termina ahí, sino que hay una gran cantidad de sujetos que no bien ocupan cualquier cargo en la administración pública y salen ricos de esas posiciones se autocalifican como líderes y presidenciables, cuyos ejemplos para actuar de ese modo están ahí a la vista de todos, como son Julio Cesar Valentín y Abel Martínez, entre muchos otros.

No hay forma de que el PRM abandone la irracionalidad y falta de planificación estratégica que le ha caracterizado, ya que no se trata de algo que ocurre porque sí, sino porque para encontrar la explicación correcta habría que recurrir a la famosa expresión de que no se le puede pedir peras al olmo.

Así de sencillo.

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Opinión

La Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 123 del Estatuto de Roma dispone que siete años después de la entrada en vigor del Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará a una Conferencia de Revisión. Posteriormente a la Conferencia, la Asamblea considerará aquellas enmiendas propuestas por los Estados Partes, de conformidad  con el artículo 121 La Asamblea de los Estados Partes y el Secretario General de las Naciones Unidas podrán convocar a conferencias  de revisión posteriores cuando lo consideren necesario.

El Acta Final de la Conferencia de Roma recomienda que se considere  incorporar  los crímenes de terrorismo  y tráfico internacional de drogas ilegales a la lista de crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional. Adicionalmente la definición y asuntos jurisdiccionales referentes al crimen de agresión serán discutidos en la Conferencia de Revisión.

En términos generales, el derecho  a enmendar el Estatuto, las Reglas de Procedimientos y Prueba y los Elementos de los Crímenes  es uno de los derechos más importantes de aquellos Estados que ratifiquen o se adhieran al Estatuto de Roma .

Debido a que las reformas podrían cambiar la relación de los Estados con la CPI establecida en el Estatuto, los Estados Partes tienen derechos especiales y deberán seguir los procedimientos específicos  para la propuesta de enmiendas, así como para su adopción en una reunión de la Asamblea de Estados Partes  , y para su efectividad.

Lo anterior significa, que los Estados Partes pueden querer implementar los procedimientos  relevantes con el fin de agilizar el ejercicio de estos derechos.

Normalmente, solamente después de transcurridos  siete años desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma se podrán proponer enmiendas al mismo, según el artículo 121.

Adicionalmente, solo podrá ser propuesta  por un Estado Parte, deberá ser presentada  al Secretario General de las Naciones Unidas, quien la deberá distribuir a los Estados Partes, sólo podrá discutirse pasados tres meses desde la fecha de la notificación al Secretario General y no podrá considerarse su adopción  si una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la próxima  sesión de la Asamblea de los Estados Partes así lo decida.

Si la mayoría requerida decide examinarla  ,  podrá ser decidida directamente por la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.

La adopción de una enmienda en el Estatuto requiere de una aprobación de una mayoría de dos terceras partes de los Estados Partes, según el artículo 121 del Estatuto de Roma.

Cabe destacar que el artículo 121 del Estatuto de Roma enfatiza  que las medidas se tomen de manera consensual, tal y como lo dispone  el artículo 112, y dispone una mayoría de dos terceras partes de todos los miembros sólo cuando el consenso no sea posible.

El paso a seguir para enmendar el Estatuto de Roma es el proceso de ratificación o aceptación señalado en el párrafo  4 del artículo 121, que prevé la aprobación de siete octavos  de los Estados Partes. Estas enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados en este momento.

Sin embargo , como se mencionó anteriormente, las enmiendas pueden afectar de manera importante la relación del Estado Parte con la  CPI, por lo cual cualquier Estado Parte que no esté de acuerdo con una enmienda de este tipo tiene el derecho  a renunciar al Estatuto con efecto inmediato.

[email protected]

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Opinión

Mi pueblo perece por falta de conocimiento…

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Por Isaías Ramos

Desde 1996, nuestro país ha estado bajo el liderazgo de hombres carentes de amor a la patria y de temor a Dios. Este liderazgo ha marcado un camino peligroso para nuestro futuro. En dos años, completaremos 30 años de una gobernanza que ha dejado cicatrices de deterioro político, económico y social sin precedentes. La acumulación de hambre y sed de justicia tensa las cuerdas del orden y la paz como nunca antes. Parece que nuestros gobernantes se hacen los desentendidos; insisten, persisten y profundizan la deuda social, excluyendo de sus planes los derechos económicos y sociales no resueltos y, a través de sus acciones, incluso violan los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución.

Es alarmante escuchar al Presidente de la República hablar de su deseo de dejar un “legado” que imponga un candado a la constitución para asegurar el “nunca jamás”, y además pretender convertir el Ministerio Público en un “organismo independiente”. Parece que el presidente desconoce o subestima la constitución que juró cumplir y hacer cumplir. Aunque no es perfecta, nuestra constitución es moderna y, si se implementara correctamente por un verdadero estadista, traería gran bienestar a la nación dominicana. El artículo 124 es explícito en su último párrafo: “El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”. ¿Qué necesidad hay de modificar esto? La respuesta es clara.

Es positivo que el Presidente quiera dejar un Ministerio Público independiente; sin embargo, esto no requiere una modificación constitucional, ya que el artículo 170 establece claramente: “El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria”. ¿Qué más es necesario?

En el Frente Cívico y Social creemos que si el Presidente realmente busca lo mejor para el pueblo, debería demostrarlo con acciones concretas que separen la justicia del poder político. Podría comenzar modificando la ley 133-11 en su artículo 28, sobre la designación: “El Procurador General de la República será designado por el Presidente de la República”. Eliminando al presidente de esta ecuación y dejando la responsabilidad a “académicos y técnicos nacionales e internacionales”, aseguraríamos que el poder político no influya en las decisiones del Ministerio Público. Una acción similar podría aplicarse al artículo 178 de la constitución, con respecto a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, para que también incluya académicos y técnicos de moral prestigiosa y conocimientos sólidos.

Desde el Frente Cívico y Social elevamos un clamor ardiente a cada corazón dominicano, en este momento crítico de evidentes retrocesos en nuestra democracia. La historia nos convoca a estar más vigilantes que nunca ante las maniobras oscuras detrás de las reformas propuestas. Estas no son más que meros parches que, lejos de sanar, solo perpetúan el sufrimiento de nuestro pueblo y lo conducen hacia un abismo del que quizás nunca podamos resurgir. Las lecciones de nuestros países vecinos deben despertarnos a la triste realidad que nos espera si ignoramos los signos de alarma. Este es un llamado a la unidad, a la defensa férrea de nuestra soberanía y a la preservación de nuestra dignidad nacional. Juntos, con firmeza y decisión, podemos rechazar estas reformas superficialmente atractivas pero fundamentalmente destructivas. ¡Levantemos la voz, actuemos con valor y devolvamos la esperanza a nuestra amada República Dominicana! ¡Despierta, RD!

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