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CREES: “Impuesto para financiamiento del Sistema 911 es otro parche fiscal”
Economista Pavel Isa lo considera una salida apresurada
SANTO DOMINGO. Los economistas Ernesto Selman y Pavel Isa consideraron ayer que de aplicarse el nuevo impuesto a las telecomunicaciones para financiar el Sistema de Atención de Emergencias 9-1-1 afectaría a la economía dominicana y constituye una solución cortoplacista.
Antes de ser aprobado, este impuesto a las telecomunicaciones, mientras era conocido en el Congreso Nacional, fue rechazado tanto por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), las telefónicas y varios gremios, incluyendo la cúpula del sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Selman, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), manifestó que la razón por lo cual se está buscando fuentes de ingresos de recaudaciones nuevas es porque ya hay un gasto público alto y cualquier gasto adicional se está buscando financiar con una creatividad fiscalista.
“Esto termina convirtiéndose en otro parche fiscal, introduciendo una figura impositiva, no sólo penalizando a los consumidores y a las empresas de República Dominicana, sino también penalizando a empresas fuera del país”, indicó el economista.
Expresó que este impuesto viola algunas reglas del comercio de bienes y servicios a nivel internacional, en los Estados Unidos por el acuerdo de libre comercio (DR-Cafta) y en Europa por el acuerdo de Asociación Económica (EPA).
En tanto que Isa, economista catedrático del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), dijo que es importante mantener financiado adecuadamente el Sistema Nacional de Emergencias, y consideró que es un punto que se ha ganado la administración del presidente Danilo Medina.
Sin embargo, entiende que se trata de una medida apresurada a una restricción financiera que debió haber sido prevista, y consideró difícil que ese impuesto no genere algún costo para la economía dominicana. “La idea de que otros lo van a pagar me parece problemática. Yo creo que de alguna manera la economía lo va a pagar y lo van a pagar dominicanos y dominicanas residentes en el exterior que llaman a sus familiares en el país, o que hacen negocios con República Dominicana, y al final eso va a terminar afectando si bien sea de forma limitada al país”, expresó.
Además, explicó, el mismo está gravando un bien que está en declive. “Es decir, las llamadas de voz o la mensajería (los minimensajes) están declinando, porque todo se está yendo hacia IP, hacia voz y datos sobre IP, que es sobre internet, entonces tú estás gravando un servicio que está de retirada a largo plazo”.
En varias ocasiones, funcionarios como José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Magín Díaz, han dicho que no se tiene en los planes del momento crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Sin embargo, la tasa de US$0.02 que se cobraría por las llamadas internacionales entrantes es vista como un impuesto que constituye otro parche fiscal.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.