El caso complejo que ha retado la capacidad investigativa de los agentes policiales fue el asesinato de Yuniol Ramírez, ocurrido el 12 de este mes.
Santo Domingo.- En los 54 días que el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte tiene siendo director de la Policía Nacional han sucedido al menos nueve hechos que han retado su capacidad investigativa y la de los hombres y mujeres que componen su equipo para combatir los delitos en el país.
Los principales casos que han estremecido a toda una sociedad y retado la capacidad de la Policía para resolver los crímenes son el de la adolescente Emely Peguero, el cual ya estaba en curso cuando Bautista Almonte tomó la dirección del cuerpo del orden, así como la captura de los responsables del asesinato de Eddy Peña.
También el asesinato de dos personas en San Luis, la muerte de la adolescente Kimberly Adón, cuyo caso la Policía refirió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet); el asesinato de dos agentes policiales, la búsqueda de Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, el rapto de una niña de un hospital y el asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.
Inmediatamente el mayor general Bautista Almonte asumió la dirección de la Policía Nacional, tuvo que enfrentarse a un caso que estremeció todo el país y que la prensa internacional también se hizo eco: el doble asesinato de la adolescente Emely Peguero y la criatura que llevaba en su vientre.
Bautista fue designado director de la Policía el 30 de agosto de este año, mediante el Decreto 320-17.
Emely fue reportada desaparecida el 23 de agosto de este año y su cuerpo sin vida fue hallado por las autoridades judiciales en estado de descomposición y degollada en un saco dentro de una maleta el 31 de agosto.
Por la muerte de la adolescente fue apresado el novio de la menor, Marlon Martínez, la madre del mismo, Marlin Martínez, y otras personas que ayudaron a esconder el cadáver.
Otro caso de muerte de una adolescente es el de Dioskairy Gómez, de 18 años. Su cuerpo fue encontrado el 30 de agosto en llamas en Sierra Prieta, municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Su padrastro está preso por esa muerte.
El asesinato de Eddy Peña ocurrió el 24 de julio de este año, y a quien se vinculó a su muerte desde el principio fue a un exempleado del padre de Eddy que tenía una orden de arresto por dos robos que había cometido.
El 6 de este mes agentes policiales apresaron en Higüey a Juan Carlos Zapata, alias “Kiko 7”, acusado de asesinar a Peña.
La muerte de Kimberly Adón fue otra de las muertes que estremecieron al país. Por el caso ser un accidente de tránsito, fue referido a la Amet.
Al joven que conducía el vehículo donde murió la adolescente le dictaron tres meses de prisión preventiva en La Victoria, pero fue liberado al determinarse que fue un accidente de tránsito.
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.
