El caso complejo que ha retado la capacidad investigativa de los agentes policiales fue el asesinato de Yuniol Ramírez, ocurrido el 12 de este mes.
Santo Domingo.- En los 54 días que el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte tiene siendo director de la Policía Nacional han sucedido al menos nueve hechos que han retado su capacidad investigativa y la de los hombres y mujeres que componen su equipo para combatir los delitos en el país.
Los principales casos que han estremecido a toda una sociedad y retado la capacidad de la Policía para resolver los crímenes son el de la adolescente Emely Peguero, el cual ya estaba en curso cuando Bautista Almonte tomó la dirección del cuerpo del orden, así como la captura de los responsables del asesinato de Eddy Peña.
También el asesinato de dos personas en San Luis, la muerte de la adolescente Kimberly Adón, cuyo caso la Policía refirió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet); el asesinato de dos agentes policiales, la búsqueda de Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”, el rapto de una niña de un hospital y el asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez.
Inmediatamente el mayor general Bautista Almonte asumió la dirección de la Policía Nacional, tuvo que enfrentarse a un caso que estremeció todo el país y que la prensa internacional también se hizo eco: el doble asesinato de la adolescente Emely Peguero y la criatura que llevaba en su vientre.
Bautista fue designado director de la Policía el 30 de agosto de este año, mediante el Decreto 320-17.
Emely fue reportada desaparecida el 23 de agosto de este año y su cuerpo sin vida fue hallado por las autoridades judiciales en estado de descomposición y degollada en un saco dentro de una maleta el 31 de agosto.
Por la muerte de la adolescente fue apresado el novio de la menor, Marlon Martínez, la madre del mismo, Marlin Martínez, y otras personas que ayudaron a esconder el cadáver.
Otro caso de muerte de una adolescente es el de Dioskairy Gómez, de 18 años. Su cuerpo fue encontrado el 30 de agosto en llamas en Sierra Prieta, municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Su padrastro está preso por esa muerte.
El asesinato de Eddy Peña ocurrió el 24 de julio de este año, y a quien se vinculó a su muerte desde el principio fue a un exempleado del padre de Eddy que tenía una orden de arresto por dos robos que había cometido.
El 6 de este mes agentes policiales apresaron en Higüey a Juan Carlos Zapata, alias “Kiko 7”, acusado de asesinar a Peña.
La muerte de Kimberly Adón fue otra de las muertes que estremecieron al país. Por el caso ser un accidente de tránsito, fue referido a la Amet.
Al joven que conducía el vehículo donde murió la adolescente le dictaron tres meses de prisión preventiva en La Victoria, pero fue liberado al determinarse que fue un accidente de tránsito.
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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno anunció este jueves un conjunto de medidas para contener el gasto público y disponer de 40,000 millones de pesos con el fin de mitigar el impacto de la crisis global en el país.
Las disposiciones fueron dadas a conocer esta noche por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al finalizar el quincuagésimo Consejo de Gobierno, en el Palacio Nacional, que en esta ocasión tuvo como finalidad dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto en la economía global.
«En el día de hoy se han tomado una serie de decisiones en materia de contención y eficientización del gasto para llegar a tener una disponibilidad de alrededor de los 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales», expresó.
1- Reducción de gastos operativos
2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria
3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores
4- Racionalización de servicios y contrataciones
5- Limitación de eventos a costos mínimos
6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes
7- Racionalización de combustible
8- Racionalización de publicidad
9- Reducción del 50 % del presupuesto a los partidos políticos
10- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas medidas responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis global, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Santo Domingo, R.D.-El fraude al Seguro Nacional de Senasa se habría ejecutado a través de redes criminales, una de ellas presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se le conocerá coerción este viernes, y otra, cuyos detalles de la investigación -según Wilson Camacho- no puede revelar.
El titular de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra la tercera estructura, no puede revelar informaciones que puedan afectar las indagatorias.
«Les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Senasa«, reveló Camacho al salir de la audiencia en la que se le ratificó la prisión al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim y a otros seis imputados por el fraude.
Camacho sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra una de estructura no puede adelantar sus detalles.
Consideró que la ratificación de la prisión preventiva a Hazim y a los otros seis a quienes se les dictó esa medida, el juez Deiby Timoteo lo hizo por «razones muy obvias».
«Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de los imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son muy obvias», indicó.
Entre los que dijeron tener problemas de salud, figuran el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y la contratista Ada Ledesma.
El juez argumentó que el ataque cardiovascular que dijo sufrió Robles Quiñones, según los documentos presentados, fue en el 2023.
Sobre los demás presupuestos de otros acusados, el magistrado Peguero sostuvo que fueron «insuficientes» para cambiarles la prisión por otra coerción.
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
