Nacionales
Director de la Policía Nacional insiste en que la criminalidad se ha reducido 70 % en Cristo Rey.
SANTO DOMINGO.- El mayor general Edward Sánchez, director de la Policía Nacional, declaró que tras la implementación del plan piloto “Mi País Seguro”, la criminalidad se ha reducido en casi un 70 % en el sector de Cristo Rey.
Al hacer un balance sobre el resultado del programa piloto, indicó que en los últimos tres meses solo ha registrado un hecho de muerte violenta y su autor está sometido a la justicia.
Sostuvo que los heridos de balas se han reducido a su mínima expresión y los robos también disminuido en casi un 70 %. “Así lo percibe la población, lo expresan y se sienten bastante seguros”, indicó.
El director de la Policía también valoró las iniciativas que desde el Gobierno central se le están dando a la institución del orden, asegurando que en solo un año la uniformada ha logrado importantes avances.
Indicó que la entidad que dirige no descansa en el fiel cumplimiento de “mantener un país seguro”, como lo quiere el presidente de la República Luis Abinader.
“Ya ustedes han visto iniciativas de fortalecimiento a la carrera policial, dignificación, equipamiento, en un año tantas iniciativas justamente para fortalecer la labor policial. Históricamente una voluntad tan decidida no la habíamos percibido como institución”, indicó.
Expuso que la Policía continuará en su firme y empeñada labor frente a la sociedad, para cumplir con el deber ciudadano.
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que Las intensas lluvias que afectan el país han dejado en las últimas 24 horas 23 comunidades incomunicadas y 880 personas desplazadas.
El organismo también reporta tres viviendas destruidas, 59 afectadas parcialmente y 176 con daños, como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.
El COE detalla que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares como medida de prevención ante el avance de las lluvias.
Tal es el caso de la provincia de Elías Piña, donde se registró un deslizamiento de tierra, que afectó parcialmente dos viviendas, lo que obligó al desplazamiento de unas diez personas hacia casas de familiares y amigos.En Sánchez Ramírez, las condiciones climáticas provocaron la caída de cinco postes del tendido eléctrico en el distrito municipal de Angelina, específicamente en el sector Barrio Lindo.
Asimismo, en Cotuí, varios árboles cayeron sobre la carretera Cotuí-Platanal debido a los fuertes vientos, lo que obligó a brigadas a realizar labores de despeje, mientras en el sector Vista del Valle también reportó afectaciones.
El desbordamiento del río Majagual ha dejado incomunicadas a las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, en la provincia de La Vega, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, se registraron inundaciones urbanas en los sectores Cumajón y Guayo.
En San Juan, las lluvias provocaron anegaciones en la comunidad de Pedro Corto, aunque sin daños a viviendas, así como en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Samaná, donde el desbordamiento del río El Limón destruyó una vivienda y anegó otra, causando la pérdida de ajuares. Las familias afectadas fueron trasladadas a casas de allegados.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran fuera de servicio debido a las lluvias, afectando a unos 86,500 usuarios en distintas localidades.
Ante este panorama, el COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Nacionales
Gente que no entiende por qué no se ha convocado al CNM para evaluar jueces de la Suprema.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader fue emplazado por la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar «de manera inmediata» a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.
El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.
Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
«Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia«, advirtió la entidad.
En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.
La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano, segun Luis Abinader, trabaja diariamente para estabilizar precios en los principales productos de la canasta basica familiar, en medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas.
Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.
El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.
“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.
República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.
Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.
“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.