Opinión
Crisis de la salubridad pública
En días recientes pudimos leer en el diario HOY el crítico diagnóstico de los decanos de ciencias médicas de siete de las principales universidades nacionales sobre el sistema de salubridad nacional, gracias al trabajo siempre tesonero de la excelente reportera Altagracia Ortiz, como también hemos recibido los minuciosos informes de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) que reclaman rescatar del colapso los servicios hospitalarios.
Pero los diagnósticos académicos y los informes quedan sociales superados por los testimonios presentados en Uno+Uno de Teleantillas este martes por los principales dirigentes de la Asociación Nacional de Enfermería, que por momentos parecían tan increíbles que remitían al macondismo de los Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Al escuchar a Francisca Peguero, Andrea Ferreras y Enmanuel Martínez Guerra hay que preguntar si lo que cuentan es cierto en el país de mayor crecimiento económico de la región durante ya muchos años.
Grandes, medianos y pequeños hospitales, que carecen de agua corriente y a menudo pasan toda la noche sin electricidad, con proporciones de 20 y hasta 50 pacientes por turno de enfermeras, y varios por camas, donde a veces tienen que turnarse para acostarse, ausencia de equipos básicos o de personal técnico para operarlos, y remodelaciones simultáneas que se han extendido por hasta siete años, configuran una penosa situación que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades, aunque haya habido excelentes y dedicados profesionales en la gerencia del Ministerio de Salud Pública como del Sistema Nacional de Salud.
Las dirigentes de las enfermeras no hablaban de los hospitales de las poblaciones remotas y marginadas, sino de la capital, Santiago o San Cristóbal. Que la noche del lunes en el hospital San Lorenzo de Los Minas una sola enfermera tuviera que atender a 30 pacientes de pediatría y a 20 internados con síntomas de dengues, y otra cargara con 14 recién nacidos y siete recién operados. Que sólo se disponga de 3 enfermeras por turnos para 62 pacientes del área pediátrica. Que en el Centro de Rehabilitación Sicosocial Padre Billini (antes siquiátrico), una enfermera tenga que atender a 30 pacientes siquiátricos y a 20 con discapacidades. O que en el área de semi-privados del hospital Salvador Gautier sólo se dispone de 2 enfermeras para 36 pacientes.
El déficit de enfermeras es crónico hace muchos años en los hospitales, la tercera parte de los médicos, cuando los organismos internacionales recomiendan al revés 3 enfermeras por médico. Empeoró desde agosto del 2016 cuando 1,800 fueron pensionadas, pero sólo han repuesto 800. En el hospital Moscoso Puello hacen rifas y colectas para pagarles a las enfermeras sustitutas que no acaban de poner en nóminas. Con el agravante de que por sus bajos salarios una alta proporción de las enfermeras tiene al menos dos empleos lo que reduce su rendimiento.
Parece fantasía lo de la multiplicidad de pacientes por camas, o que tengan que alternársela cada ocho horas. O que a una parturienta le hagan cesárea y la dejen por largas horas en una camita provisional, que luego la trasladen en una silla de ruedas y tenga que esperar por horas la cama prometida.
La insuficiencia de camas y la congestión en las consultas se han generalizado desde que al comienzo del actual gobierno, hace ya 7 años, tuvieron la genial planificación de iniciar al mismo tiempo la remodelación de 56 hospitales. En los últimos dos años se ha logrado entregar la mayoría, pero entre los cerca de 20 aún inconclusos se cuentan muchos de los más grandes, incluyendo los regionales, por ejemplo en Santiago el Cabral y Báez y el Arturo Grullón; el Luis Aybar, Padre Billini y el siquiátrico en la capital; el olvidado Nelson Astacio en Santo Domingo Norte; Antonio Musa en San Pedro; Juan Pablo Pina en San Cristóbal; Jaime Mota en Barahona; Alejandro Cabral en San Juan; y San Vicente de Paul en San Francisco.
Apasionados de la modernidad y la mejoría en el privacidad, los reconstructores, han multiplicado las pequeñas habitaciones, pero reduciendo las camas hasta menos de la mitad, como en el hospital de Los Minas, de 550 a 200, o en el Cabral y Báez, que cuando culmine su larga remodelación quedaría con 200 camas, la tercera parte de las que disponía.
Todo eso en un país donde el Estado apenas invierte el 2% del PIB en salubridad pública, menos de a mitad del promedio regional. La mayor inversión, la urgente implementación de la atención primaria, la prioridad de la prevención, la eficiencia del gasto, un plan decenal de salud y reducir las altas tasas de mortalidad materna e infantil, fueron las principales recomendaciones del diagnóstico de los decanos de ciencias de la salud.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.