Análisis Noticiosos
¿Crisis de los alimentos o del sistema?
Por Víctor M. Quintana S.
La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio; por ello —sin ser el tema oficial— se ha convertido en el centro de la agenda del 13º Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que tiene lugar por esta fecha en Lisboa, Portugal.
No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.
Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como:
– ¿Por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta?
– ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario?
– ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua?
– ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles?
– ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?
Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia.
Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático?
Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.
Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios, de conceptos y de prácticas tales como “agricultura verde”, “producción orgánica”, “sustentabilidad” e incluso “comercio justo”.
El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como “comida local” o “comercio local”, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.
Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema.
Dicha crisis tiene tres principales causas: primero, la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades; segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.
La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.
Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la autodeterminación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.
http://www.surysur.net
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).