Análisis Noticiosos
¿Crisis de los alimentos o del sistema?
Por Víctor M. Quintana S.
La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio; por ello —sin ser el tema oficial— se ha convertido en el centro de la agenda del 13º Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que tiene lugar por esta fecha en Lisboa, Portugal.
No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.
Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como:
– ¿Por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta?
– ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario?
– ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua?
– ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles?
– ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?
Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia.
Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático?
Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.
Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios, de conceptos y de prácticas tales como “agricultura verde”, “producción orgánica”, “sustentabilidad” e incluso “comercio justo”.
El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como “comida local” o “comercio local”, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.
Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema.
Dicha crisis tiene tres principales causas: primero, la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades; segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.
La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.
Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la autodeterminación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.
http://www.surysur.net
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.