Análisis Noticiosos
¿Crisis de los alimentos o del sistema?
Por Víctor M. Quintana S.
La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio; por ello —sin ser el tema oficial— se ha convertido en el centro de la agenda del 13º Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que tiene lugar por esta fecha en Lisboa, Portugal.
No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.
Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como:
– ¿Por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta?
– ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario?
– ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua?
– ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles?
– ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?
Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia.
Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático?
Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.
Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios, de conceptos y de prácticas tales como “agricultura verde”, “producción orgánica”, “sustentabilidad” e incluso “comercio justo”.
El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como “comida local” o “comercio local”, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.
Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema.
Dicha crisis tiene tres principales causas: primero, la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades; segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.
La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.
Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la autodeterminación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.
http://www.surysur.net
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.