Análisis Noticiosos
¿Crisis de los alimentos o del sistema?
Por Víctor M. Quintana S.
La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio; por ello —sin ser el tema oficial— se ha convertido en el centro de la agenda del 13º Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que tiene lugar por esta fecha en Lisboa, Portugal.
No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.
Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como:
– ¿Por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta?
– ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario?
– ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua?
– ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles?
– ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?
Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia.
Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático?
Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.
Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios, de conceptos y de prácticas tales como “agricultura verde”, “producción orgánica”, “sustentabilidad” e incluso “comercio justo”.
El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como “comida local” o “comercio local”, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.
Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema.
Dicha crisis tiene tres principales causas: primero, la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades; segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.
La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.
Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la autodeterminación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.
http://www.surysur.net
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Hay 2,7 millones de personas más en la pobreza que antes de la pandemia en Perú.
Lima.-Perú es un país de paradojas: su moneda, el sol, es una de las más estables de Latinoamérica, posee el nivel de las reservas internacionales más alto de la región (29% del Producto Bruto Interno) y, sin embargo, su pobreza monetaria va en aumento. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha confirmado que en 2022 se ha resentido la capacidad de gasto de los hogares peruanos: subió del 25,9% a 27,5% el nivel de gasto per cápita, insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otros productos.
El gasto por habitante en las familias peruanas aumentó de 378 soles a 415 soles por mes (112 dólares), que equivale a un 9,7% en relación al 2021. El estudio estableció que aquellos ciudadanos cuyo consumo es mayor que 415 soles mensuales (112 dólares) son considerados “no pobres”. No obstante, a fines de 2022 por lo menos nueve millones de peruanos (de 34 millones de población) podían ser considerados pobres, registrándose un aumento de 628.000 en comparación al 2021. Son 2.694.000 más respecto al 2019, el año anterior a la pandemia.
El informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 fue elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y tomó como muestra a 36.848 viviendas a nivel nacional. En él se señala que “en el 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5% de la población del país (1.673.000 peruanos) y aumentó un 0.9% respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales”. En el caso de la pobreza extrema, la medición del gasto mensual por habitante en 2022 fue de 226 soles (61 dólares).
Otro aspecto que despierta preocupación entre los analistas es la incidencia de la vulnerabilidad monetaria, es decir, aquellos que están en riesgo de pasar a ser considerados pobres. Se cerró el 2022 con 10.795.000 personas balanceándose en esa cuerda floja, que equivalen al 32.3% de la población. Si bien se registra una disminución de 2,3% respecto al 2021 (34.6%) y un 1,7% en cuanto al 2019 (34%), sigue siendo la tercera parte de los peruanos.
El documento arroja que ligeramente hay más mujeres en condición de pobreza: 27,8% mientras que los varones afectados constituyen el 27,2%. La escasez de recursos también ha golpeado en mayor proporción a los menores de 17 años (36,7%) y solo el 11,2% de las personas en estado de pobreza alcanzaron la educación superior.
Análisis Noticiosos
Con barro hasta las rodillas: ladrilleras argentinas quieren que se formalice su trabajo
Unas 160.000 familias están involucradas en la fabricación artesanal del insumo básico para la construcción. El rol de las mujeres estuvo históricamente invisibilizado en un trabajo exigente y masculinizado
Buenos Aires.-La producción de ladrillos es una actividad tan arraigada como artesanal en todo el territorio argentino. Aunque las estadísticas oficiales son escasas, las últimas de la Secretaría de Minería de la Nación indicaban que unas 160.000 familias se dedican a esta tarea ligada a la construcción y fuertemente influenciada por los ciclos económicos del país. Para entonces, 2011, estos datos no estaban segregados por género, así que es muy difícil saber cuántas trabajan en el sector. Así, la historia de las mujeres ladrilleras estuvo históricamente invisibilizada.
“Al recorrer el país, cuando nos encontrábamos con los trabajadores, ellos decían que hacían las tareas con sus hermanos o sus padres. A los pocos minutos llegaban las mujeres con el barro de los ladrillos hasta las rodillas. Cuando les preguntábamos, ellas decían: ‘Yo ayudo en el horno’. Así fue como comenzamos a juntarnos y charlar para cuantificar y valorar su tarea”, agregó Lemos.
Dos integrantes de la Cooperativa Unión Ladrillera, durante la elaboración artesanal de ladrillos.
Así fue como las mujeres ladrilleras comenzaron a organizarse. En 2016, lograron modificar el estatuto del sindicato para la creación de una Secretaría de Igualdad y Géneros en UOLRA, que tiene presencia en 18 de las 23 provincias del país. Y hace tres años comenzaron con la campaña de visibilización del rol de las mujeres en la actividad ladrillera, con cursos, charlas, conversatorios sobre violencia de género, y otras actividades sociales bajo la siguiente frase: “Trabajo, no ayudo”, con la idea de empoderarse y reconocerse como trabajadoras.
La preparación del ladrillo tiene varias etapas: preparar el barro; cortar y apilar el adobe crudo; armar el horno; quemar y paletizar el ladrillo; desarmar el horno… “Las mujeres estamos involucradas en todos los procesos, aunque la tarea estuvo históricamente masculinizada”, cuenta.
Soledad Casals es una de las mujeres dedicadas a la producción y quinta generación de una familia de ladrilleros. En Santa Elena, un municipio de 17.000 habitantes en la provincia litoraleña de Entre Ríos, fundó la Cooperativa Unión Ladrillera, formada por once mujeres que fabrican ladrillos y otros productos, como adoquines y grillas de césped, que venden al municipio de su ciudad. La formación de la cooperativa les permitió formalizar su trabajo y adquirir derechos, que en el rubro fueron postergados.
“Mi bisabuelo hacía ladrillos con las mismas condiciones y herramientas que usamos hoy. No se tecnificó la actividad y las herramientas que usamos son similares a las de hace 100 años. Eso tiene relación con la poca visibilidad que tiene la actividad. Todo el mundo conoce el ladrillo pero pocos saben cómo se hace de forma artesanal. El ladrillo se fabrica a cielo abierto y depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando llueve no hay actividad porque se perdería la producción”, cuenta Casals.
La formalización del trabajo de las mujeres permitió, en algunos casos, mejorar las condiciones laborales de una actividad que suele desarrollarse en zonas rurales y periféricas. “Con la cooperativa, comenzamos también a producir adoquines, con máquinas y moldes y adentro de un galpón. En ese caso, las condiciones ya son distintas, con la posibilidad de tener un baño cercano; necesitamos mejorarlas en la fabricación de los ladrillos y tener calidad en el ambiente donde producimos. Es un sector postergado porque siempre fue invisibilizado”, consideró.
Una ladrillera de la cooperativa enseña los tabiques que elaboran.
La presencia del sindicato en las provincias posibilitó la organización de las mujeres y el reconocimiento integral como trabajadoras. La creación de parques ladrilleros, el relevamiento oficial de la actividad y la participación y el protagonismo de las mujeres en todo el proceso organizativo son algunos de los grandes desafíos, junto a la cuestión ambiental.
La incorporación de tecnología es fundamental para lograr estos objetivos planeados por Casals. “No es lo mismo quemar en los hornos con leña que hacerlo con gas natural. En este último caso tendríamos ladrillos de mejor calidad y no usaríamos leñas de los bosques nativos aminorando el impacto ambiental. También necesitamos estudios de suelo para poder tener una cava. Nuestra actividad es minera y con investigación podemos saber de dónde sacar la tierra”, dice Casals. Sin un registro certero de familiares que se dedican a la actividad y hornos en actividad, tampoco hay normativas claras sobre el impacto ambiental de una actividad artesanal. “La minería se piensa en este país bajo el parámetro de la megaminería”.
Entre sus etapas, la actividad ladrillera comprende la extracción de suelo; por esa razón, la Secretaría de Minería de la Nación tiene injrencia en el tema. “Hay un componente importante de la actividad ladrillera que se desarrolla de manera artesanal, pero otra sucede a escala industrial y cuenta con procesos mucho más avanzados. Las segundas tienen impactos menores que las primeras, en términos de unidad de producción, que tienden a relacionarse con la extracción de suelos y la generación de emisiones gaseosas. Dependiendo de la fuente de combustible y tecnología, pueden tener mayor o menor incidencia en la calidad del aire y en la contribución por huella de carbono”, analiza Leonardo Pflüguer, director nacional de Producción Minera Sustentable.
Lemos, de UOLRA, cree que la actividad minera en Argentina siempre se pensó “con la óptica de la megaminería, sin darnos demasiada bolilla”. “Se nos exigía el mismo estudio de impacto ambiental a nosotros que a una minera a cielo abierto. Lo cierto es que hay un gran mito sobre nuestra actividad pero pocos números duros sobre el impacto ambiental real de la actividad ladrillera”, dijo Lemos.
La creación de un Parque Industrial Ladrillero en la provincia de San Juan es un paso hacia la regularización de la actividad en todas sus variables, incluso la ambiental. “A través de canteras autorizadas y reglamentadas, habrá un salto para la formalización de la actividad y la comercialización. Así podremos regularizar el tema extractivista y el ordenamiento territorial. Al sacar los hornos de las casas y llevarlos a los parques, también se lucha contra el trabajo infantil”, agregó Lemos, con la esperanza de construir una actividad ladrillera sustentable, que no excluya a las mujeres y que salga de la marginalidad.
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La represión religiosa se agravó con la prohibición de procesiones y el asedio policial en templos en todo el territorio del país
La persecución religiosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció durante los primeros días de abril ha dejado al menos 20 nicaragüenses detenidos, sobre todo en Semana Santa, cuando la policía prohibió procesiones y tradiciones católicas. El dato de las detenciones lo aportan organismos opositores, que las catalogan como “secuestros”, y quienes registraron los asedios contra parroquias y la realización de los ritos intramuros de los templos.
La organización el Monitoreo Azul y Blanco reporta 35 incidentes a violaciones a los derechos humanos durante la Semana Santa, una de las más veneradas y sentidas por el catolicismo. Entre ellas destacan cinco casos de hostigamiento policial y nueve incidentes de control territorial por parte de los oficiales para boicotear las procesiones. Además, resaltan la expulsión del país del sacerdote panameño Donaciano Alarcón. El párroco fue capturado y las autoridades migratorias lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras por pedir por la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denunció la detención “arbitraria e ilegal” del periodista y aseguran que fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, en Managua. Sin embargo, hasta ahora la policía no ha informado sobre el arresto.
El régimen de Ortega y Murillo prohibió los viacrucis de cuaresma desde mediados de febrero y luego amplió la restricción a todo evento de Semana Santa. La jerarquía católica en Nicaragua acató la orden anunciada por la policía y cancelaron las tradicionales peregrinaciones nacionales, celebradas antes de la Semana Santa. Los párrocos ordenaron a sus fieles realizar sus actos de fe al interior de los templos, pero eso no evitó que el acoso policial amainara.
Sin embargo, no sólo en la ciudad de Nandaime los devotos se rebelaron: En los departamentos de Masaya, Granada, y Chinandega jóvenes ataviados con túnicas y cargando cruces desafiaron a los oficiales al recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesús en las calles. En el pequeño y caliente municipio de Ranchería, en el occidente del país, los fieles reclamaron de frente a los antimotines y rodearon la patrulla policial en reclamo por la prohibición de la salida tradicional de Los Judíos.
La persecución religiosa ha incluido cierres de medios de comunicación católicos, la expulsión de sacerdotes y monjas hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas de forma unilateral con la Santa Sede, luego de que Francisco catalogara al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura hitleriana.
Abril, mes caliente
La organización Urnas Abiertas sostuvo que la persecución religiosa en Semana Santa trajo más intimidación y el asedio fue parejo en casi todo el territorio nacional. El organismo prevé que el acoso persista en Nicaragua a medida que el mes de abril transcurra, en especial a partir del día 18, cuando se cumpla el quinto aniversario de las protestas sociales que arrinconaron a la pareja presidencial.
Desde 2018, el régimen redobla el estado policial en el mes de abril para evitar cualquier tipo de conmemoración o alusión al movimiento popular que fue aplacado con violencia letal por policías y paramilitares sandinistas. Al menos 355 personas fueron ejecutadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miles fueron apresados y centenares condenados en juicios políticos, mientras hasta la fecha unos 300.000 nicaragüenses han huido o se han exiliado de la violencia política y la crisis económica, en un éxodo sin precedentes solo comparable al de la década del ochenta, cuando el país estaba sumido en una guerra civil.
Recientemente, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) concluyó que Ortega y Murillo fueron responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Los expertos han exhortado a la comunidad internacional a activar la justicia internacional contra la pareja presidencial, mientras que el mandato del Ghren fue renovado por Naciones Unidas para profundizar en las cadenas de mando represivas, incluida una investigación sobre el rol del Ejército de Nicaragua.
En el destierro en Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, celebró la misa de Resurrección y recordó que las piedras del sepulcro fueron removidas por Jesús. “En el camino hacia su liberación los pueblos se ven bloqueados no solo por las enormes piedras de la crueldad de los tiranos, sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas, las envidias entre los líderes y la desesperanza del pueblo cansado de sufrir. Pero todas esas piedras pueden ser removidas”, alentó el prelado.
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