Análisis Noticiosos
¿Crisis de los alimentos o del sistema?
Por Víctor M. Quintana S.
La alimentación es uno de los ejes críticos del milenio; por ello —sin ser el tema oficial— se ha convertido en el centro de la agenda del 13º Congreso de la Asociación Internacional de Sociología Rural que tiene lugar por esta fecha en Lisboa, Portugal.
No es porque la comida de pronto haya adquirido relevancia teórica, sino porque el acceso o no acceso a ella es el centro de una de las disputas más fuertes del siglo XXI, en el contexto del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la lucha por ellos, y el control por parte del sistema de negocios agroalimentario.
Por esto en buena parte de los casi 70 grupos de trabajo de este congreso se plantean toda una serie de interrogantes como:
– ¿Por qué es posible que se avance en la producción de alimentos y en números absolutos y relativos aumente el número de personas con desnutrición y malnutrición en el planeta?
– ¿Hasta qué punto debe evitarse que los países más ricos o poderosos adquieran tierras en África –continente donde hay más hambre en el mundo– para asegurar su suministro alimentario?
– ¿Es posible que el planeta alimente adecuadamente a toda la población con el actual paradigma alimentario de sobreconsumo de productos animales, que, a su vez, demandan grandes volúmenes de agua?
– ¿Ante la crisis alimentaria y la crisis energética es ético optar por los biocombustibles?
– ¿Por qué los campesinos, los productores de los alimentos, no resultan beneficiados ni con las políticas de precios altos ni con las de precios bajos?
Se observa también que ante el gran poder del sistema agroalimentario hay múltiples intentos de producir de manera alternativa más alimentos, más sanos, más accesibles. En los países del norte hay toda una tendencia a la ruralización, a la producción urbana de alimentos, a la autosuficiencia.
Sin embargo, ¿qué decir cuando a grandes mayorías de los países del sur, que viven no en las ciudades sino en el campo les está vedado producir siquiera lo mínimo para su subsistencia por la carencia de tierras, el no acceso al agua o por las vicisitudes del cambio climático?
Puede ser que resulte muy satisfactorio que los estudiantes de una universidad californiana produzcan sus propias hortalizas, pero eso no resuelve para nada el problema de la hambruna en zonas como la tarahumara o la mixteca mexicanas.
Se presentan, asimismo, investigaciones que demuestran que hay una recuperación desde arriba, desde el poder del sistema de los agronegocios, de conceptos y de prácticas tales como “agricultura verde”, “producción orgánica”, “sustentabilidad” e incluso “comercio justo”.
El marco de referencia en que se originaron como crítica práctica a la utilización intensiva de agroquímicos, a la sobrexplotación de recursos naturales, a la sobrexplotación del trabajo y de las comunidades campesinas e indígenas ha sido cooptado, se ha “wallmartizado” o “starbuckizado”, por lo que se hace necesaria una continua lucha de significados, una reflexión y trabajo de concientización con productores y consumidores, por eso se van generando conceptos y prácticas como “comida local” o “comercio local”, como alternativas desde abajo. Sin embargo, hay ciertas tentaciones de academicismo, de teoricismo, de predominancia de una forma de construir conocimiento desde la universidad, desde el norte, explícita en el hecho de que el único lenguaje del congreso es el inglés.
Por todo esto resulta sumamente aleccionadora la intervención en el congreso, de Paul Nicholson, dirigente de Vía Campesina: ante el problema del hambre, del desplazamiento, de la precarización, hay que enfocarse bien: no se trata de una crisis de la alimentación, sino de una crisis del sistema.
Dicha crisis tiene tres principales causas: primero, la imposición de la agenda del libre comercio a nivel planetario, que establece precios agrícolas bajo los costos de producción y delocaliza la producción de alimentos, poniendo en peligro la viabilidad de las comunidades; segundo, la privatización de la tierra, de los recursos naturales, de las semillas, y tercero, la imposición de un modelo de producción con el uso intensivo de agroquímicos que pone en las trasnacionales el control de la cadena alimentaria.
La Vía Campesina propone globalizar la lucha, para poder globalizar la esperanza, basándose en una triple estrategia: la soberanía alimentaria que pone el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus alimentos en el centro; consolidar redes locales que se conviertan en un poder internacional y la interacción dinámica entre los diversos actores rurales y académicos, investigadores. La necesidad de esta interacción es precisamente enfatizada por uno de los líderes intelectuales del congreso y fundador de la sociología de la alimentación, William Friedland.
Desde otro nivel convergen con estas propuestas las sugerentes ideas del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, uno de los expositores magistrales del congreso: la sociología rural debe luchar contra el colonialismo cultural y por una justicia cognitiva global, construir una epistemología desde el sur que valore, certifique y explore la diversidad, aprovechando la gran experiencia práctica y de conocimiento de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas todo esto para desarrollar la autodeterminación desde abajo hacia arriba, concepto y práctica clave para superar la gran crisis que vivimos ahora, crisis que no es sólo alimentaria, sino del sistema globalizado.
http://www.surysur.net
Esta comunidad indígena lleva más de cuatro décadas tratando de detener la extracción de petróleo de la selva. La energía solar les está cambiando la vida
Ecuador.-Hace más de 20 años, Nantu Canelos tuvo un sueño: Sharamentsa, su comunidad, se iluminaba, las viviendas de madera brillaban mientras la noche envolvía la selva exuberante. En ese momento, Canelos no sabía que el territorio de los indígenas achuar se convertiría en el centro de una revolución solar.
Sharamentsa es una comunidad de 100 habitantes que está rodeada de algunas de las mayores reservas de petróleo de Ecuador. Durante más de 40 años, los achuar, una de las 11 nacionalidades indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana, han abogado por detener la extracción de petróleo, que ha devastado grandes extensiones de la selva. Pero incluso mientras luchaban contra los combustibles fósiles, la gasolina era su única opción para iluminar sus hogares y alimentar los barcos vinculados a su medio de vida. Esta zona tiene la cobertura eléctrica más reducida del país.
Una nueva forma de transporte
En esta zona apartada de la selva los ríos son las únicas carreteras. Los peque-peques, las pequeñas embarcaciones propulsadas por gasolina, de uso común, anuncian su llegada desde varios kilómetros de distancia. Pero su rugido está dando paso al silencioso deslizamiento de los barcos solares, que se mueven más lentamente y no dejan rastros de gasolina en el agua, otra ventaja para las comunidades que dependen del río para beber, bañarse y preparar alimentos.
Cargados con paneles en sus techos, cuatro embarcaciones circulan por 12 comunidades achuar cercanas a la frontera con Perú. Kara Solar, una organización sin fines de lucro que promueve la energía solar en esta región, entregó a los residentes locales los barcos, que ellos se encargan de construir, arreglar y operar. El grupo, que se financia con donaciones externas, quiere añadir 10 barcos más en los próximos dos años.
Todos los sábados, Domingo Mukucham lleva pasajeros de ida y vuelta desde Wichimi, una comunidad de 43 familias en lo profundo del bosque, hasta el puerto de Nunkui en Taisha, el pueblo más cercano. Antes, los pasajeros tenían que pagar 10 dólares (9 euros) por tramo en peque peque o caminar siete horas. El paseo en el barco solar, llamado Wampi en honor a un pez local, dura cuatro horas y es gratuito. Esto ayuda a que los presupuestos familiares duren más. Las madres pueden ir a Taisha a recoger las ayudas gubernamentales que les corresponden y vender plátanos y mandioca, o comprar medicinas y ropa para sus hijos.
Los niños tienen una forma segura de llegar a la escuela, cuando antes tenían que cruzar un puente colgante en mal estado.El número de niños que asisten a la escuela desde comunidades cercanas ha pasado de 12 a más de 30 alumnos, según Nella Atamain, que enseña Matemáticas, Literatura y Arte.
Luz para las escuelas
Durante años, la Unidad Educativa Tunas en Kapawi, una comunidad achuar a 30 minutos de Wichimi en avión, tuvo monitores y computadoras, pero no electricidad para operarlos. La única forma de obtener electricidad en la mayoría de estas comunidades es mediante generadores de gasolina, y mantener uno durante unas horas al día podía costar hasta 100 dólares al mes , un lujo inasequible para familias que sobreviven con un ingreso mensual promedio de 90 dólares. La provincia de Pastaza, donde se encuentra Kapawi, es una de las más pobres de Ecuador, con más del 60% de sus residentes viviendo con menos de tres dólares al día.
El año pasado, un grupo de técnicos achuar armado con taladros y cables conectó la escuela a paneles solares donados por Kara Solar. La tecnología satelital, también alimentada por el sol, alimenta una red wifi.
Gracias a ello, los estudiantes pueden hacer sus tareas en computadoras portátiles e investigan otras culturas alrededor del mundo. Quienes están próximos a graduarse están utilizando las nuevas herramientas para aprender cómo promover el turismo en su comunidad. Y Luis Mukucham, el director de la escuela, pretende ofrecer una nueva materia para enseñar a los niños sobre la energía solar y cómo aprovecharla. “Quiero que los jóvenes achuar se interesen en hacer paneles y baterías e incluso un robot”, dice.
Los nuevos aparatos también alimentan la casa de Bernabé Aragón, un profesor que antes pagaba la gasolina de su propio bolsillo para que los estudiantes y sus padres tuvieran un lugar donde navegar por la web. Ahora puede ofrecerlo gratis. “Quiero enseñarles sobre informática, sobre tecnología y el uso correcto de internet, que es muy importante”, explica, mientras imprime exámenes escolares con su nueva electricidad solar.
Una economía solar
Durante generaciones, los jóvenes de la zona se dedicaban a la agricultura, y otros abandonaban la comunidad para buscar trabajo fuera de la selva. La llegada de los paneles solares abre nuevas opciones.
En el Centro Solar Kapawi, una estructura abierta frente al río Pastaza, 20 paneles solares alimentan una docena de enchufes. Allí técnicos como Óscar Mukucham, de 23 años, realizan talleres de instalación de paneles. Otros, como el líder achuar Nantu Canelos, han encontrado un mercado para esta experiencia más allá de Ecuador, impartiendo talleres virtuales y presenciales en Perú, Brasil y Surinam.
La energía solar también está impulsando el ecoturismo. El Kapawi Ecolodge, hotel administrado por la comunidad, cuenta con 64 paneles que iluminan 10 cabañas, el comedor y otras instalaciones durante todo el día. Los silenciosos barcos solares son ideales para excursiones por la naturaleza: no ahuyentan a los delfines ni a los pájaros.
Una ventana al mundo
Junto con las casas y los barcos, el sol alimenta los teléfonos móviles, proporcionando a los residentes una ventana al mundo. La navegación web ha pasado de ser un raro placer a una actividad diaria. Mientras que antes cargar los dispositivos costaba dinero (e implicaba el uso de los generadores de gasolina), los residentes de Kapawi ahora cargan sus baterías gratis.
El día después de que se instalara Internet en Kapawi, Elena Gualinga, de 31 años y madre de cuatro hijos, aprendió a bajarse películas y telenovelas en su teléfono celular. Aragón, el maestro de la escuela, le mostró los mejores sitios web y la ayudó a crear una cuenta de Facebook.
Hay que usar energía para comunicarse con el mundo, pero desde el territorioNantu Canelos, habitante de la comunidad Sharamentsa
La comunidad cuenta con una radio alimentada por energía solar, que utilizan para comunicarse con los pueblos cercanos y con Puyo, la capital regional. Esto brinda a los residentes una manera de llamar rápidamente a aviones en caso de emergencias o invitar a otras comunidades a eventos deportivos.
La vida después del anochecer
Antes de la llegada de la energía solar, el día terminaba poco después de las seis de la tarde. Ahora, tal como en el sueño de Canelos, cada una de las 28 cabañas de Sharamentsa está iluminada por luces solares, donadas por Nia Tero , otra fundación extranjera sin fines de lucro que trabaja en la Amazonía.
Las pequeñas lámparas solares blancas permiten que el pueblo disfrute al menos cuatro horas más después de la puesta del sol. Los focos brillan en áreas comunes, como la cancha de voleibol, para evitar encuentros con serpientes, que antes eran algo común. Los achuar cocinan juntos y comen más tarde por la noche. La luz solar también ilumina y alimenta los altavoces en fiestas tradicionales.
No podemos hablar de lucha contra las actividades extractivas si estamos consumiendo combustibleNantu Canelos, habitante de la comunidad Sharamentsa
La llegada de esta energía también genera temores sobre el impacto en las tradiciones. “Hay que usar energía para comunicarse con el mundo, pero desde el territorio”, reivindica Canelos. Las comunidades achuar se mantienen firmes en que esto no afectará su modo de vida, sino que les permitirá difundirlo y preservarlo.
Los achuar tienen claro que el sol es su herramienta para evitar la construcción de carreteras y el ingreso de petroleras. “No podemos hablar de lucha contra las actividades extractivas si estamos consumiendo combustible”, afirma. “Así como el sol hace posible la vida en el planeta, también permite a los achuar mantener viva su cultura”.
elpais.com
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras
Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.
En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.
Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.
A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.
Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.
Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.
En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.
A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.
En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.
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La orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha generado una batalla judicial con la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, la cual ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana, cuyo litigio no es una sorpresa, ya que la organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales, a fin frenar de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”.
“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.
El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.
Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.
La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.
El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.
Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.
“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.
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