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Cristóbal Valdez: Balaguer creó caos, Leonel ignoró a la gente, PRD no hizo nada
Mientras el dictador Trujillo erigió la ciudad de Santo Domingo como una expresión de su poder, las obras de infraestructura en los gobiernos de Joaquín Balaguer representaron la oficialización del desorden, porque fue quien abrió la ciudad hacia un crecimiento desorganizado, sin guía ni control. El estilo de la construcción en los mandatos de Leonel Fernández es, por otro lado, reflejo de su emigración desde la pobreza de Villa Juana a la pobreza de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York, donde pasó los años de su juventud.
El arquitecto Cristóbal Valdez hace esas consideraciones al comentar el contenido de su libro “Historia crítica de la ciudad de Santo Domingo”, obra extraordinaria que narra el origen y el desarrollo del Distrito Nacional desde la colonia hasta el 2000. Es un trabajo serio de 10 años de investigación que describe primeros y sucesivos puentes, barrios, aeropuertos, calles, plazas, avenidas, carreteras, establecimientos comerciales, urbanizaciones, universidades, y que agrega al urbanismo componentes históricos, sociales, económicos, políticos, culturales de forma cronológica y precisa.
Define estilos, cita constructores, diseñadores, contratistas, ingenieros que han intervenido positiva o desafortunadamente en cada arteria, acueducto, alumbrado, monumento, sector, alcantarillado…
Excepto Antonio Guzmán, que creó la Organización Nacional del Transporte Terrestre, Onatrate, y que organizó el tránsito bajo la dirección de Milcíades Pérez Polanco, ningún otro presidente del PRD aparece en el volumen, contrario a lo que ocurre con Ulises Heureaux, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez y los citados, que dejaron su impronta en la metrópoli, pues la corrupción, los endeudamientos externos, la inestabilidad política “se tradujeron en un desarrollo muy lento de la ciudad y en el escaso mantenimiento de sus pocas infraestructuras”.
Un decreto de Heureaux del 11 de febrero de 1884, por ejemplo, dispone “la demolición de una parte de la muralla para prolongar las calles Mercedes, Santo Tomás, Misericordia, Mártires y Regina”. En la gestión de este llegó el alumbrado eléctrico el 27 de febrero de 1896”.
Con Ramón Cáceres se sustituyen estancias “por verdaderos caminos y áreas bien urbanizadas y comienza el primer periodo de urbanización”.
En 1884 se construye “hacia el sureste la primera urbanización con fines inmobiliarios: Ciudad Nueva, con sus 19 cuadras y el parque Independencia, diseñada por J. M. Castillo”.
El laborioso urbanista historiador describe, además, el primer trazado del malecón (que él reconstruyó tras el paso del huracán David en 1979) y comenta: “En el plano de Casimiro de Moya de 1900 se destaca un parque en proyecto, que luego será el parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, con una alameda que luego será el malecón desde la calle presidente Vicini Burgos hasta la Pina”.
El denominado “Paseo Presidente Billini, desde la Santomé hasta la 19 de Marzo, se construyó cuando Cáceres”, anota. Fue “la primera vez que la ciudad se abrió al mar, 400 años después de su fundación”.
Ofrece datos de la unión de San Carlos con Santo Domingo, “física y administrativamente”; la construcción de la avenida Mella; la fusión de San Carlos y Villa Duarte y se detiene en el primero para relatar su acontecer, su identidad particular, independencia de territorio que en 1911 ya se confundía con Santo Domingo. “Solo la avenida México, expresa, irrespetó la autonomía de San Carlos por algunas intervenciones que la mutilaron enormemente”. Esto fue obra de Balaguer en 1995, manifiesta.
La cautivante obra de Valdez habla del primer desarrollo de solares para personas de bajos ingresos en Villa Francisca a través de la compañía de Juan Alejandro Ibarra, cuyos planos fueron trazados por el agrimensor Arístides García Mella.
Narra el proceso de sustitución del comercio en la Isabel la Católica por el del Conde, refiriéndose a emblemáticos edificios de esa vía, como Cerame y Baquero; los inmigrantes extranjeros y sus ubicaciones; la Ocupación Norteamericana de 1916-1924, cuando se consolida el Camino de Güibia (avenida Independencia) y la clase alta levantando casas campestres en grandes extensiones de terreno. “Hacia el oeste se inicia Gascue, una ciudad ajardinada donde se asienta la burguesía comerciante y la banquera”.
Demuestra el fortalecimiento de San Miguel, San Lázaro, San Antón, “con una población de clase media y baja” y dedica párrafos a la zona colonial, Naco, Piantini, Evaristo Morales. Estudia El timbeque, Borojol, La fuente y después de adentrarse en el acueducto de Horacio Vásquez pasa a contar las obras de la dictadura de Trujillo, con sus características e historias.
Balaguer y Leonel Fernández. Tras el ajusticiamiento, apunta, surgen el Banco Nacional de la vivienda y las asociaciones de ahorros y préstamos. Nacen Los Prados, El Portal, Atala, El Cacique, arrancan las avenidas Ortega y Gasset y John F. Kennedy. Es después del tiranicidio, afirma, cuando se produce el mayor crecimiento de la ciudad.
Balaguer “oficializa el desorden, hay una segregación social y económica de la ciudad, proliferan incontrolados asentamientos precarios, algunos auspiciados por el mismo gobierno”.
Cuando se construía la 27 de Febrero, exclama, “sacaban a la gente de ahí y la tiraban en zonas como Los Alcarrizos, Pantoja, Sabana Perdida…”. La avenida Quinto Centenario, añade, “rompió todo lo que era Villa Juana, Balaguer desmembró esa zona en vez de hacer la Pedro Livio Cedeño y la Barahona que desde los tiempos de Trujillo tenían la acera norte restringida en su crecimiento para extender la Barahona hasta el puente”.
La idea de ciudad del mandatario, concluye, “era su ciudad histórica, la de los monumentos, no la de la gente, con grandes avenidas y rotondas. Desbarató San Carlos, San Juan Bosco, parte de Villa Francisca. A él no le importaban los barrios. Fue bastante traumático. Se fueron familias de forma inmisericorde”. Fue, además, “auspiciador del desorden en términos del tránsito y el transporte. Todo este caos es herencia de Balaguer”.
Sobre los trabajos de la administración de Leonel Fernández expresa que con su idea del “Nueva York chiquito” introdujo los pasos a desnivel, las grandes avenidas, desestimó el espacio físico, la vida de la calle, “porque lo identificó con el desorden que percibió en su barrio de Washington Heighs”. Lo que él entiende como progreso, reitera, son las grandes avenidas, los pasos a desnivel, no se percata de la vida ciudadana ni de la arrabalización que hay debajo.
Por eso se concretó en dos proyectos símbolos de su gestión, explica: la remodelación de las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy. “Rompe con la AMET, un proyecto suyo que no se desarrolló como estaba planteado, de hacer corredores, introducir autobuses, ya era el carro privado. Las aceras, en algunos casos, desaparecieron”.
“Igual que en los tiempos de Balaguer, significó, no correspondían a ningún plan de ordenar la ciudad y fueron concebidas para el símbolo de la modernidad: el automóvil. Las consecuencias han sido la desvalorización del suelo sobre ambas avenidas, la velocidad del tránsito, la imposibilidad de uso peatonal, la pérdida del espacio físico”.
hoy.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.