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Cristóbal Valdez: Balaguer creó caos, Leonel ignoró a la gente, PRD no hizo nada
Mientras el dictador Trujillo erigió la ciudad de Santo Domingo como una expresión de su poder, las obras de infraestructura en los gobiernos de Joaquín Balaguer representaron la oficialización del desorden, porque fue quien abrió la ciudad hacia un crecimiento desorganizado, sin guía ni control. El estilo de la construcción en los mandatos de Leonel Fernández es, por otro lado, reflejo de su emigración desde la pobreza de Villa Juana a la pobreza de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York, donde pasó los años de su juventud.
El arquitecto Cristóbal Valdez hace esas consideraciones al comentar el contenido de su libro “Historia crítica de la ciudad de Santo Domingo”, obra extraordinaria que narra el origen y el desarrollo del Distrito Nacional desde la colonia hasta el 2000. Es un trabajo serio de 10 años de investigación que describe primeros y sucesivos puentes, barrios, aeropuertos, calles, plazas, avenidas, carreteras, establecimientos comerciales, urbanizaciones, universidades, y que agrega al urbanismo componentes históricos, sociales, económicos, políticos, culturales de forma cronológica y precisa.
Define estilos, cita constructores, diseñadores, contratistas, ingenieros que han intervenido positiva o desafortunadamente en cada arteria, acueducto, alumbrado, monumento, sector, alcantarillado…
Excepto Antonio Guzmán, que creó la Organización Nacional del Transporte Terrestre, Onatrate, y que organizó el tránsito bajo la dirección de Milcíades Pérez Polanco, ningún otro presidente del PRD aparece en el volumen, contrario a lo que ocurre con Ulises Heureaux, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez y los citados, que dejaron su impronta en la metrópoli, pues la corrupción, los endeudamientos externos, la inestabilidad política “se tradujeron en un desarrollo muy lento de la ciudad y en el escaso mantenimiento de sus pocas infraestructuras”.
Un decreto de Heureaux del 11 de febrero de 1884, por ejemplo, dispone “la demolición de una parte de la muralla para prolongar las calles Mercedes, Santo Tomás, Misericordia, Mártires y Regina”. En la gestión de este llegó el alumbrado eléctrico el 27 de febrero de 1896”.
Con Ramón Cáceres se sustituyen estancias “por verdaderos caminos y áreas bien urbanizadas y comienza el primer periodo de urbanización”.
En 1884 se construye “hacia el sureste la primera urbanización con fines inmobiliarios: Ciudad Nueva, con sus 19 cuadras y el parque Independencia, diseñada por J. M. Castillo”.
El laborioso urbanista historiador describe, además, el primer trazado del malecón (que él reconstruyó tras el paso del huracán David en 1979) y comenta: “En el plano de Casimiro de Moya de 1900 se destaca un parque en proyecto, que luego será el parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, con una alameda que luego será el malecón desde la calle presidente Vicini Burgos hasta la Pina”.
El denominado “Paseo Presidente Billini, desde la Santomé hasta la 19 de Marzo, se construyó cuando Cáceres”, anota. Fue “la primera vez que la ciudad se abrió al mar, 400 años después de su fundación”.
Ofrece datos de la unión de San Carlos con Santo Domingo, “física y administrativamente”; la construcción de la avenida Mella; la fusión de San Carlos y Villa Duarte y se detiene en el primero para relatar su acontecer, su identidad particular, independencia de territorio que en 1911 ya se confundía con Santo Domingo. “Solo la avenida México, expresa, irrespetó la autonomía de San Carlos por algunas intervenciones que la mutilaron enormemente”. Esto fue obra de Balaguer en 1995, manifiesta.
La cautivante obra de Valdez habla del primer desarrollo de solares para personas de bajos ingresos en Villa Francisca a través de la compañía de Juan Alejandro Ibarra, cuyos planos fueron trazados por el agrimensor Arístides García Mella.
Narra el proceso de sustitución del comercio en la Isabel la Católica por el del Conde, refiriéndose a emblemáticos edificios de esa vía, como Cerame y Baquero; los inmigrantes extranjeros y sus ubicaciones; la Ocupación Norteamericana de 1916-1924, cuando se consolida el Camino de Güibia (avenida Independencia) y la clase alta levantando casas campestres en grandes extensiones de terreno. “Hacia el oeste se inicia Gascue, una ciudad ajardinada donde se asienta la burguesía comerciante y la banquera”.
Demuestra el fortalecimiento de San Miguel, San Lázaro, San Antón, “con una población de clase media y baja” y dedica párrafos a la zona colonial, Naco, Piantini, Evaristo Morales. Estudia El timbeque, Borojol, La fuente y después de adentrarse en el acueducto de Horacio Vásquez pasa a contar las obras de la dictadura de Trujillo, con sus características e historias.
Balaguer y Leonel Fernández. Tras el ajusticiamiento, apunta, surgen el Banco Nacional de la vivienda y las asociaciones de ahorros y préstamos. Nacen Los Prados, El Portal, Atala, El Cacique, arrancan las avenidas Ortega y Gasset y John F. Kennedy. Es después del tiranicidio, afirma, cuando se produce el mayor crecimiento de la ciudad.
Balaguer “oficializa el desorden, hay una segregación social y económica de la ciudad, proliferan incontrolados asentamientos precarios, algunos auspiciados por el mismo gobierno”.
Cuando se construía la 27 de Febrero, exclama, “sacaban a la gente de ahí y la tiraban en zonas como Los Alcarrizos, Pantoja, Sabana Perdida…”. La avenida Quinto Centenario, añade, “rompió todo lo que era Villa Juana, Balaguer desmembró esa zona en vez de hacer la Pedro Livio Cedeño y la Barahona que desde los tiempos de Trujillo tenían la acera norte restringida en su crecimiento para extender la Barahona hasta el puente”.
La idea de ciudad del mandatario, concluye, “era su ciudad histórica, la de los monumentos, no la de la gente, con grandes avenidas y rotondas. Desbarató San Carlos, San Juan Bosco, parte de Villa Francisca. A él no le importaban los barrios. Fue bastante traumático. Se fueron familias de forma inmisericorde”. Fue, además, “auspiciador del desorden en términos del tránsito y el transporte. Todo este caos es herencia de Balaguer”.
Sobre los trabajos de la administración de Leonel Fernández expresa que con su idea del “Nueva York chiquito” introdujo los pasos a desnivel, las grandes avenidas, desestimó el espacio físico, la vida de la calle, “porque lo identificó con el desorden que percibió en su barrio de Washington Heighs”. Lo que él entiende como progreso, reitera, son las grandes avenidas, los pasos a desnivel, no se percata de la vida ciudadana ni de la arrabalización que hay debajo.
Por eso se concretó en dos proyectos símbolos de su gestión, explica: la remodelación de las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy. “Rompe con la AMET, un proyecto suyo que no se desarrolló como estaba planteado, de hacer corredores, introducir autobuses, ya era el carro privado. Las aceras, en algunos casos, desaparecieron”.
“Igual que en los tiempos de Balaguer, significó, no correspondían a ningún plan de ordenar la ciudad y fueron concebidas para el símbolo de la modernidad: el automóvil. Las consecuencias han sido la desvalorización del suelo sobre ambas avenidas, la velocidad del tránsito, la imposibilidad de uso peatonal, la pérdida del espacio físico”.
hoy.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.