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Cristóbal Valdez: Balaguer creó caos, Leonel ignoró a la gente, PRD no hizo nada
Mientras el dictador Trujillo erigió la ciudad de Santo Domingo como una expresión de su poder, las obras de infraestructura en los gobiernos de Joaquín Balaguer representaron la oficialización del desorden, porque fue quien abrió la ciudad hacia un crecimiento desorganizado, sin guía ni control. El estilo de la construcción en los mandatos de Leonel Fernández es, por otro lado, reflejo de su emigración desde la pobreza de Villa Juana a la pobreza de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York, donde pasó los años de su juventud.
El arquitecto Cristóbal Valdez hace esas consideraciones al comentar el contenido de su libro “Historia crítica de la ciudad de Santo Domingo”, obra extraordinaria que narra el origen y el desarrollo del Distrito Nacional desde la colonia hasta el 2000. Es un trabajo serio de 10 años de investigación que describe primeros y sucesivos puentes, barrios, aeropuertos, calles, plazas, avenidas, carreteras, establecimientos comerciales, urbanizaciones, universidades, y que agrega al urbanismo componentes históricos, sociales, económicos, políticos, culturales de forma cronológica y precisa.
Define estilos, cita constructores, diseñadores, contratistas, ingenieros que han intervenido positiva o desafortunadamente en cada arteria, acueducto, alumbrado, monumento, sector, alcantarillado…
Excepto Antonio Guzmán, que creó la Organización Nacional del Transporte Terrestre, Onatrate, y que organizó el tránsito bajo la dirección de Milcíades Pérez Polanco, ningún otro presidente del PRD aparece en el volumen, contrario a lo que ocurre con Ulises Heureaux, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez y los citados, que dejaron su impronta en la metrópoli, pues la corrupción, los endeudamientos externos, la inestabilidad política “se tradujeron en un desarrollo muy lento de la ciudad y en el escaso mantenimiento de sus pocas infraestructuras”.
Un decreto de Heureaux del 11 de febrero de 1884, por ejemplo, dispone “la demolición de una parte de la muralla para prolongar las calles Mercedes, Santo Tomás, Misericordia, Mártires y Regina”. En la gestión de este llegó el alumbrado eléctrico el 27 de febrero de 1896”.
Con Ramón Cáceres se sustituyen estancias “por verdaderos caminos y áreas bien urbanizadas y comienza el primer periodo de urbanización”.
En 1884 se construye “hacia el sureste la primera urbanización con fines inmobiliarios: Ciudad Nueva, con sus 19 cuadras y el parque Independencia, diseñada por J. M. Castillo”.
El laborioso urbanista historiador describe, además, el primer trazado del malecón (que él reconstruyó tras el paso del huracán David en 1979) y comenta: “En el plano de Casimiro de Moya de 1900 se destaca un parque en proyecto, que luego será el parque Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos, con una alameda que luego será el malecón desde la calle presidente Vicini Burgos hasta la Pina”.
El denominado “Paseo Presidente Billini, desde la Santomé hasta la 19 de Marzo, se construyó cuando Cáceres”, anota. Fue “la primera vez que la ciudad se abrió al mar, 400 años después de su fundación”.
Ofrece datos de la unión de San Carlos con Santo Domingo, “física y administrativamente”; la construcción de la avenida Mella; la fusión de San Carlos y Villa Duarte y se detiene en el primero para relatar su acontecer, su identidad particular, independencia de territorio que en 1911 ya se confundía con Santo Domingo. “Solo la avenida México, expresa, irrespetó la autonomía de San Carlos por algunas intervenciones que la mutilaron enormemente”. Esto fue obra de Balaguer en 1995, manifiesta.
La cautivante obra de Valdez habla del primer desarrollo de solares para personas de bajos ingresos en Villa Francisca a través de la compañía de Juan Alejandro Ibarra, cuyos planos fueron trazados por el agrimensor Arístides García Mella.
Narra el proceso de sustitución del comercio en la Isabel la Católica por el del Conde, refiriéndose a emblemáticos edificios de esa vía, como Cerame y Baquero; los inmigrantes extranjeros y sus ubicaciones; la Ocupación Norteamericana de 1916-1924, cuando se consolida el Camino de Güibia (avenida Independencia) y la clase alta levantando casas campestres en grandes extensiones de terreno. “Hacia el oeste se inicia Gascue, una ciudad ajardinada donde se asienta la burguesía comerciante y la banquera”.
Demuestra el fortalecimiento de San Miguel, San Lázaro, San Antón, “con una población de clase media y baja” y dedica párrafos a la zona colonial, Naco, Piantini, Evaristo Morales. Estudia El timbeque, Borojol, La fuente y después de adentrarse en el acueducto de Horacio Vásquez pasa a contar las obras de la dictadura de Trujillo, con sus características e historias.
Balaguer y Leonel Fernández. Tras el ajusticiamiento, apunta, surgen el Banco Nacional de la vivienda y las asociaciones de ahorros y préstamos. Nacen Los Prados, El Portal, Atala, El Cacique, arrancan las avenidas Ortega y Gasset y John F. Kennedy. Es después del tiranicidio, afirma, cuando se produce el mayor crecimiento de la ciudad.
Balaguer “oficializa el desorden, hay una segregación social y económica de la ciudad, proliferan incontrolados asentamientos precarios, algunos auspiciados por el mismo gobierno”.
Cuando se construía la 27 de Febrero, exclama, “sacaban a la gente de ahí y la tiraban en zonas como Los Alcarrizos, Pantoja, Sabana Perdida…”. La avenida Quinto Centenario, añade, “rompió todo lo que era Villa Juana, Balaguer desmembró esa zona en vez de hacer la Pedro Livio Cedeño y la Barahona que desde los tiempos de Trujillo tenían la acera norte restringida en su crecimiento para extender la Barahona hasta el puente”.
La idea de ciudad del mandatario, concluye, “era su ciudad histórica, la de los monumentos, no la de la gente, con grandes avenidas y rotondas. Desbarató San Carlos, San Juan Bosco, parte de Villa Francisca. A él no le importaban los barrios. Fue bastante traumático. Se fueron familias de forma inmisericorde”. Fue, además, “auspiciador del desorden en términos del tránsito y el transporte. Todo este caos es herencia de Balaguer”.
Sobre los trabajos de la administración de Leonel Fernández expresa que con su idea del “Nueva York chiquito” introdujo los pasos a desnivel, las grandes avenidas, desestimó el espacio físico, la vida de la calle, “porque lo identificó con el desorden que percibió en su barrio de Washington Heighs”. Lo que él entiende como progreso, reitera, son las grandes avenidas, los pasos a desnivel, no se percata de la vida ciudadana ni de la arrabalización que hay debajo.
Por eso se concretó en dos proyectos símbolos de su gestión, explica: la remodelación de las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy. “Rompe con la AMET, un proyecto suyo que no se desarrolló como estaba planteado, de hacer corredores, introducir autobuses, ya era el carro privado. Las aceras, en algunos casos, desaparecieron”.
“Igual que en los tiempos de Balaguer, significó, no correspondían a ningún plan de ordenar la ciudad y fueron concebidas para el símbolo de la modernidad: el automóvil. Las consecuencias han sido la desvalorización del suelo sobre ambas avenidas, la velocidad del tránsito, la imposibilidad de uso peatonal, la pérdida del espacio físico”.
hoy.com.do
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.