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El caso Odebrecht concluye con sentencias de primera instancia cuatro años y cinco meses después.
Santo Domingo, RD.-El mayor escándalo de corrupción ocurrido en la República Dominicana y en otros países del mundo terminó este jueves cuatro años medio después de iniciarse con sentencias absolutorias para la mayoría de los imputados.
En el juicio de fondo las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Giselle Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo decidieron otorgar la libertad a cuatro de los seis implicados, mientras los dos restantes fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel.
El listado de los que esperan por el fallo está integrado por el empresario Ángel Rondón; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el exsenador Tommy Galán; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).
El caso ha dado vueltas en los tribunales desde el 29 de mayo de 2017, cuando iniciaron los apresamientos contra el grupo, originalmente 13 personas.
Desde entonces, el caso de sobornos millonarios que involucra a exfuncionarios y pasados legisladores se ha encontrado de frente con aplazamientos, variaciones de medida de coerción, absolución de varios implicados, disposición de archivos definitivos y cientos de pruebas y testigos.
Sus inicios
Todo inició el 22 de diciembre de 2016, momento en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos develó que de 2001 a 2016 la empresa brasileña Odebrecht había entregado sobornos por US$788 millones en 12 países de Latinoamérica, para obtener 100 contratos de obras de infraestructura.
En el documento figura República Dominicana como uno de los países que recibió estos sobornos, por un monto de US$92 millones entre el 2001 y 2014, periodo en el que administraban el país Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
Al enterarse del señalamiento por parte de las autoridades estadounidenses, el Gobierno dominicano respondió que hasta ese momento no había recibido información por una vía oficial, y que de ser cierto “actuaría con toda responsabilidad contra los involucrados”.
Iniciaron las investigaciones
Cuatro días más tarde del comunicado norteamericano, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió la documentación y abrió un proceso de investigación contra la constructora y sus representantes en el país.
A partir del 28 de diciembre de ese año comenzaron los allanamientos y los interrogatorios. En total, fueron más de 25 personas las que pasaron por interrogatorios de los fiscales.
Al final, sólo acusaron a 14 individuos de haber formado parte del entramado corrupto.
El 19 de enero del 2017 la PGR, acompañada de ocho unidades de agentes de Operaciones Especiales, allanó por más de seis horas las instalaciones de la empresa en el país, logrando incautar al menos veinte cajas con documentos probatorios.
Las autoridades explicaron que las pesquisas fueron el resultado del contraste de las informaciones suministradas por los representantes de la empresa brasileña en el país y los datos obtenidos mediante labores de inteligencia.
El acuerdo
El 21 de enero de 2017 el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que Odebrecht se había comprometido a pagarle al República Dominicana un total de US$184 millones, siendo esto el doble del monto que la empresa admitió haber pagado como sobornos al país.
No obstante, el acuerdo no fue sinónimo de que se detuviera el proceso judicial del caso. En su momento, el exprocurador aseveró que esto no impediría que se siguiera investigando, “sin descanso y hasta sus últimas consecuencias caiga quien caiga”.
Para finales del año pasado la constructora brasileña aseguró que había pagado al Estado dominicano US$60 millones de dólares en cumplimiento de este acuerdo.
Apresamientos y medida de coerción
Cuatro meses más tarde, el 29 de mayo de 2017, se emitieron las órdenes de arresto en contra del grupo y fueron apresadas 14 personas.
Se les acusó de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, y falsedad en declaración de bienes.
Tras extensas audiencias, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, impuso medida de coerción en contra de los imputados.
A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga le dictaron nueve meses de prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro penal; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.
Ángel Rondón fue enviado por un año a La Victoria con prisión preventiva como medida de coerción.
El listado continúa con Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, a quienes les dictaron nueve meses de arresto domiciliario.
Por último a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín le impusieron una fianza de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país.
Los dejaron en libertad
Meses más tarde los encartados obtuvieron su libertad con garantías económicas e impedimentos de salida, luego de que el juez Ortega Polanco variara la medida de coerción que había impuesto.
Por un lado, a los 14 acusados se les permitió llevar el proceso judicial fuera de los centros penitenciarios, por el otro el magistrado le dio un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar los expedientes.
Quedaron fuera del proceso
La gestión de Jean Alain Rodríguez presentó un archivo definitivo en el que solicitaba la apertura de juicio a favor de siete imputados por considerar que “no habían elementos de prueba suficientes” respecto a ellos.
Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo De Óleo y Ruddy González fueron beneficiados con este archivo.
“Chu” Vásquez en el caso
El actual ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez “Chu”, fue añadido en el proceso judicial junto a los encartados.
No obstante, fue excluido en junio de 2019 del juicio luego de que el magistrado Ortega Polanco emitió un “No a lugar” a su favor.
Lo que pide el Ministerio Público
El 13 de mayo de este año la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó todas las pruebas ante el tribunal, en total más de 1,000 documentos.
El MP pidió las siguientes penas para los imputados en el caso:
Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión; Conrado Pittaluga, 7 años de prisión; Andrés Bautista, Tommy Gálan y Roberto Rodríguez, 5 años de prisión.
Asimismo, los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes de cada uno.
Santo Domingo, R.D.-En una ofensiva contra el comercial ilegal, que incluye el alcohol adulterado, cigarrillos y contrabando de medicamentos, más de 2.3 millones de productos ilícitos fueron sacados de circulación durante operativos desplegados en la Semana Santa 2026.
Las acciones fueron ejecutadas a través de 19 allanamientos simultáneos y la inspección de 189 establecimientos previamente identificados por labores de inteligencia en distintas zonas del país, incluyendo áreas vulnerables y puntos fronterizos
Entre los productos incautados figuran 10,756 botellas y latas de bebidas alcohólicas —incluyendo cervezas, ron y whisky— que carecían de registro sanitario o presentaban etiquetado irregular, lo que las convierte en potencialmente peligrosas para el consumo humano.
Los operativos estuvieron encabezados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
El impacto de las jornadas también se extendió al ámbito de la salud pública con 38,572 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin garantías de calidad ocupados, además de otros productos de consumo masivo en condiciones inadecuadas.
En el marco de las intervenciones, 15 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, que sanciona este tipo de prácticas.
Los despliegues incluyeron la movilización de 267 efectivos especializados en distintas regiones del país, así como vigilancia en puntos de control para supervisar el transporte de combustibles y mercancías, con el objetivo de prevenir irregularidades durante el asueto.
Aunque las autoridades señalaron que no se registraron muertes por consumo de alcohol adulterado durante la Semana Santa, los decomisos evidencian la magnitud de un mercado ilegal que sigue operando con fuerza, especialmente en períodos de alta circulación de personas, donde aumentan los riesgos para la salud y la seguridad.
Santo Domingo.-Tras cumplir condenas por distintos delitos en ese territorio, un grupo de 62 ciudadanos dominicanos fue repatriado al país.
La aeronave, fletada por las autoridades estadounidenses, aterrizó pasado el mediodía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, con 60 hombres y dos mujeres a bordo, quienes habían estado recluidos en diferentes cárceles del sistema penitenciario norteamericano.
Refuerzan seguridad en aeropuertos dominicanos por Semana Santa
De acuerdo con informes preliminares, los repatriados fueron trasladados desde centros correccionales ubicados en varios estados hacia instalaciones de concentración migratoria, previo a su retorno definitivo a la República Dominicana.
En los primeros tres meses de 2026, más de 450 dominicanos han sido deportados tras cumplir condenas en Estados Unidos, reflejando la persistencia de la migración y los riesgos asociados a la inserción irregular o delictiva en el extranjero.
Gran parte de los detenidos fue arrestada durante operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en ciudades con alta presencia de la diáspora dominicana como Nueva York, Boston, Chicago y el estado de Nueva Jersey.
Posteriormente, fueron trasladados a un centro de procesamiento en Haina, donde serán sometidos a procesos de registro, depuración e interrogatorios para determinar si tienen asuntos pendientes con la justicia dominicana.
Este tipo de operativos plantea desafíos en materia de seguridad y reinserción social, al tiempo que reabre el debate sobre las condiciones que enfrentan los dominicanos en el exterior y la necesidad de fortalecer políticas de prevención.
Mientras tanto, las autoridades locales se preparan para recibir nuevos grupos en las próximas semanas, en un flujo constante que, según se ha establecido, se produce cada martes con la llegada de aeronaves que trasladan a nacionales tras cumplir sus condenas en Estados Unidos.
Santo Somingo, R.D.-Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, participó en una misa conmemorativa por el fallecimiento de su hijo, Eduardo Guarionex Estrella, y su nuera, Alexandra Grullón Segura, quienes murieron en la tragedia del Jet Set.
“Sabía que esto iba a ser difícil, pero no tan difícil. No hay día del mundo para nosotros, en la casa, camino al trabajo, hablando con los amigos y familiares, que no nos venga a la memoria alguna situación de ellos (Guarionex y Alexandra)”, reveló.
De igual forma, expresó que el infortunio ha unido a las dos familias (Grullón y Estrella), pero aún así la falta de la pareja es notoria para ellos, amigos y cercanos.
“Nunca habrá forma de sustituirlos a ellos, ellos marcaron con su comportamiento, con su humildad, con su carisma, con su honestidad y eso por más que uno quiera explicación, no hay como explicarlo”, aseguró.
El homenaje fue llevado a cabo en la Parroquia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote y contó con la asistencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Manuel Grullón, presidente del Banco Popular y Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón Segura.
El titular del Ministerio de Obras Públicas dijo que esperan “que la justicia dominicana actúe como debe de actuar” dentro del caso que involucra a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del centro nocturno.
“Nosotros esperamos que la justicia dominicana actúe como debe de actuar y no como esperamos los familiares, sino como espera la sociedad, como espera el pueblo dominicano; porque si esa justicia no actúa, va a actuar la justicia divina y ahí no valen medios de comunicación, ahí no valen tráficos de influencias. Todo en la vida se paga”, enfatizó.
También aseveró que ambas familias sienten indignación por el hecho: «Hay que estar en el alma, en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros para que sepan lo indignados que nos sentimos. Nosotros como familia seguimos fuertes y lo hemos entendido porque creemos en Dios, porque somos familia de fe, sino fuéramos familia de fe tal vez actuáramos de otra manera«, mencionó.