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¿Cuál es la situación de la clase trabajadora desde la óptica sindical y patronal?
SANTO DOMINGO. El Día Internacional del Trabajo se conmemora hoy con demandas y preocupaciones desde el sector laboral y con una visión de progreso desde la mirada patronal.
La celebración encuentra un panorama local con una tasa de desempleo que ronda el 5.1 %, falta de consenso para reformar el Código Laboral, salarios mínimos que no cubren el alto costo de la canasta familiar y falta de equidad en la aplicación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social.
Desde la óptica del sector sindical son pocos los logros importantes exhibidos en materia de legislación: en 1992 el Código Laboral y el 2001 la Ley sobre la Seguridad Social, ambos con requerimientos ya de modificación.
En el orden salarial, el último de los aumentos se logró el pasado año 2017, un 20 % al sueldo mínimo privado no sectorizado. Los salarios mínimos van desde RD$15,447.60; RD$10,620.00; a RD$9,411.60, mientras los vigilantes privados devengan RD$13,032.00 y los trabajadores del campo un salario diario de RD$320.40.
Dichas escalas salariales, no han podido equilibrarse con el costo de la canasta familiar que para marzo del 2017 se ubicó en RD$29,014.24, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cesta de gastos básicos en el quintil más pobre de la población se situó en RD$13,220.72. En los dos primeros meses de este año 2018, el crecimiento económico promedio fue de 6.7% del producto interno bruto (PIB), un bienestar que los trabajadores dicen que no perciben. Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical(CNUS), asegura que hay una grave situación de deuda social con el trabajador dominicano, pues no se ha logrado que el salario sea una fuente de ingreso que le permita no ser contado dentro de la escala de los pobres.
El salario no rompe la barrera de la pobreza, dice.
Admite, que se ha mejorado en trabajo, pues se han conseguido unas cuantas mejoras, pero “no hemos podido equilibrar canasta familiar e ingreso”, afirma.
Al tocar el aspecto de la seguridad social, Abreu precisa que se conquistó la Ley 87-01, con el logro de que el mayor aporte lo hiciera el empresario, una especie de 70 a 10.
Sin embargo, ese logro, afirma, se ha constituido en una especie de trampa, pues ha contribuido a enriquecer a los sectores financieros, de la medicina, prestadores del sistema de salud, mientras los trabajadores siguen recibiendo un precario servicio. Aduce que los trabajadores deben tener un plan complementario para recibir una salud digna.
“Tenemos una situación en que la propia ley ha creado diferencias en salud que no deben ser. La palabra igualdad no existe en salud y queremos equidad, que tampoco existe”, sostiene.
Anunció que este primero de mayo, los trabajadores presentarán un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Social para lograr una superación de esas deficiencias.
Hay avances, considera Abreu. Dice que hoy día la represión sindical es más sutil, ya que “no hay policías persiguiendo ni matando gente, ni enviándolos a La Victoria o al exilio como se hacía antes”.
“Pero sigue siendo restrictivo el derecho de los trabajadores a sindicarse, pese a que está en la Constitución y en los convenios laborales”, destacó.
El presidente de la CNUS, manifestó que no quiere presentar la vida laboral como trágica, “porque entonces se podría ver que no ha servido de nada y sí ha servido de mucho. Pero no hemos avanzado como se merece el trabajador dominicano”, asevera.
La otra cara de la hoja presenta la visión de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), cuyo presidente Fermín Acosta, señala que el Día Internacional del Trabajo encuentra al sector en un proceso de revisión de las normativas que rigen el trabajo en el país.
“Por cierto con una estabilidad que se ha mantenido por muchos años en la situación del empleo del trabajador, el desempleo en todos los sentidos para todo el país, creemos que estamos en un buen momento para la actualización de esas normativas para que tengamos un Código Laboral que sea incluyente, moderno, que disminuya la informalidad y el desempleo”, puntualizó.
Aprovechó la fecha para agradecer a la masa trabajadora, unos 4.6, millones de dominicanos, para que continúen laborando con la eficiencia con que lo han hecho en procura de entrar en una etapa donde la productividad impacte positivamente tanto al empleado como al empleador.
Acosta se mostró confiando en que este año se podrá tener un Código Laboral mucho más moderno. Hizo un llamado a qué se mantenga la estabilidad, el crecimiento y el tripartimos en la seguridad social.
Asimismo, calificó como un sofisma los planteamientos de que los salarios mínimos no cubren el costo de la canasta familiar.
“Eso no es una realidad, lo que sucede es que mucha gente cuando habla del salario mínimo es de una persona y la canasta familiar es de una familia, cuando usted suma la cantidad de personas que trabajan por familia siempre estamos por encima de la canasta familiar comparando del quintil de que se trata”, aseveró.
Explicó que cuando se contrasta la canasta familiar promedio con el salario mínimo, no dará, porque ahí esta la canasta de los ricos, pero cuando se compara por quintil el salario mínimo está por encima de la canasta familiar, según su óptica.
El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo en homenaje a los Mártires de Chicago, ejecutados por su participación en la lucha por la jornada laboral de ocho horas.
El presidente Danilo Medina exhortó al pueblo dominicano a seguir esforzándose “por la prosperidad del país y por el afianzamiento de la justicia social, la equidad y el respeto a la dignidad humana, que inspiraron a los forjadores” de la nacionalidad dominicana.
El jefe de Estado hizo el llamado en un mensaje con motivo de conmemorarse este martes, el Día Internacional del Trabajo. Aprovechó la ocasión para enviar un saludo fraternal a todos los hombres y mujeres que, por medio de su trabajo, contribuyen al engrandecimiento de la Patria.
“Cuando asumí la Presidencia de la República, en el año 2012, planteé la meta de crear durante el período 400 mil empleos formales, equivalentes a 100 mil por año, como primer paso para contribuir a la disminución de la pobreza y a elevar los niveles de vida de la población”, expresó el mandatario a través de una misiva.
“Cada año hemos ido superando la meta, hasta el punto de que, hasta diciembre de 2017, la cifra total de nuevos ocupados era de 606,019, es decir, que podemos hablar con propiedad de un promedio de 120 mil puestos de trabajo por año”, agregó. Recordó que desde que se involucró en actividades políticas, siempre ha sido su aspiración aportar a la creación de condiciones económicas y sociales, que permitan a la gente obtener un empleo digno.
La actividad de celebración
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.