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¿Cuál es la situación de la clase trabajadora desde la óptica sindical y patronal?

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SANTO DOMINGO. El Día Internacional del Trabajo se conmemora hoy con demandas y preocupaciones desde el sector laboral y con una visión de progreso desde la mirada patronal.

La celebración encuentra un panorama local con una tasa de desempleo que ronda el 5.1 %, falta de consenso para reformar el Código Laboral, salarios mínimos que no cubren el alto costo de la canasta familiar y falta de equidad en la aplicación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social.

Desde la óptica del sector sindical son pocos los logros importantes exhibidos en materia de legislación: en 1992 el Código Laboral y el 2001 la Ley sobre la Seguridad Social, ambos con requerimientos ya de modificación.

En el orden salarial, el último de los aumentos se logró el pasado año 2017, un 20 % al sueldo mínimo privado no sectorizado. Los salarios mínimos van desde RD$15,447.60; RD$10,620.00; a RD$9,411.60, mientras los vigilantes privados devengan RD$13,032.00 y los trabajadores del campo un salario diario de RD$320.40.

Dichas escalas salariales, no han podido equilibrarse con el costo de la canasta familiar que para marzo del 2017 se ubicó en RD$29,014.24, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La cesta de gastos básicos en el quintil más pobre de la población se situó en RD$13,220.72. En los dos primeros meses de este año 2018, el crecimiento económico promedio fue de 6.7% del producto interno bruto (PIB), un bienestar que los trabajadores dicen que no perciben. Rafael –Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical(CNUS), asegura que hay una grave situación de deuda social con el trabajador dominicano, pues no se ha logrado que el salario sea una fuente de ingreso que le permita no ser contado dentro de la escala de los pobres.

El salario no rompe la barrera de la pobreza, dice.

Admite, que se ha mejorado en trabajo, pues se han conseguido unas cuantas mejoras, pero “no hemos podido equilibrar canasta familiar e ingreso”, afirma.

Al tocar el aspecto de la seguridad social, Abreu precisa que se conquistó la Ley 87-01, con el logro de que el mayor aporte lo hiciera el empresario, una especie de 70 a 10.

Sin embargo, ese logro, afirma, se ha constituido en una especie de trampa, pues ha contribuido a enriquecer a los sectores financieros, de la medicina, prestadores del sistema de salud, mientras los trabajadores siguen recibiendo un precario servicio. Aduce que los trabajadores deben tener un plan complementario para recibir una salud digna.

“Tenemos una situación en que la propia ley ha creado diferencias en salud que no deben ser. La palabra igualdad no existe en salud y queremos equidad, que tampoco existe”, sostiene.

Anunció que este primero de mayo, los trabajadores presentarán un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Social para lograr una superación de esas deficiencias.

¿Avances o estancamiento?

Hay avances, considera Abreu. Dice que hoy día la represión sindical es más sutil, ya que “no hay policías persiguiendo ni matando gente, ni enviándolos a La Victoria o al exilio como se hacía antes”.

“Pero sigue siendo restrictivo el derecho de los trabajadores a sindicarse, pese a que está en la Constitución y en los convenios laborales”, destacó.

El presidente de la CNUS, manifestó que no quiere presentar la vida laboral como trágica, “porque entonces se podría ver que no ha servido de nada y sí ha servido de mucho. Pero no hemos avanzado como se merece el trabajador dominicano”, asevera.

La mirada patronal

La otra cara de la hoja presenta la visión de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), cuyo presidente Fermín Acosta, señala que el Día Internacional del Trabajo encuentra al sector en un proceso de revisión de las normativas que rigen el trabajo en el país.

“Por cierto con una estabilidad que se ha mantenido por muchos años en la situación del empleo del trabajador, el desempleo en todos los sentidos para todo el país, creemos que estamos en un buen momento para la actualización de esas normativas para que tengamos un Código Laboral que sea incluyente, moderno, que disminuya la informalidad y el desempleo”, puntualizó.

Aprovechó la fecha para agradecer a la masa trabajadora, unos 4.6, millones de dominicanos, para que continúen laborando con la eficiencia con que lo han hecho en procura de entrar en una etapa donde la productividad impacte positivamente tanto al empleado como al empleador.

Acosta se mostró confiando en que este año se podrá tener un Código Laboral mucho más moderno. Hizo un llamado a qué se mantenga la estabilidad, el crecimiento y el tripartimos en la seguridad social.

Asimismo, calificó como un sofisma los planteamientos de que los salarios mínimos no cubren el costo de la canasta familiar.

“Eso no es una realidad, lo que sucede es que mucha gente cuando habla del salario mínimo es de una persona y la canasta familiar es de una familia, cuando usted suma la cantidad de personas que trabajan por familia siempre estamos por encima de la canasta familiar comparando del quintil de que se trata”, aseveró.

Explicó que cuando se contrasta la canasta familiar promedio con el salario mínimo, no dará, porque ahí esta la canasta de los ricos, pero cuando se compara por quintil el salario mínimo está por encima de la canasta familiar, según su óptica.

El 1° de mayo se conmemora en todo el mundo en homenaje a los Mártires de Chicago, ejecutados por su participación en la lucha por la jornada laboral de ocho horas.

Medina exhorta a trabajadores a esforzarse

El presidente Danilo Medina exhortó al pueblo dominicano a seguir esforzándose “por la prosperidad del país y por el afianzamiento de la justicia social, la equidad y el respeto a la dignidad humana, que inspiraron a los forjadores” de la nacionalidad dominicana.

El jefe de Estado hizo el llamado en un mensaje con motivo de conmemorarse este martes, el Día Internacional del Trabajo. Aprovechó la ocasión para enviar un saludo fraternal a todos los hombres y mujeres que, por medio de su trabajo, contribuyen al engrandecimiento de la Patria.

“Cuando asumí la Presidencia de la República, en el año 2012, planteé la meta de crear durante el período 400 mil empleos formales, equivalentes a 100 mil por año, como primer paso para contribuir a la disminución de la pobreza y a elevar los niveles de vida de la población”, expresó el mandatario a través de una misiva.

“Cada año hemos ido superando la meta, hasta el punto de que, hasta diciembre de 2017, la cifra total de nuevos ocupados era de 606,019, es decir, que podemos hablar con propiedad de un promedio de 120 mil puestos de trabajo por año”, agregó. Recordó que desde que se involucró en actividades políticas, siempre ha sido su aspiración aportar a la creación de condiciones económicas y sociales, que permitan a la gente obtener un empleo digno.

La actividad de celebración
La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), realizarán hoy una concentración de trabajadores en el auditorio del Club Mauricio Báez, de Villa Juana. La actividad está programada para las 10 de la mañana.
diariolibre.com

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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.

La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.

Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.

El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.

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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.

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Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.

En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.

Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.

Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.

Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.

El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.

En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.

El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.

Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.

Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.

Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.

Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.

Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.

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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.

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Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.

El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.

En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.

Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.

Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.

Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.

El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.

La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.

Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.

El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.

En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.

El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.

Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.

Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.

También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medinahermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.

La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.

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