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Muchos de los nuevos senadores se resisten a dejar de recibir el barrilito.
Santo Domingo, R.D.-No son pocos los senadores electos en las pasadas elecciones congresuales y presidenciales de diferentes provincias del pais que ya anunciaron que recibirán el barrilito, entre ellos Monte Plata, Independencia, Santiago, Barahona y Santiago Rodríguez.
Esto a pesar de la diferencia de opiniones que causa este fondo asignado por el Congreso Nacional a los legisladores para utilizarlos como mitigador de las precariedades de servicios públicos en las provincias.
“Eso va a ser posible cuando los ciudadanos tomen conciencia de para qué eligen sus representantes”, dijo el senador electo.
El senador electo de Independencia, Dagoberto Rodríguez, expresó que quien no quiera los fondos que se los de a él, para utilizarlos en Jimaní y en los bateyes de su demarcación.
“El que no los quiera que me los dé para yo usarlo en Jimaní, en Descubierta, en Batey 6, 7, 8 y 9, que es la zona más deprimida que tiene el país. Claro, yo quiero decirles a ustedes que yo he hecho y hago 20 cirugías los sábados y 10 los domingos gratis… Yo doy 90 mil cuadernos por año…”, dijo Dagoberto, representante del PRM.
«En Santiago tenemos una población importante de 1 millón 24 mil habitantes y reclaman muchos servicios que, aunque tiene prioridad la parte de salud, también tiene deportes, educación y muchas fundaciones que hay que ayudar”, destacó.
Asimismo, el diputado Moises Ayala, próximo senador de Barahona; y Antonio Marte, reelecto como senador de Santiago Rodríguez; se refirieron al barrilito en los mismos términos, asegurando que lo ejecutarán en beneficio de ciudadanos con mayor calamidades residentes en su provincia.
PUERTO PLATA
Aunque no confirmó si a partir de ser posesionada nuevamente en la curul continuará tomando “el barrilito”, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, prefiere servir y ayudar a sus compueblanos por medio de este, solucionando así la falta de capacidad que tiene el Gobierno para enfrentar algunas problemáticas en su provincia.
“Yo prefiero repartirlo y darlo con una receta, mientras el Estado no tenga la capacidad de poder rápidamente auxiliar una gran cantidad de accidentes y que se necesitan…”, manifestó la legisladora del PRM en abril, antes de celebradas los comicios congresuales.
Mientras tanto, Omar Fernández, un joven de 32 años de edad que a partir del 16 agosto será el senador del Distrito Nacional, aún no ha decidido si tomara este fondo. Fernández consideró el barrilito como una “distorsión”, debido a que la función de un legislador no es utilizar ese fondo.
Sin embargo, Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo y actual diputado del Distrito Nacional, plantea que lo correcto sería que los congresistas transparenten los gastos y le rindan cuentas al pueblo dominicano, teniendo en cuenta que este dinero está contemplado en el presupuesto del Senado.
Mientras tanto, solo tres de los 32 senadores que actualmente ocupan la curul en el hemiciclo de la cámara alta decidieron no tocar este fondo económico asignado para ofrecer asistencias sociales.
Tal es el caso de Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, Antonio Taveras, de Santo Domingo; y Eduardo Estrella de Santiago, los tres integrantes del bloque oficialista. Raful destina esta cartera económica a una oficina técnica legislativa.
¿QUE REPRESENTA “EL BARRILITO”?
“El barrilito”, que es un fondo de asistencia social conformado en 2006, representa en términos de gastos para el presupuesto del Estado dominicano RD$252, 858,000; lo que es equivalente a RD$21,071,000 al mes. Este monto es distribuido entre los 32 senadores.
A pesar de que legisladores del oficialismo han propuesto la eliminación del barrilito, aún no ha sido aprobado un proyecto legislativo que logre esto.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.