Opinión
Cuando cuatro son más que mil
Por Hamlet Hermann
El cinismo criminal de Balaguer nunca tuvo vacaciones
Por más que se busque en la historia dominicana no se encontrará un caso de valentía y arrojo como el que desarrollaron dos jóvenes veinteañeros el 12 de enero de 1972. Acorralados en un profundo hueco natural de roca costera, fueron rodeados Amaury Germán Aristy y Virgilio Perdomo Pérez por millar y medio de militares, entrenados y armados con modernos instrumentos de guerra. Además, contaban con el apoyo de carros blindados, tanques de guerra, helicópteros, aviones, cañones sin retroceso, morteros y lanzallamas.
Ante la asombrosa relación de un defensor por cada 750 atacantes y sin posibilidad alguna de desplazarse en el terreno, esos dos titanes mantuvieron a raya durante diez horas a las élites policial y militar de República Dominicana. En ese lugar y en las condiciones impuestas por la sorpresa, no contaron con refuerzos que permitieran una contraofensiva. Los estrechos cercos concéntricos se extendían por un kilómetro. No tuvieron comunicación alguna que permitiera coordinar actividades con los compañeros que estaban obligados a actuar resueltamente en casos como ese, nunca abandonarlos. Sorprendía entonces que nadie osara siquiera realizar actividades de distracción que permitieran ganar tiempo para zafarse de la trampa en que habían caído.
Ese descomunal adversario militar no respetaba reglas de guerra, aleccionado como estaba en el abuso, la tortura y el crimen espeluznante con la impunidad garantizada. Había sido formado políticamente por el tirano Trujillo y fortalecido ideológicamente por la doctrina de seguridad nacional que orientaba la guerra fría. Todo patriota democrático era considerado “comunista”. Eso era equivalente a considerarlo como enemigo a muerte si proclamaba una transformación igualitaria del orden social, no importaba si éste fuera un movimiento populista o religioso.
Esas fuerzas armadas y policía nacional nunca habían cumplido con lo que la Constitución establece para sus instituciones. Siempre se han aliado sumisamente al invasor extranjero convirtiéndose, de hecho y de derecho, en negadores de la patria. Eran militares “made in USA” que habían asesinado gavilleros, patriotas y constitucionalistas en vez de sumarse a la defensa de la soberanía nacional.
Ante el inexorable final de tan desigual lucha, varios notables de la sociedad dominicana formaron una comisión para evitar un genocidio. El presidente Joaquín Balaguer puso oídos sordos a este reclamo alegando que participaba en una burocrática reunión de la Comisión de Desarrollo.
Mientras, en el campo de batalla del kilómetro 14 de la autopista de Las Américas, volvía a escucharse la consigna que se impuso en el intento de asesinato contra el coronel Francisco Caamaño Deñó en el hotel Matum en diciembre de 1965. “¡Que no salga uno vivo!”. Allí y entonces imponían esa orden el Secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez y el jefe de la Policía Nacional, Neit Nivar Seijas.
La incapacidad y la cobardía de las exageradas tropas atacantes fueron tan notorias que un grupo de oficiales del Grupo Consultivo de Asistencia Militar de Estados Unidos (MAAG) se presentó en el lugar de los hechos para asegurarse de que el exterminio fuera concluyente y nadie quedara para contar la historia de aquellos dignos miembros de la generación de “Los Muchachos”. Un avión estadounidense sobrevoló el área en tareas de localización.
La impotencia del malvado se magnificó cuando los cadáveres de aquellos cuya valentía humilló a esos militares fueron golpeados, apuñalados, desfigurados y quemados con excesiva saña. La cobardía se rendía así ante la determinación heroica de “Los Palmeros” que representan la historia de lo mejor del pueblo dominicano.
Tan pronto como se informó al presidente Balaguer que la misión de aniquilamiento total había sido completada, sus oídos se despejarían. El encargado de protocolo del Palacio Nacional citó entonces al Nuncio Apostólico para escuchar la petición que desde media mañana había tratado de hacerle llegar. El cinismo criminal de Balaguer nunca tuvo vacaciones.
Un decreto presidencial emitido esa noche del 12 de enero de 1972, ascendía póstumamente a los militares y policías que habían caído en la brutal y exagerada agresión. Mientras, la criminalidad congénita de Balaguer se solazaba al saber que aquel día cortaba el cordón umbilical más sólido que podía encontrar el enemigo de quien más se cuidaba entonces: el coronel Francisco Caamaño Deñó.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.