Opinión
Cuando la Miopía Gobierna
Por Isaías Ramos
Hay decisiones que marcan la diferencia entre civilización y barbarie. Esta es una de ellas.
El gobierno dominicano ha decidido mutilar el Jardín Botánico con la excusa de “mejorar la fluidez vehicular”. ¿Puede llamarse visión sacrificar un pulmón verde para ocultar el fracaso histórico de la movilidad nacional? No. Esto no es planificación: es barbarie disfrazada de modernidad.
El Jardín Botánico no es un lujo: es vida. Es el último respiro de una capital que se asfixia en humo, ruido y cemento. Arrancarlo para abrir más asfalto es como amputarse los pulmones para correr más rápido. Ningún país que respete la vida mutila sus reservas naturales para tapar la improvisación de sus gobernantes. Pero esta no es solo una decisión equivocada: es la prueba de que el poder sigue en manos de hombres miopes que hipotecan el futuro por minutos en el tránsito.
Hace décadas, Joaquín Balaguer —con todas las críticas que merece su legado— entendió que la planificación urbana era la base del desarrollo. Por eso construyó parques, avenidas y áreas verdes que todavía hoy amortiguan el caos. Si no fuera por esa visión, Santo Domingo sería una jungla intransitable. Después de él, ¿qué vino? Gobiernos sin propósito, que cambiaron la visión por parches y la ética por clientelismo.
Las cifras son un grito que no se puede silenciar: la República Dominicana tiene más de seis millones de vehículos, y 3.5 millones son motocicletas: el 58 % del parque vehicular. Este dato no es cultura popular: es el retrato brutal de gobiernos que renunciaron a planificar. El costo humano es devastador: en lo que va de 2025, más de 1,400 dominicanos han perdido sus vidas en accidentes de tránsito, y más del 70 % de esas tragedias involucran motocicletas. Desde hace años, el país ocupa uno de los primeros lugares del mundo en muertes por accidentes viales, un ranking que nos llena de vergüenza y dolor.
En promedio, cerca de siete dominicanos pierden la vida cada día en accidentes de tránsito. Y no hablamos de palomas ni de pollos: hablamos de vidas humanas. Cada día, siete familias dominicanas reciben la peor llamada: que un hijo, un padre o una madre no volverá a casa. Si esto no es violencia, ¿qué lo es? No solo se mata con fusiles —como en las dictaduras sanguinarias— también se mata con la falta de oportunidades, la ausencia de visión, la falta de formación humana, educación urbana, cívica y moral. Se mata con el clientelismo y la opresión de un sistema que prefiere perpetuar la miseria antes que planificar el desarrollo.
No es casual que la nación esté atrapada en este desorden. Como dice la Escritura: “Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena; pero bienaventurado el que guarda la ley” (Proverbios 29:18). Y cuando el pueblo se desenfrena, la anarquía y la muerte se convierten en normalidad, porque quienes gobiernan lo hacen sin propósito ni dirección.
Por eso necesitamos recuperar la visión. Porque está escrito: “Donde no hay visión, el pueblo perece”. Hoy, nuestra Constitución —nuestra ley suprema— nos ordena construir un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa debe ser nuestra visión. Pero la partidocracia la ignora y la traiciona, y ha hecho del atraso su negocio.
Y que nadie se engañe: ese cambio no vendrá de la partidocracia. El pueblo dominicano debe empoderarse para respaldar candidaturas independientes auténticas, libres de ataduras a ese sistema extractivo y comprometidas con hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho.
En el Frente Cívico y Social asumimos esta lucha como un compromiso irreversible con la nación. No buscamos parches: buscamos un cambio estructural que devuelva al pueblo su derecho a vivir con dignidad, en un país planificado, seguro y justo. Nuestra hoja de ruta es clara: Orden, Justicia e Igualdad de Oportunidades.
El Jardín Botánico no es solo un jardín: es la línea divisoria entre el país que improvisa y el país que se atreve a planificar su futuro. Porque gobernar no es mutilar pulmones: gobernar es anticipar el porvenir y garantizar la vida.
Hoy, más que nunca, el pueblo tiene el poder de romper la cadena de improvisación. No es un sueño: es un deber histórico. El futuro comienza cuando decimos basta y elegimos gobernarnos con visión. Porque la miopía en el poder mata tanto como la dictadura; solo que lo hace en silencio, con asfalto, humo y miseria.
Visión es vida. Miopía es muerte. Elige la visión.
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.