Opinión
Cuando la Miopía Gobierna
Por Isaías Ramos
Hay decisiones que marcan la diferencia entre civilización y barbarie. Esta es una de ellas.
El gobierno dominicano ha decidido mutilar el Jardín Botánico con la excusa de “mejorar la fluidez vehicular”. ¿Puede llamarse visión sacrificar un pulmón verde para ocultar el fracaso histórico de la movilidad nacional? No. Esto no es planificación: es barbarie disfrazada de modernidad.
El Jardín Botánico no es un lujo: es vida. Es el último respiro de una capital que se asfixia en humo, ruido y cemento. Arrancarlo para abrir más asfalto es como amputarse los pulmones para correr más rápido. Ningún país que respete la vida mutila sus reservas naturales para tapar la improvisación de sus gobernantes. Pero esta no es solo una decisión equivocada: es la prueba de que el poder sigue en manos de hombres miopes que hipotecan el futuro por minutos en el tránsito.
Hace décadas, Joaquín Balaguer —con todas las críticas que merece su legado— entendió que la planificación urbana era la base del desarrollo. Por eso construyó parques, avenidas y áreas verdes que todavía hoy amortiguan el caos. Si no fuera por esa visión, Santo Domingo sería una jungla intransitable. Después de él, ¿qué vino? Gobiernos sin propósito, que cambiaron la visión por parches y la ética por clientelismo.
Las cifras son un grito que no se puede silenciar: la República Dominicana tiene más de seis millones de vehículos, y 3.5 millones son motocicletas: el 58 % del parque vehicular. Este dato no es cultura popular: es el retrato brutal de gobiernos que renunciaron a planificar. El costo humano es devastador: en lo que va de 2025, más de 1,400 dominicanos han perdido sus vidas en accidentes de tránsito, y más del 70 % de esas tragedias involucran motocicletas. Desde hace años, el país ocupa uno de los primeros lugares del mundo en muertes por accidentes viales, un ranking que nos llena de vergüenza y dolor.
En promedio, cerca de siete dominicanos pierden la vida cada día en accidentes de tránsito. Y no hablamos de palomas ni de pollos: hablamos de vidas humanas. Cada día, siete familias dominicanas reciben la peor llamada: que un hijo, un padre o una madre no volverá a casa. Si esto no es violencia, ¿qué lo es? No solo se mata con fusiles —como en las dictaduras sanguinarias— también se mata con la falta de oportunidades, la ausencia de visión, la falta de formación humana, educación urbana, cívica y moral. Se mata con el clientelismo y la opresión de un sistema que prefiere perpetuar la miseria antes que planificar el desarrollo.
No es casual que la nación esté atrapada en este desorden. Como dice la Escritura: “Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena; pero bienaventurado el que guarda la ley” (Proverbios 29:18). Y cuando el pueblo se desenfrena, la anarquía y la muerte se convierten en normalidad, porque quienes gobiernan lo hacen sin propósito ni dirección.
Por eso necesitamos recuperar la visión. Porque está escrito: “Donde no hay visión, el pueblo perece”. Hoy, nuestra Constitución —nuestra ley suprema— nos ordena construir un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa debe ser nuestra visión. Pero la partidocracia la ignora y la traiciona, y ha hecho del atraso su negocio.
Y que nadie se engañe: ese cambio no vendrá de la partidocracia. El pueblo dominicano debe empoderarse para respaldar candidaturas independientes auténticas, libres de ataduras a ese sistema extractivo y comprometidas con hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho.
En el Frente Cívico y Social asumimos esta lucha como un compromiso irreversible con la nación. No buscamos parches: buscamos un cambio estructural que devuelva al pueblo su derecho a vivir con dignidad, en un país planificado, seguro y justo. Nuestra hoja de ruta es clara: Orden, Justicia e Igualdad de Oportunidades.
El Jardín Botánico no es solo un jardín: es la línea divisoria entre el país que improvisa y el país que se atreve a planificar su futuro. Porque gobernar no es mutilar pulmones: gobernar es anticipar el porvenir y garantizar la vida.
Hoy, más que nunca, el pueblo tiene el poder de romper la cadena de improvisación. No es un sueño: es un deber histórico. El futuro comienza cuando decimos basta y elegimos gobernarnos con visión. Porque la miopía en el poder mata tanto como la dictadura; solo que lo hace en silencio, con asfalto, humo y miseria.
Visión es vida. Miopía es muerte. Elige la visión.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!