Opinión
Cuando trabajar no alcanza
Por Isaías Ramos
Antes de hablar de cifras, pensemos en algo simple y doloroso: en este país, un trabajador puede levantarse cada día a las cinco de la mañana, trabajar diez horas, y aun así no poder comprar toda la comida del mes. Ese es el corazón del problema.
Cumplir con la indexación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es justicia; asegurar salarios que cubran la canasta básica es dignidad. Todo lo demás son excusas.
Según datos oficiales del Banco Central y de la Tesorería de la Seguridad Social, la canasta familiar nacional ya alcanza los RD$47,534; incluso la canasta del quintil más pobre cuesta RD$28,445. Y, aun así, los salarios formales que sostienen la economía no llegan: RD$37,041 en industria, RD$34,069 en comercio, RD$28,237 en agro y apenas RD$26,219 en hoteles, bares y restaurantes.
El turismo, vendido como joya del progreso, paga un salario promedio que no alcanza ni al 60 % de la canasta nacional, y más de la mitad de sus trabajadores ni siquiera están formalizados. Trabajar deja de ser sinónimo de seguridad y se convierte en sinónimo de supervivencia.
La última encuesta de CID Gallup termina de trazar el rostro real de la crisis: un 60 % de los dominicanos admite que no tuvo dinero suficiente para comprar comida el mes pasado. Ese 60 % no es una estadística: es la madre que deja productos en la caja porque no le alcanza; el padre que decide cuál comida saltarse; el joven que trabaja y aun así vive con hambre. Esa es la voz del país real, no la de los discursos complacientes.
Nadie desconoce que el turismo y las zonas francas han traído inversión y empleo. Pero precisamente porque son sectores privilegiados por el Estado, la pregunta es cómo tratan a la mayoría de sus trabajadores.
Las zonas francas, presentadas como “caso de éxito”, descansan sobre salarios de alrededor de RD$21,142 para la mayoría de su fuerza laboral operaria. Ese monto no cubre ni la canasta del quintil más pobre, mucho menos la canasta nacional. Y, sin embargo, disfrutan de exenciones fiscales cercanas al 100 %. Lo mismo ocurre con el turismo: privilegios fiscales gigantescos arriba, salarios insuficientes abajo. Es un modelo que socializa la precariedad y privatiza los beneficios.
Y ahí es donde el discurso económico choca de frente con la Constitución. El artículo 62.9 es claro: todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente. Y un salario suficiente es, como mínimo, un salario que permita cubrir la canasta básica. Un salario que no cubre las necesidades esenciales no es justo ni suficiente; es una negación de la dignidad humana. Ese mismo artículo dice que fomentar el empleo digno y remunerado es una finalidad esencial del Estado. No un deseo. No un lema. Un mandato.
Por eso es tan grave que el Estado haya congelado la indexación año tras año. La indexación no es un regalo ni una concesión: es el mecanismo que impide que la inflación le robe poder adquisitivo al trabajador. Cuando no se aplica, el Estado termina cobrando más impuesto sin que el trabajador gane más en términos reales. Es un castigo encubierto. Es lo contrario de justicia. Y mientras tanto, cientos de miles de asalariados formales de clase media ven cómo su salario sube en papeles, pero baja en la vida real.
La contradicción se vuelve escandalosa cuando se mira el cuadro completo: mientras se alegan 19 mil millones de pesos para no aplicar la indexación, se mantienen regímenes fiscales que cuestan más de 380 mil millones y que benefician, precisamente, a los sectores que pagan los salarios más bajos. ¿Cómo se justifica que las exenciones más generosas recaigan sobre los sectores que menos aportan a la dignidad salarial? ¿Cómo se explica que la ley que protege a los asalariados se congele, mientras las leyes que protegen privilegios se blindan?
Las preguntas que surgen son simples, humanas, imposibles de ignorar: ¿Puede llamarse digno un empleo cuyo salario no cubre ni la canasta básica? ¿Puede un Estado social negarse a aplicar una indexación que es obligación legal y, al mismo tiempo, defender exenciones millonarias para quienes pagan sueldos de subsistencia? ¿Puede hablarse de justicia cuando millones trabajan y aun así no pueden cubrir sus necesidades esenciales?
Cuando la respuesta honesta es “no”, la conciencia empieza a despertarse. Porque este no es un debate técnico: es un problema moral. Y toda sociedad sana necesita distinguir entre privilegio y derecho, entre excepción y obligación, entre complacencia y justicia.
En el Frente Cívico y Social afirmamos con claridad: un salario que no cubre la canasta básica es una violación al derecho más elemental del trabajador. Y congelar la indexación es permitir que esa violación se profundice. Porque no hay crecimiento que valga si se construye sobre la angustia diaria de quienes hacen funcionar el país.
Un país que se respeta no sacrifica la dignidad de muchos para proteger los privilegios de unos pocos. La indexación es justicia. Garantizar salarios que cubran las necesidades básicas es dignidad. Y todo Estado que aspire a ser social, democrático y de derecho debe asegurar, como mínimo, ambas cosas. Lo contrario no es solo injusto: es, en esencia, inconstitucional.
Porque un país solo avanza cuando se niega a aceptar la injusticia como normalidad.
Despierta RD.
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.