Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general Jean Alain Rodríguez retornó al país este domingo  desde España, país donde se le autorizó viajar para que se realizara estudios médicos. La información fue dada a conocer por su defensa y luego confirmada por el Ministerio Público.

Los abogados de Rodríguez manifestaron que su regreso al país en las condiciones autorizadas por el tribunal, «confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia» y desmienten una supuesta intención de «fuga».

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo contra el exfuncionario, le autorizó viajar a Madrid, España, para que se haga las evaluaciones médicas, desde el miércoles 22 de abril, en horas de la tarde, hasta este domingo 26 de abril.

La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, argumentó en la audiencia, el mismo miércoles, que el viaje «no trastorna el curso» del juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario«, que se conoce los lunes y miércoles.

Se recuerda que en Madrid, España, se encuentra el principal delator del caso de presunto dolo del dinero del Estado, Rafael Stefano Canó Sacco, país donde huyó antes de darse a conocer el proceso de corrupción.

• «El señor Jean Alain Rodríguez mantiene su arraigo completo en el país y ha permanecido a disposición de la justicia en todo momento. Finalmente, se reafirma que el señor Jean Alain Rodríguez seguirá compareciendo ante el tribunal con la misma disposición y transparencia que ha caracterizado su conducta», afirma su defensa en un documento de prensa.

Continuará con sus incidentes

El consejo de defensa de Rodríguez, encabezado por Carlos Balcácer y Nelys Rivas, reiteró en la misma comunicación de prensa en donde informan su retorno de España, que este lunes 27 de abril continuarán presentando las solicitudes y planteamientos de nulidad sustentados en múltiples violaciones y fraudes procesales que han manchado el proceso contra su cliente.

Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.

Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.

Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.

Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.

los imputados

Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.

“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.

“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.

Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.

La acusación

El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.

Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.

Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.

Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.

Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.

Contexto de la condena

Antecedentes del caso

La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.

Otros condenados en la red

Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.

18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.

El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.