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Acusados de corrupción devuelven miles de millones al Estado.

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Santo Domingo, R.D.-Se estima que los imputados en los casos de corrupción de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han devuelto al Estado alrededor de más de cuatro mil millones de pesos a propósito de los acuerdos entre los implicados en casos de corrupción y el Ministerio Público.

El presunto primer caso de corrupción que se destapó, fue la operación Antipulpo, donde el principal implicado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. De acuerdo al Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció el 16 de enero de 2023 que los encartados arribaron a un acuerdo donde el Estado dominicano recuperó RD$200 millones por concepto de bienes, muebles, inmuebles y dinero.

Alexis Medina, principal implicado en caso Antipulpo, supuesto entramado de corrupción. (Fuente externa).

Exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en supuesto entramado de corrupción conocido como Medusa. (Foto de archivo).

Otro caso sonoro de presunta corrupción fue el caso Medusa, cuyo principal encartado es el exprodurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apresado el 29 de junio de 2021 en la sede del Ministerio Público dando inicio a la investigación, cuya presunta red «desfalcó» al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

Pese al monto de los 6 mil millones de pesos presuntamente sustraídos por la red de corrupción, el Ministerio Público hizo pública la información de que había recuperado par las arcas del Estado aproximadamente RD$ 800 millones de pesos del caso Medusa, conocido el pasado 7 de julio de 2022.

Los supuestos actos de corrupción de pasadas gestiones de gobierno tocó también el círculo íntimo de funcionarios del más alto nivel, lo confirma el Pepca cuando llevó a cabo en marzo de 2023 la operación Calamar.

Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de corrupción. (Foto de archivo).

Los principales implicados de la operación Calamar fueron pasados funcionarios del PLD muy cercanos al expresidente Medina, tales como Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, acusados de encabezar una red de servidores públicos de alto nivel que sustrajo por diferentes vías más de RD$ 41 mil millones en operaciones financieras encubiertas.

Según el Pepca, para marzo de 2023 los implicados en el caso Calamar habían devuelto una suma de 2 mil millones de pesos, entregadas en dinero e inmuebles al Estado dominicano.

La lista de casos de presunta corrupción también llegó a las filas de los cuerpos castrenses cuando se destapó el caso Coral y Coral 5G, cuyo principal encartado es Adán Cáceres quien se desempeñó hasta su arresto en abril de 2021 como jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Según el Pepca estos entramados de corrupción sustrajeron más de 4 mil millones de pesos, de los cuales el militar encartado Erasmo Pérez «operativo» de Adán Cáceres devolvió 1000 mil millones de pesos, según el abogado Zacarías Payanos en unas declaraciones el 8 de diciembre de 2022 tras salir de una audiencia de este caso Coral.

Hasta el momento las autoridades del Ministerio Público no han precisado con actitud el monto de lo recuperado en concepto de dinero, bienes e inmuebles a encartados de corrupción.

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Gobierno deposita en Senado proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la DNI

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.

La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.

El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.

«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.

También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».

De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.

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llaman empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar labores

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.

A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP aseguró que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas; ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública, iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos y recursos humanos.

“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.

El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.

“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.

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Abinader designa como presidenta del Gabinete de Educación a Raquel Peña.

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Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña,  vicepresidenta de la República,  fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.

El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.

En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.

En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.

Joel Santos

En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.

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