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Acusados de corrupción devuelven miles de millones al Estado.

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Santo Domingo, R.D.-Se estima que los imputados en los casos de corrupción de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han devuelto al Estado alrededor de más de cuatro mil millones de pesos a propósito de los acuerdos entre los implicados en casos de corrupción y el Ministerio Público.

El presunto primer caso de corrupción que se destapó, fue la operación Antipulpo, donde el principal implicado es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. De acuerdo al Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció el 16 de enero de 2023 que los encartados arribaron a un acuerdo donde el Estado dominicano recuperó RD$200 millones por concepto de bienes, muebles, inmuebles y dinero.

Alexis Medina, principal implicado en caso Antipulpo, supuesto entramado de corrupción. (Fuente externa).

Exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en supuesto entramado de corrupción conocido como Medusa. (Foto de archivo).

Otro caso sonoro de presunta corrupción fue el caso Medusa, cuyo principal encartado es el exprodurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apresado el 29 de junio de 2021 en la sede del Ministerio Público dando inicio a la investigación, cuya presunta red «desfalcó» al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

Pese al monto de los 6 mil millones de pesos presuntamente sustraídos por la red de corrupción, el Ministerio Público hizo pública la información de que había recuperado par las arcas del Estado aproximadamente RD$ 800 millones de pesos del caso Medusa, conocido el pasado 7 de julio de 2022.

Los supuestos actos de corrupción de pasadas gestiones de gobierno tocó también el círculo íntimo de funcionarios del más alto nivel, lo confirma el Pepca cuando llevó a cabo en marzo de 2023 la operación Calamar.

Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de corrupción. (Foto de archivo).

Los principales implicados de la operación Calamar fueron pasados funcionarios del PLD muy cercanos al expresidente Medina, tales como Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, acusados de encabezar una red de servidores públicos de alto nivel que sustrajo por diferentes vías más de RD$ 41 mil millones en operaciones financieras encubiertas.

Según el Pepca, para marzo de 2023 los implicados en el caso Calamar habían devuelto una suma de 2 mil millones de pesos, entregadas en dinero e inmuebles al Estado dominicano.

La lista de casos de presunta corrupción también llegó a las filas de los cuerpos castrenses cuando se destapó el caso Coral y Coral 5G, cuyo principal encartado es Adán Cáceres quien se desempeñó hasta su arresto en abril de 2021 como jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Según el Pepca estos entramados de corrupción sustrajeron más de 4 mil millones de pesos, de los cuales el militar encartado Erasmo Pérez «operativo» de Adán Cáceres devolvió 1000 mil millones de pesos, según el abogado Zacarías Payanos en unas declaraciones el 8 de diciembre de 2022 tras salir de una audiencia de este caso Coral.

Hasta el momento las autoridades del Ministerio Público no han precisado con actitud el monto de lo recuperado en concepto de dinero, bienes e inmuebles a encartados de corrupción.

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40 modificaciones tuvo el Nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la nueva Ley 74-25 del Código Penal, la cual entra en vigencia durante la primera semana de agosto.

Los diputados decidieron enviar al Senado de la República la pieza que tiene el objetivo de variar el contenido de 40 artículos, agregando ocho cambios a los 32 realizados en la sesión desarrollada el pasado sábado.

La iniciativa pasará al Senado de la República, donde deberá ser sometida a votaciones en dos discusiones. Si fuese acogida, sería remitida a las manos del presidente Luis Abinader, quien decidirá si los acoge.

Dentro de las alteraciones establecidas por los legisladores de la Cámara Baja se encuentra una disposición agregada al artículo 238 que sanciona la estafa agravada cinco a diez años de prisión mayor.

Los diputados adicionaron un párrafo para que especificar que se constituye estafa agravada cuando alguien intente vender o prometer un bien en plano, recibiendo total o parcialmente el precio convenido o cuando sea vendido.

Además, cuando una sola propiedad haya sido comercializada a dos personas.

No obstante, incluye la penalización de los casos en que la captación de persona se realice fuera del país, así como si utilizan establecimientos para facilitar la explotación sexual.

El presidente de la Cámara Baja, diputado Alfredo Pacheco, informó que esta moción fue propuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que estaba contenida en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona.

El apartado en el cual se encontraba esa palabra busca especificar que quien sea cómplice de la consumación del hecho antes mencionado será sancionado con la misma pena de la persona que orquestó su secuestro. El castigo es de dos a tres años de prisión menor y una multa de hasta 15 salarios mínimos.

El otro cambio fue realizado al artículo 142 que versa sobre el exhibicionismo sexual. Los diputados agregaron un numeral en este para eximir de responsabilidad penal cuando ocurra la realización de esos actos en contextos artísticos destinados a personas mayores de edad que no impliquen una afectación del bien jurídico.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos presentó una nuevo párrafo para el artículo 173 que tipifica la discriminación.

“No habrá discriminación cuando la acción u omisión se fundamente en el ejercicio legítimo de una facultad constitucional o legal en la imposibilidad material o en caso de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los supuestos previstos de estos artículos”, establece el texto.

Según explicó Pacheco, este fue elaborado para atender una ola de críticas que registraron en las redes sociales durante los últimos días.

Los artículos 104, sobre Daños por aplicación de sustancias químicas (ácido del diablo), y 141 que regula la prescripción de los delitos sexuales solo recibieron modificaciones de estilo.

Mientras que el último artículo aprobado por el órgano legislativo permitirá que los técnicos realicen cualquier arreglo ante la aparición de faltas ortográficas o de otro tipo.

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Destinan a víctimas de violencia de género 10% recaudaciones bienes incautados.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley que agrega dos párrafos al numeral dos del artículo 82 de la la Ley 60-23 para que destine al menos un 10% de lo recaudado en los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, sean destinados políticas de protección a mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa propuesta por el senador Pedro Catrain busca que de los fondos recaudados a través de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, se destine un porcentaje fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta institucional, protección y asistencia integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

La pieza legislativa plantea que sea prioridad dar apoyo a las casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio con el propósito de reformar “la cultura machista” en perjuicio de los derechos y dignidad de la mujer.

Asimismo, establece la implementación de planes y programas en las escuelas públicas para promover una nueva forma de masculinidad que permita cambiar la cultura tradicional de comportamiento del hombre dominicano frente a la mujer.

El proyecto plantea crear campañas de publicidad en redes sociales y demás medios tradicionales para cambiar el comportamiento de las relaciones hombre-mujer de la sociedad dominicana.

Los fondos destinados serán asignados al Ministerio Público, y coordinados con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación, entre otras instituciones.

De los fondos destinados, 40% será al Ministerio Público para la ejecución y fortalecimiento de las acciones vinculadas a la prevención y protección frente a la violencia de genero e intralamiliar; mientras que el 60% restante será distribuido entre el Ministerlo de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación.

El Senado también aprobó el proyecto de ley que declara el 16 de mayo de cada año como «Día

Nacional de las Sufragistas Dominicanas», el cual busca preservar la memoria histórica del movimiento sufragista de vanguardia en el país, promoviendo la educación cívica y democrática, y la igualdad de género en la participación política.

La pieza establece la realización de charlas, conferencias y seminarios temáticos educativos sobre la emancipación femenina y el significado del movimiento sufragista, donde se reconocerán a mujeres destacadas en la política, académicas, investigadoras, artistas e intelectuales que hayan producido aportes a la historiografía nacional de la mujer en la política.

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Senado garantiza Código Penal para agosto.

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Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado,  aseguró este lunes que el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, con las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional.

De los Santos afirmó que existe el ánimo legislativo para completar el trámite antes de que concluya la actual legislatura y sostuvo que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para aprobar la pieza sin mayores contratiempos.

“Ese es el ánimo que hay. Nosotros entendemos que antes de que termine esta legislatura habrá Código Penal sin ningún inconveniente, ya que estamos trabajando de manera conjunta para eso”, expresó el presidente del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera lectura, un paquete de 32 modificaciones distribuidas en 24 artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

De los Santos destacó que el objetivo es que, cuando el proyecto llegue al Senado, esté suficientemente consensuado para recibir un trámite expedito.

Referencia geográfica

Según explicó, la intención es darle a la iniciativa “el tratamiento con la misma vigorosidad, con el mismo entusiasmo y con el mismo esfuerzo” con que ha trabajado la Cámara de Diputados.

El legislador dijo que el Senado trabaja en armonía con la Cámara Baja y que las inquietudes detectadas durante el proceso se están estudiando en conjunto, a fin de evitar que el texto llegue al Senado con cambios pendientes.

“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos estudiando en conjunto, para que ya la pieza estudiada en la Cámara de Diputados cuando llegue al Senado no haya cambios que hacerle, sino que nos aboquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación, y el envío al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El presidente del Senado informó, sin embargo, que cuando el proyecto llegue a esa cámara tiene algunos párrafos que presentará para introducir al artículo 173.

La discusión legislativa ocurre bajo presión de tiempo. El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026, por lo que las modificaciones deben aprobarse antes de esa fecha si el Congreso pretende que el texto entre en vigor con los ajustes reclamados por distintos sectores.

De los Santos había rechazado previamente postergar la entrada en vigor de la nueva normativa penal, argumentando que la justicia dominicana requiere instrumentos actualizados para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

El presidente del Senado también informó que las propuestas que no fueron acogidas recibirán una comunicación explicando las razones de su exclusión, con el objetivo de que la sociedad conozca el criterio seguido por el Congreso.

De los Santos recordó que la Cámara de Diputados ha sesionado en horarios extraordinarios y afirmó que el Senado está listo para hacer lo mismo si resulta necesario.

El proyecto se mantiene ahora en una fase decisiva. Una vez la Cámara de Diputados complete la segunda lectura, la pieza deberá pasar al Senado, donde se definirá si el Congreso logra cerrar el proceso de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

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