Nacionales
Cuatro muertos y 11 heridos en diversos sucesos trágicos
SANTO DOMINGO, República Dominica.-Cuatro personas murieron y otras 11 resultaron heridas en medio de riñas por asuntos pasionales, personales, familiares y relacionados con narcotráfico, registrados durante el pasado fin de semana en distintos puntos del país.
La Policía Nacional dijo que por estos hechos de violencia social se encuentran detenidas más de 15 personas, algunas de las cuales admiten su participación en las muertes y las heridas que presentan los afectados.
Un reporte emitido por la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Policía precisa que entre las víctimas mortales figuran el menor Yan Carlos Marte Jiménez, de 17 años; el señor Sandro Saviñon Heredia, de 44; el joven Gregory Alexander Martínez, de 21, y Luis Miguel Soto.
Detalló que Marte Jiménez murió a consecuencia de heridas de arma blanca, en medio de una riña con Argenis Medina (El Fuerte), quien se encuentra preso y otros jóvenes identificados como Nene, Sadan y Magui, durante un incidente ocurrido en el sector Villa Hermosa, La Romana. Previamente había tenido otra riña en un centro cervecero de esa ciudad.
Mientras que Saviñon Heredia murió a consecuencia de herida de bala que ocasionó su hermano Fidel Saviñon (prófugo), en medio de una riña por problemas familiares, registrado en Duvergé.
En tanto que el joven Alexander Martínez murió en San José de Ocoa, a causa de traumas contusos, ocasionados Juan Bautista Lara, quien se encuentra detenido, en compañía de los prófugos El Ñoco, Cheo y Juan. Sostuvieron una riña en el colmado La Puya, ubicado el distrito municipal El Naranjal Arriba.
La Policía informó, además, que el joven Soto fue llevado al hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, a causa de herida de arma blanca en hemitórax izquierdo, ocasionada por Jorge Luis Astacio, de 18. El prevenido alega que sorprendió al hoy occiso maltratando a una mujer desconocido, en la calle Julio De Wint, próximo al Malecón y varios centros de diversión, por lo cual intervino y asistió a la dama.
Heridos
Mientras que en medio de una riña originada en la disco terraza “La Cana”, ubicada en la calle principal del sector Quitasueños, de Cotuí, resultaron heridos de bala José Hernández Vargas, de 40 años; Eddy Bencosme Rodríguez, de 33; Manuel de Jesús Figueroa (Chu), de 46; Modesta Núñez Batista, de 50, y Ana Bole Wander, de 22.
Por este incidente se encuentran detenidos Juan de Dios Hernández Vargas, de 49 años; Juan Carlos González Genao, de 19, y Francisco Mercado de Jesús, a quienes se les ocuparon las Colt Harlar, cal.9mm., No.AE13121; marca ilegible, cal.9mm., No.00160 y el revólver Taurus, cal.38, No.TD23067.
Mientras que en el sector Nuevo Horizonte, Santo Domingo Oeste, resultaron heridos en medio de una riña los hermanos Juan Gabriel y Enrique De Oleo Montero, de 19 y 23 años, respectivamente. Por este hecho es perseguido un hombre identificado como Robín.
Mientras que en Boca Chica resultó herido el menor Alexander Rivera, de 16 años, por otro menor de 17, en medio un incidente investigado por las autoridades.
En Santiago resultó herido Miguel Alcántara Ventura (Anthony), de 21 años, en medio de una riña registrada en la calle 15 del Ensanche Libertad, con el presunto delincuente Randy Ariel Aracena, por alegada disputa de un punto de drogas.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.