Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público llegó a un acuerdo con cuatro de los 27 acusados en la presunta red de corrupción Antipulpo para que admitan su culpabilidad y las acusaciones que pesan en su contra.Más Noticias
Ministerio Público acuerda con cuatro imputados caso Antipulpo admitir su culpa.
Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público llegó a un acuerdo con cuatro de los 27 acusados en la presunta red de corrupción Antipulpo para que admitan su culpabilidad y las acusaciones que pesan en su contra.Para estos 4, se trata de un acuerdo de colaboración que les abre una puerta de salida del proceso judicial.
Juan Esteban Suriel, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago, son los nombres de cuatro imputados que han logrado arreglos en los que buscan una pena menos severa a cambio de cumplir las condiciones manifestadas por el Ministerio Público.
Este martes, en la audiencia para determinar si enviaba a juicio de fondo a los implicados en el caso, el juez Deiby Tomoteo Peguero condenó a los cuatro imputados que colaboraron y a los demás los envió a juicio de fondo.
Uno de los primeros en declararse culpable para fines de acuerdo fue Juan Esteban Suriel Suazo, acusado de prestar su nombre como testaferro de Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el entramado.
Suriel Suazo admitió ser socio de varias empresas de Alexis y portar armas de guerra en su vivienda. El juez lo condenó a cinco años de prisión, tres de estos suspendidos, como parte del juicio penal abreviado dentro de la etapa preliminar del sonado caso.
Otro imputado que acordó con el Ministerio Público fue Lewin Ariel Castillo, quien fue sentenciado a tres años de prisión suspendida.
Castillo era el analista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de EdeEste y fue acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de formar «parte de la asociación para delinquir y quien era el responsable de enviar desde su correo institucional las invitaciones a las empresas a fin de que presentaran las ofertas económicas» en las licitaciones amañadas en las que supuestamente se beneficiaba a las de Medina Sánchez.
“Acepto la acusación”, admitió y agregó: «debo decir de manera fielmente que recibí los cheques a través del señor imputado Julián Suriel y mediante las empresas Globus Electrical y General Suply».
Asimismo, Domingo Antonio Santiago logró negociar con el Ministerio Público y se extinguió la acción penal en su contra.
Antonio Santiago era uno de los principales testaferros que permitieron camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Alexis Medina, según la acusación.
El juez libró acta de criterio de oportunidad a favor de este imputado.
Uno de los últimos acuerdos realizados fue el del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, quien se declaró culpable de los hechos que se le imputan.
Por dicha colaboración, el Ministerio Público solicitó condenarlo a cinco años de prisión, con dos suspendidos. El juez le condenó este día, justo como se esperaba.
El pasado 26 de diciembre le confesó a las autoridades haber adquirido un apartamento de la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, con una superficie de 481.94 metros.
Es basándonos en esa declaración que Pagán tuvo que realizar un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del presente 2021, donde hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración: uno por RD$4,000,000.00; otro RD$1,827,000.00, de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; otro por RD$2,000,000.00; otro por RD$800,000.00 y quinto por valor de RD$1,373,000.00 del Banco Popular Dominicano.
Este martes fue condenado a cinco años de prisión con tres suspendidos.
200 millones al estado por acuerdos
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó el lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
“Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo”, resaltó.
Aseguró que se trata de una cuestión trascendente dentro de este proceso, que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público.
“Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y con relación a Oisoe (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado), las vías de sobornos eran varias, y esas están descritas en la acusación, y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujeto a decomiso”, dijo.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Detalló que entre las pruebas figuran evidencias documentales, audiovisuales y testimoniales. Asimismo, mencionó entrevistas, interrogatorios e imágenes de video analizadas como parte de los elementos presentados en el caso.
«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Procuradora fiscal de San Cristóbal
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
«Como coartada posterior a la comisión de los hechos, salir unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingir encontrar a la víctima sin signos vitales tirada en el suelo en el interior del baño, simulando una causa distinta de la muerte«, señala el expediente.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
Según determinó la institución a través de las pruebas balísticas, una de estas fue robada en 2018 a un miembro de la Policía.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Además de los dispositivos, los agentes que realizaron el registro aseguran haber confiscado en el interior del automóvil dos cargadores de balas, uno de ellos con capacidad para 30, teniendo en total 14 proyectiles.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Asimismo, considera que los tres detenidos deben ser juzgados por porte ilegal de armas de fuego, tipificación penal contemplada en los artículos 43, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.