Análisis Noticiosos
Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras
Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.
En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.
Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.
A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.
Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.
Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.
En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.
A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.
En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.