Análisis Noticiosos
Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras
Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.
Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.
En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.
Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.
A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.
Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.
Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.
En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.
A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.
En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.