Latinoamericanas
Cuba, isla cerrada
El Gobierno decreta el cierre de todos los aeropuertos, donde quedan unos 12.000 turistas
La Habana.-Cuba será desde mañana una isla cerrada. El Gobierno de La Habana anunció la suspensión de todos los vuelos comerciales y privados a la isla a partir del jueves y pidió también la retirada de las embarcaciones extranjeras de recreo de sus aguas territoriales para frenar la expansión del coronavirus, medida que se suma a la prohibición de entrada de turistas, en vigor desde hace una semana. Aunque cada vez entraban menos vuelos del exterior, hasta ahora el espacio aéreo no había sido cerrado y los residentes en Cuba seguían llegando, aunque con la obligación de pasar una cuarentena preventiva de 15 días en un centro de aislamiento, tuvieran o no síntomas.
Hasta el martes Cuba sumaba 212 casos de coronavirus, seis fallecidos y mantenía a 2.742 personas aisladas en instalaciones sanitarias, mientras otras 26.000 personas están en vigilancia preventiva en sus hogares, según datos oficiales. Aunque la isla se ha cerrado al turismo y se prohíbe el transporte entre provincias, además de estar suspendidas las clases y las actividades recreativas -conciertos de música, cines, teatros, encuentros deportivos-, no se ha decretado la cuarentena obligatoria. Solo en la localidad de Consolación, un pequeño pueblo de Pinar del Río, sus habitantes están en aislamiento total al detectarse un foco de transmisión local. Ese parece ser el modelo: en caso de comprobarse cadenas de contagio, se establecerán medidas de cuarentena en poblaciones, municipios o provincias, pero de momento no se hará en todo el país.
El Gobierno ha pedido extremar las medidas preventivas (salir con mascarilla y solo una persona por núcleo familiar), aumentar las medidas de higiene y, sobre todo, quedarse en casa. Las tiendas siguen abiertas y no se ha ordenado el cierre de los restaurantes. El transporte público sigue funcionando, pero cada vez se ve menos gente transitando, sobre todo por la tarde y la noche.
Desde hace días el Ministerio de Salud lanzó una campaña de búsqueda masiva, casa por casa, para detectar casos sospechosos. Miles de estudiantes y personal de Salud han visitado ya a cerca de ocho millones de personas en sus hogares, de las cuales alrededor de 1,3 millones son adultos mayores -y de ellos, unos 155.000 son ancianos que viven solos-, y les han indagado por síntomas respiratorios que pudieran ser provocados por el coronavirus. Hasta la fecha se han realizado en el país solo 2.676 pruebas de detección de Covid-19, pero ayer las autoridades informaron que en los próximos días se realizaran miles de pruebas para buscar activamente los casos y aislar a sus contactos.
El ministro de Salud, José Ángel Portal, dijo el domingo que el país dispone ya de 100.000 kits de detección rápida procedentes de China y más de 40.000 pruebas moleculares para lanzar esta campaña masiva de localización de casos positivos. Según el diario oficial Granma, debido a la política de bloqueo norteamericano no ha podido llegar a la isla un donativo de mascarillas, kits de detección y respiradores que había sido donado por el empresario chino Jack Ma, fundador de la compañía Alibaba, que ya ha donado grandes cantidades de esos mismos productos a países de Europa, Asia y América, afectados por la Covid-19-. Según La Habana, la compañía de transporte norteamericana contratada para realizar el envió “declinó hacerlo en el último momento”, aduciendo que las medidas de embargo en vigor se lo prohibían.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció también que, como medida de prevención ante la epidemia, se suspendía el simbólico desfile del 1 de mayo, que se realiza todos los años en la Plaza de la Revolución de La Habana. En este tipo de marcha, convertida desde el triunfo de la revolución en el mayor acto masivo nacional, participan habitualmente más de un millón de cubanos. La última vez que se canceló esta actividad fue en 1994 y 1995, cuando Cuba enfrentaba lo más duro del Periodo Especial, tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista.
elpais.com
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am