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Cury afirma DGEIG no puede dirigir investigaciones
SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Cury aseguró que el decreto 486-12, que creó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) que tiene por objeto promover la transparencia y moralidad públicas, es plausible.
Sin embargo, expresó que la función que le reconoce dicho decreto al director de esa dirección de “investigar las actuaciones de los servidores públicos”, contraviene la Ley No. 133-11, Orgánica del Ministerio Público.
Señaló que el artículo 7 de esa ley dispone que el Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, entre cuyos objetivos figura, según Cury, “no solo el de prevenir y controlar los actos ilícitos, sino también investigarlos y perseguirlos”.
Agregó que si “la política represiva es competencia exclusiva del Consejo Superior del Ministerio Público, constituye un desacierto jurídicamente ineficaz suplantar esas atribuciones mediante decreto”. Insistió en que el propósito del presidente Danilo Medina de dictar el referido decreto “es encomiable, pero lamentablemente contradice la articulación de la política criminal que la Ley No. 133-11 pone a cargo del Ministerio Público y de su Consejo Superior”.
Cury, quien es el asesor jurídico del ex presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, expuso que la propia ley establece en sus artículos 10, 26.1 y 26.2, que la dirección funcional de las investigaciones penales es dirigida por el Ministerio Público, siendo su responsabilidad también impartirles instrucciones a los encargados de las agencias de investigación del gobierno, quienes “deben cumplirlas sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad”.
Según el destacado jurista, la DIGEIG no puede dirigir por su cuenta investigaciones de hechos punibles, porque eso suplantaría las funciones del Ministerio Público en violación a los artículos 10 y 26.1 de la Ley No. 133-11, que “está jerárquicamente por encima de todo acto administrativo como lo es un decreto presidencial”, acotó Cury.
Santo Domingo, R.D.-El profesor acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años de edad en el sector Brisa del Este de Santo Domingo Este fue enviado a juicio de fondo por el Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- Con una puntuacion de 82.17 sobre 100 la República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
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De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.