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Damas de hierro predominan en el Poder Judicial
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13 años agoon
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LA REDACCIÓNSegún las estadísticas del departamento de Carrera del Poder Judicial, el 52% de sus miembros a nivel nacional son mujeres
No dejan de ser damas, pero tampoco se dejan llevar por los sentimientos al momento de acusar o juzgar, no les tiembla el pulso ni un segundo al decir: “usted va 30 años a Najayo y/o no lo niegue, usted fue quien lo mató”. La sociedad se va dando cuenta de que no son un sexo débil, y las hacen llamar “Las damas de hierro”, pero en el fondo solo son mujeres con alta capacidad de decisión y responsabilidad.
Desde ese día 3 de agosto de 1997 cuando fueron las magistradas Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdó, Ana Rosa Bergés, Enilda Reyes Pérez y Dulce María Rodríguez de Goris, fueron designadas las primeras mujeres en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el sistema ha cambiado bastante, más no así la representación femenina en la cúpula del alto tribunal.
Casi dieciséis años después, la alta corte está constituido por 12 jueces y 5 juezas: Martha Olga García Santamaría, de la primera sala, Miriam Concepción Germán Brito, segunda sustituta de presidente y presidenta de la Sala Penal o Segunda Sala, Esther Elisa Agelán Casasnovas, de la misma sala, Sara Isahac Henríquez Marín, de la tercera sala y la consejera Dulce Rodríguez de Goris.
“Le debo quien soy a mí madre que sin tener gran formación académica me alentó siempre y respetó mi manera de pensar”, dijo Germán Brito, la joven que salió de un campo de Salcedo y hoy es la única juez presidenta de sala en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los tribunales ordinarios, TC y TSE
Según datos obtenidos en la Dirección General de Carrera Administrativa y de Gestión de Capital Humano del Poder Judicial, que cuantifica los jueces titulares y excluye a los suspendidos, a nivel nacional el Poder Judicial tiene 326 juezas, para el 52% de la población y 305 jueces, el 48%.
“Dentro del sistema judicial ser mujer no me ha impedido escalar”, indicó, Rosanna Vásquez Febrillet, jueza de la Novena Sala Penal.
Para la magistrada que siempre tiene una sonrisa en los labios y mantiene un excelente humor, su sexo jamás le ha impedido vencer obstáculos y ascender en el ejercicio de sus funciones.
Si revisamos el llegar al Tribunal Constitucional, vemos que de 13 miembros, tres mujeres representan la rama femenina, (Katia Jiménez, Isabel Bonilla, Leyda Piña), mientras que el Tribunal Superior Electoral (TSE) está constituido por cuatro jueces y una jueza.
“Tenemos que apoyarnos y colaborar entre nosotras y vernos como aliadas, en vez de competidoras”, exhortó a las mujeres la magistrada del TSE, Mabel Félix.
Procuraduría
De 35 procuradurías fiscales en todel territorio nacional, 15 están dirigidas por mujeres y 20 por hombres. Estas damas son: Yeni Berenice Reynoso Gómez, fiscal del Distrito Nacional; Luisa Liranzo Sánchez, Santiago; Garina Almonte Amparo, Cotuí; Carmen Minaya Moreaux, Dajabon; Olga Diná Llaverías, Santo Domingo; Johanna Isabel Reyes Hernández, La Vega, y Yoanna Bejarán Álvarez, Monte Cristi.
También las magistradas Sonia Espejo Rodríguez, en Valverde; Agustina Castillo, fiscal de Nagua; Eudyce Elena Fernández Pérez, Pedernales; Alba Núñez Pichardo, Puerto Plata; Diomerys Soto Valdez, San Cristóbal; Gisela Fernández, San Juan; Ingrid Pamela Rijo, San Pedro de Macorís, y Martha González, fiscal de Santiago Rodríguez.
Aunque se registra una fuerte presencia femenina en el ámbito del Ministerio Público, desde el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1961) hasta la fecha, República Dominicana ha tenido 33 procuradores generales y dos procuradoras: Pura Luz Núñez (1987-1988) y Semíramis Olivo de Pichardo (1988-1990).
Procuradoras adjuntas:
Las mujeres también tienen su digna representación como procuradoras adjuntas del procurador, en este cargo la responsabilidad de hacer valer el trabajo femenino recae sobre Casilda Báez Acosta, Carmen Díaz Amézquita, Roxanna Reyes Acosta, Marisol Tobal Williams, Ana Burgos, Gisela Cueto y María Hernández.
¿Quién es Temis?
Desde la antigüedad, la mujer ha sido símbolo de equilibrio. Temis, Fue la diosa de la Justicia en la mitología griega. En la Ilíada, aparece como asesora de Zeus, el dios de dioses. En los primeros tiempos de la humanidad se consideraba que Temis tenía la potestad de dictar sentencias a los dioses.
Según la descripción de la Estatua, publicada en la página de la SCJ, en conjunto representa a la Justicia, con sus ojos vendados para no ver a quien le imparte justicia, como sinónimo de equidad, con la espada en la mano derecha para imponer el castigo a quien resulte culpable y la balanza en su mano izquierda significando el equilibrio y la justeza de la decisión que toma el juez o la jueza.
Juezas y procuradoras
Mirian Germán Brito
Jueza de la suprema corte de justicia
“Estar aquí es la culminación de una carrera que empezó por el primer escalón y fui ascendiendo sin saltarme una sola etapa”. ¿Qué si me satisface estar aquí?, sí, claro, pero eso no me hace sentir superior a nadie, sigo siendo el mismo ser humano.
Gisela Cueto
Encargada de asuntos de extradicion
A veces “personas con menos tiempo en el trabajo, menos estudios por el hecho de ser hombres quieren imponer criterios y hacernos callar”, pero hay que darse a respetar. El peor enemigo es el que está dentro. Cueto tiene casi treinta años de servicio.
Mabel Félix
Jueza titular del TSE
“En nuestro país la mujer ha logrado avances significativos, así lo muestra nuestra actual Constitución, que define los derechos sociales, económicos, políticos y culturales y otros, destacándose de manera clara la plena igualdad entre hombres y mujeres”.
Maura Martínez
secretaria general de la procuraduría
“A nivel judicial la sociedad reconoce la capacidad que tiene la mujer para ejercer pero la lucha es continua. La naturaleza es sabia y si nos pone en la mano muchas tareas es porque sabe que tenemos la capacidad de hacerlo de manera exitosa”.
Símbolo
Uno de los símbolos de la justicia es la diosa Temis, cuyo nombre significa “ley de la naturaleza”.
Carga
A pesar de asumir responsabilidades financieras y laborales, las mujeres no han dejado de ser madres y esposas.
El Caribe
Nacionales
Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado
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10 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Nacionales
Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.
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10 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
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10 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

