Nacionales
Dan plazo 20 días al Central Romana para desalojar terrenos
Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain, dijo que el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener la ocupación ilegal
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 20 días para que el Central Romana Corporation desaloje de manera voluntaria varias parcelas de terrenos playeros que ocupa en la localidad de Nisibón,en la provincia la Altagracia, y que desde hace varias décadas supuestamente pertenecen a las familias Richiez y Morla.
En nombre de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain dijo que «el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener ilegalmente la ocupación de los terrenos».
Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República otorgara el auxilio de la fuerza pública para su desalojo, lo que el Central Romana Corporation ha hecho es reforzar la seguridad del lugar, colocando una enorme cantidad de guardianes privados.
“Se trata de un desacato judicial utilizando la fuerza y los resortes del poder, luego de que ellos (Central Romana Corporation) perdieran el caso en los Tribunales de la República, sin ninguna posibilidad de que estas decisiones sean revertidas, pues ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada».
Catrain presentó el Oficio No. 03485 y el Auto 043, ambos documentos sellados y firmados por el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, en los cuales se conmina al Central Romana Corporation a entregar de manera voluntaria los terrenos a sus auténticos dueños a más tardar en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la misma, o de lo contrario, se haría un desalojo forzoso utilizando el auxilio de la fuerza pública.
El otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para el desalojo se hace en virtud de sentencias en firme emitidas por el Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia a favor de las familias Richiez y Morla.
De acuerdo con Catrain, quien estuvo acompañado de los representantes de ambas familias, el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública tuvo su origen en el expediente sobre terrenos registrados incoado por Central Romana Corporation en febrero del año 2009.
Sin embargo, manifestó que el tribunal restituyó de manera inmediata mediante sentencia de referimiento la posesión de estas tierras a sus legítimos propietarios, las familias Richiez y Morla. “Esas sentencias han sido desacatadas por el Central Romana Corporation, grupo empresarial que desde el inicio del caso ha mostrado poco o ningún respeto por el sistema judicial dominicano.
Catrain indicó que el desacato del Central Romana Corporation al mandato del más alto Tribunal de la República, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, y agregó que por ser ésta una empresa con tanto poder y prestigio, la comunidad jurídica en general; así como también la comunidad jurídica internacional, se siente sorprendida con su actitud irrespetuosa y prepotente de ocupar por la fuerza terrenos que no le pertenecen, y que tienen claramente identificados a sus legítimos dueños.
Posición del Central Romana
Recientemente, en un espacio pagado publicado en periódico de papel, el Central Romana afirmó que adquirió estos terrenos en fecha 17 de mayo de 1959 y que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión” de los mismos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera.
“Unos 30 años después del saneamiento inmobiliario que resultó en la parcela antes indicada y estar el Central Romana Corporation en pleno dominio de su derecho de propiedad y posesión de sus terrenos, terceras personas llevaron a cabo un proceso de localización de posesiones inmobiliarias que resultó en la expedición de títulos de propiedad a su favor”, explica.
Señala que “estas personasn y algunos inescrupulosos especuladores han pretendido que los terrenos que les corresponden son los mismos que pertenecen al Central Romana Corporation y cuyo derecho de propiedad le antecede por décadas”.
Indica que, ante la situación descrita, se han suscitado diversos procesos judiciales que continúan ventilándose ante los tribunales de justicia principalmente relacionados con la localización o ubicación de las parcelas de que se trata.
La empresa advierte que “pretender ocupar los terrenos o desalojar a nuestra empresa de sus terrenos, constituye un serio y grave atentado a su derecho de propiedad consagrado y protegido en la Constitución de la República”.
almomento.net
Nacionales
Molina destaca avances en justicia y afirma que nadie puede decir ahora que se pierden expedientes
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
En procura del ritmo del crecimiento económico
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
Reconocen jueza Olga Herrera Carbuccia
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Nacionales
¿Se aumentaron los sueldos los miembros de la Cámara de Cuentas? Si es así, viola la Constitución
Santo Domingo, R.D.-La circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial.
Una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Posible conflicto constitucional
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
Niveles salariales
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
Cambios adicionales
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.