Nacionales
Dan plazo 20 días al Central Romana para desalojar terrenos
Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain, dijo que el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener la ocupación ilegal
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 20 días para que el Central Romana Corporation desaloje de manera voluntaria varias parcelas de terrenos playeros que ocupa en la localidad de Nisibón,en la provincia la Altagracia, y que desde hace varias décadas supuestamente pertenecen a las familias Richiez y Morla.
En nombre de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain dijo que «el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener ilegalmente la ocupación de los terrenos».
Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República otorgara el auxilio de la fuerza pública para su desalojo, lo que el Central Romana Corporation ha hecho es reforzar la seguridad del lugar, colocando una enorme cantidad de guardianes privados.
“Se trata de un desacato judicial utilizando la fuerza y los resortes del poder, luego de que ellos (Central Romana Corporation) perdieran el caso en los Tribunales de la República, sin ninguna posibilidad de que estas decisiones sean revertidas, pues ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada».
Catrain presentó el Oficio No. 03485 y el Auto 043, ambos documentos sellados y firmados por el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, en los cuales se conmina al Central Romana Corporation a entregar de manera voluntaria los terrenos a sus auténticos dueños a más tardar en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la misma, o de lo contrario, se haría un desalojo forzoso utilizando el auxilio de la fuerza pública.
El otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para el desalojo se hace en virtud de sentencias en firme emitidas por el Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia a favor de las familias Richiez y Morla.
De acuerdo con Catrain, quien estuvo acompañado de los representantes de ambas familias, el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública tuvo su origen en el expediente sobre terrenos registrados incoado por Central Romana Corporation en febrero del año 2009.
Sin embargo, manifestó que el tribunal restituyó de manera inmediata mediante sentencia de referimiento la posesión de estas tierras a sus legítimos propietarios, las familias Richiez y Morla. “Esas sentencias han sido desacatadas por el Central Romana Corporation, grupo empresarial que desde el inicio del caso ha mostrado poco o ningún respeto por el sistema judicial dominicano.
Catrain indicó que el desacato del Central Romana Corporation al mandato del más alto Tribunal de la República, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, y agregó que por ser ésta una empresa con tanto poder y prestigio, la comunidad jurídica en general; así como también la comunidad jurídica internacional, se siente sorprendida con su actitud irrespetuosa y prepotente de ocupar por la fuerza terrenos que no le pertenecen, y que tienen claramente identificados a sus legítimos dueños.
Posición del Central Romana
Recientemente, en un espacio pagado publicado en periódico de papel, el Central Romana afirmó que adquirió estos terrenos en fecha 17 de mayo de 1959 y que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión” de los mismos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera.
“Unos 30 años después del saneamiento inmobiliario que resultó en la parcela antes indicada y estar el Central Romana Corporation en pleno dominio de su derecho de propiedad y posesión de sus terrenos, terceras personas llevaron a cabo un proceso de localización de posesiones inmobiliarias que resultó en la expedición de títulos de propiedad a su favor”, explica.
Señala que “estas personasn y algunos inescrupulosos especuladores han pretendido que los terrenos que les corresponden son los mismos que pertenecen al Central Romana Corporation y cuyo derecho de propiedad le antecede por décadas”.
Indica que, ante la situación descrita, se han suscitado diversos procesos judiciales que continúan ventilándose ante los tribunales de justicia principalmente relacionados con la localización o ubicación de las parcelas de que se trata.
La empresa advierte que “pretender ocupar los terrenos o desalojar a nuestra empresa de sus terrenos, constituye un serio y grave atentado a su derecho de propiedad consagrado y protegido en la Constitución de la República”.
almomento.net
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.