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Dan plazo 20 días al Central Romana para desalojar terrenos
Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain, dijo que el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener la ocupación ilegal
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 20 días para que el Central Romana Corporation desaloje de manera voluntaria varias parcelas de terrenos playeros que ocupa en la localidad de Nisibón,en la provincia la Altagracia, y que desde hace varias décadas supuestamente pertenecen a las familias Richiez y Morla.
En nombre de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain dijo que «el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener ilegalmente la ocupación de los terrenos».
Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República otorgara el auxilio de la fuerza pública para su desalojo, lo que el Central Romana Corporation ha hecho es reforzar la seguridad del lugar, colocando una enorme cantidad de guardianes privados.
“Se trata de un desacato judicial utilizando la fuerza y los resortes del poder, luego de que ellos (Central Romana Corporation) perdieran el caso en los Tribunales de la República, sin ninguna posibilidad de que estas decisiones sean revertidas, pues ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada».
Catrain presentó el Oficio No. 03485 y el Auto 043, ambos documentos sellados y firmados por el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, en los cuales se conmina al Central Romana Corporation a entregar de manera voluntaria los terrenos a sus auténticos dueños a más tardar en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la misma, o de lo contrario, se haría un desalojo forzoso utilizando el auxilio de la fuerza pública.
El otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para el desalojo se hace en virtud de sentencias en firme emitidas por el Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia a favor de las familias Richiez y Morla.
De acuerdo con Catrain, quien estuvo acompañado de los representantes de ambas familias, el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública tuvo su origen en el expediente sobre terrenos registrados incoado por Central Romana Corporation en febrero del año 2009.
Sin embargo, manifestó que el tribunal restituyó de manera inmediata mediante sentencia de referimiento la posesión de estas tierras a sus legítimos propietarios, las familias Richiez y Morla. “Esas sentencias han sido desacatadas por el Central Romana Corporation, grupo empresarial que desde el inicio del caso ha mostrado poco o ningún respeto por el sistema judicial dominicano.
Catrain indicó que el desacato del Central Romana Corporation al mandato del más alto Tribunal de la República, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, y agregó que por ser ésta una empresa con tanto poder y prestigio, la comunidad jurídica en general; así como también la comunidad jurídica internacional, se siente sorprendida con su actitud irrespetuosa y prepotente de ocupar por la fuerza terrenos que no le pertenecen, y que tienen claramente identificados a sus legítimos dueños.
Posición del Central Romana
Recientemente, en un espacio pagado publicado en periódico de papel, el Central Romana afirmó que adquirió estos terrenos en fecha 17 de mayo de 1959 y que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión” de los mismos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera.
“Unos 30 años después del saneamiento inmobiliario que resultó en la parcela antes indicada y estar el Central Romana Corporation en pleno dominio de su derecho de propiedad y posesión de sus terrenos, terceras personas llevaron a cabo un proceso de localización de posesiones inmobiliarias que resultó en la expedición de títulos de propiedad a su favor”, explica.
Señala que “estas personasn y algunos inescrupulosos especuladores han pretendido que los terrenos que les corresponden son los mismos que pertenecen al Central Romana Corporation y cuyo derecho de propiedad le antecede por décadas”.
Indica que, ante la situación descrita, se han suscitado diversos procesos judiciales que continúan ventilándose ante los tribunales de justicia principalmente relacionados con la localización o ubicación de las parcelas de que se trata.
La empresa advierte que “pretender ocupar los terrenos o desalojar a nuestra empresa de sus terrenos, constituye un serio y grave atentado a su derecho de propiedad consagrado y protegido en la Constitución de la República”.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-A partir del próximo lunes los conductores que infrinjan la restricción del giro a la izquierda en las tres intersecciones de la avenida Lope de Vega deberán pagar RD$1,000 a como parte del plan “RD se mueve”.
Esto en virtud de que para esta fecha habrá transcurrido dos semanas desde que el Instituto Nacional de Tránsito de Transporte Terrestre (Intrant) empezó a ejecutar las medidas para reducir el congestionamiento vehicular en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.
Entre las disposiciones se encuentra la prohibición del giro a la izquierda en algunas intersecciones estratégicas en la avenida Lope de Vega con las calles Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña, que está dentro de la primera fase y se empezó a ejecutar desde el domingo 6 de julio.
Estas vías eran observadas por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en un proceso orientativo durante los primeros días para facilitar la adaptación de los conductores en sus recorridos habituales.
Sin embargo, el coronel Rafael Baldera, de la Digesett, informó que a partir del próximo lunes iniciará la fiscalización formal a quienes violenten la normativa.
En la implementación de la segunda fase está la avenida Tiradentes con las calles Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Frank Félix Miranda, quien entrará en vigencia el 20 de julio.
El 27 de julio, serán implementadas en la tercera fase la avenida Abraham Lincoln con las calles Víctor Garrido Puello y Andrés Julio Aybar. Asimismo, la avenida Pedro Livio Cedeño con avenida Máximo Gómez y avenida Winston Churchill con las calles José Amado Soler y Roberto Pastoriza.
La cuarta fase, aún sin fecha definida, contempla restricciones en varias intersecciones clave: la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy; Máximo Gómez con Kennedy; Abraham Lincoln con Kennedy; Núñez de Cáceres con 27 de Febrero; Winston Churchill con 27 de Febrero; y Lincoln con Roberto Pastoriza.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley destinado a sentar las bases para la transformación y consolidación de la reforma de la Policía Nacional será sometido ante el Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto.
El anuncio lo hizo durante el acto inaugural de la Octava Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas (VIII MISPA), que se celebra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con República Dominicana como país anfitrión.
El congreso internacional fue convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Abinader explicó que la reforma no puede ser un nombre ni puede ser un proyecto: “La reforma tiene que ser parte e involucrar al gobierno, desde su presidente, y también a todo el liderazgo del gobierno y a toda la dirección policial”.
El jefe del Estado agregó que la reforma policial la ha llevado a tres ejes: educativo, operativo y administrativo.
Como parte de la transformación que ha registrado la Policía Nacional, el mandatario también afirmó que en su administración se han construido unas 72 nuevas estaciones de policía, con imágenes renovadas de proximidad y servicio, y equipamiento esencial para el patrullaje.
Casi ha triplicado los salarios y los beneficios laborales desde el 2020, subrayó.
Exhorta a no bajar la guardia contra la criminalidad
El presidente Abinader exhortó este miércoles a no bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad, resaltando que “el crimen no duerme”.
Advirtió que, a pesar de los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana, el gobierno no bajará la guardia frente a la delincuencia.
«Este logro nos inspira, pero también nos recuerda, con humildad y sensatez, que el crimen no duerme y que jamás podemos bajar la guardia. Y, aún con esa tasa, nosotros le damos seguimiento día a día, semana tras semana.
El jefe del Estado dijo que el país cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 9.6 por cada 100 mil habitantes, y una reducción a 8.2 en la última semana de junio de 2025.
Abinader dijo que hoy más que nunca los países hermanos de América deben unir fuerzas y renovar la determinación que las sociedades esperan de sus países.
«Necesitamos sus líderes, necesitamos acciones conjuntas, sostenibles e innovadoras para enfrentar amenazas y desafíos complejos de seguridad y crimen organizado», apuntó el mandatario.
Santo Domingo, R.D.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente luego de que los abogados de la defensa culminaran con las contra réplicas hacia los argumentos del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena, decidió reservarse el fallo con relación a la medida de coerción contra los implicados en la red de militares y civiles acusados de dedicarse a estafar al Estado dominicano.
El juez decidió que será a las 6:00 p. m. de este jueves cuando dará a conocer cuál será su decisión; el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra cinco de los 10 implicados.
«Hemos aportado al tribunal pruebas simple y sencillamente irrefutables; cada persona que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables. Cada una de las personas implicadas están registradas el el pago de los sobornos», expresó el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Igualmente resaltó que contra el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz; Quilvio Rodríguez, quien es propietario de la Empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase); el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolivar Nicolás Fernández Espinal, quienes decidieron colaborar con las autoridades y declararse culpables, se le fue solicitada la prisión domiciliaria como medida de coerción.
Con la reserva del fallo, la audiencia de conocimiento de medida cautelar entrará este jueves a su cuarto día de una jornada que terminó sobre las 11:00 de la noche en las primeras dos fechas.