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Dan plazo 20 días al Central Romana para desalojar terrenos
Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain, dijo que el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener la ocupación ilegal
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 20 días para que el Central Romana Corporation desaloje de manera voluntaria varias parcelas de terrenos playeros que ocupa en la localidad de Nisibón,en la provincia la Altagracia, y que desde hace varias décadas supuestamente pertenecen a las familias Richiez y Morla.
En nombre de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain dijo que «el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener ilegalmente la ocupación de los terrenos».
Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República otorgara el auxilio de la fuerza pública para su desalojo, lo que el Central Romana Corporation ha hecho es reforzar la seguridad del lugar, colocando una enorme cantidad de guardianes privados.
“Se trata de un desacato judicial utilizando la fuerza y los resortes del poder, luego de que ellos (Central Romana Corporation) perdieran el caso en los Tribunales de la República, sin ninguna posibilidad de que estas decisiones sean revertidas, pues ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada».
Catrain presentó el Oficio No. 03485 y el Auto 043, ambos documentos sellados y firmados por el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, en los cuales se conmina al Central Romana Corporation a entregar de manera voluntaria los terrenos a sus auténticos dueños a más tardar en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la misma, o de lo contrario, se haría un desalojo forzoso utilizando el auxilio de la fuerza pública.
El otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para el desalojo se hace en virtud de sentencias en firme emitidas por el Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia a favor de las familias Richiez y Morla.
De acuerdo con Catrain, quien estuvo acompañado de los representantes de ambas familias, el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública tuvo su origen en el expediente sobre terrenos registrados incoado por Central Romana Corporation en febrero del año 2009.
Sin embargo, manifestó que el tribunal restituyó de manera inmediata mediante sentencia de referimiento la posesión de estas tierras a sus legítimos propietarios, las familias Richiez y Morla. “Esas sentencias han sido desacatadas por el Central Romana Corporation, grupo empresarial que desde el inicio del caso ha mostrado poco o ningún respeto por el sistema judicial dominicano.
Catrain indicó que el desacato del Central Romana Corporation al mandato del más alto Tribunal de la República, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, y agregó que por ser ésta una empresa con tanto poder y prestigio, la comunidad jurídica en general; así como también la comunidad jurídica internacional, se siente sorprendida con su actitud irrespetuosa y prepotente de ocupar por la fuerza terrenos que no le pertenecen, y que tienen claramente identificados a sus legítimos dueños.
Posición del Central Romana
Recientemente, en un espacio pagado publicado en periódico de papel, el Central Romana afirmó que adquirió estos terrenos en fecha 17 de mayo de 1959 y que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión” de los mismos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera.
“Unos 30 años después del saneamiento inmobiliario que resultó en la parcela antes indicada y estar el Central Romana Corporation en pleno dominio de su derecho de propiedad y posesión de sus terrenos, terceras personas llevaron a cabo un proceso de localización de posesiones inmobiliarias que resultó en la expedición de títulos de propiedad a su favor”, explica.
Señala que “estas personasn y algunos inescrupulosos especuladores han pretendido que los terrenos que les corresponden son los mismos que pertenecen al Central Romana Corporation y cuyo derecho de propiedad le antecede por décadas”.
Indica que, ante la situación descrita, se han suscitado diversos procesos judiciales que continúan ventilándose ante los tribunales de justicia principalmente relacionados con la localización o ubicación de las parcelas de que se trata.
La empresa advierte que “pretender ocupar los terrenos o desalojar a nuestra empresa de sus terrenos, constituye un serio y grave atentado a su derecho de propiedad consagrado y protegido en la Constitución de la República”.
almomento.net
SANTO DOMINGO.- Prision preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
Como parte de las evidencias aportadas, el órgano acusador presentó una evaluación psicológica practicada a la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual establece indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
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Defensoría apelará condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato en Santiago
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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.