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Danilistas cosechan primer tropiezo en el viejo camino del reeleccionismo

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Por Juan Bolívar Díaz

Resultó fallido el globo de ensayo de recurrir al Tribunal constitucional para anular la prohibición constitucional de una tercera postulación del presidente Medina, pero queda pendiente si intentar otra reforma constitucional que dividiría hasta su partido             

Los mismos que motorizaron el globo de ensayo de la instancia para que el Tribunal Constitucional eliminara el veto constitucional a una tercera postulación del presidente Danilo Medina, precipitaron su retiro por  el escándalo político en que se constituyó y los  reparos jurídicos que la descalificaron de forma contundente en apenas dos días.

Los pronunciamientos que siguieron al triunfalista discurso presidencial del 27 de febrero han generalizado la convicción de que fue puesto en marcha una vez  más el histórico proyecto reeleccionista que castra la institucionalidad democrática nacional, aunque todavía hay quienes creen que Medina no volverá a renegar de sus compromisos.

Una doble sorpresa

            Al comenzar la semana resonaban las opiniones de la diputada  Lucía Medina, proclamando que la Constitución no prohíbe la reelección de su hermano Danilo y que sólo él decidirá si busca otro período,  y  del vocero de la presidencia Roberto Marchena, quien sostuvo que es el pueblo quien quiere la reelección, que sólo Medina garantiza la permanencia del PLD en el poder  y la continuidad de su magna obra, aunque aduciendo que el mandatario sólo está enfocado en gobernar.

Dominaba  el fuerte intercambio entre Marchena y Franklin Almeyda, promotor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández, cuando el lunes 12 trascendió  que el abogado y exdiputado reformista Fredermido Ferreras Díaz había incoado ante el TC un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria de la carta magna que prohíbe otra reelección a Medina, sometida el 15 de febrero, generando de inmediato un rechazo general de juristas, legisladores, dirigentes políticos e instituciones sociales.

El rechazo fue tan contundente que antes de que se conociera el texto, Ferreras retiró su instancia y dio por cerrado el capítulo, alegando que fue una iniciativa personal, pero dijo a El Caribe que recibió al menos tres llamadas de las alturas “pidiéndome  por favor, si yo podía dejar eso sin efecto, y le he dicho que no, que esto no es para favorecer a Danilo”. Ferreras fue diputado reformista por cuatro años en los noventa y luego se ha movido entre los beneficiarios de los gobiernos del PLD, primero el de Fernández y ahora con Danilo, al igual que Modesto Guzmán, director del Instituto Postal, a quien se le vincula.  Aceptó el martes ir al telediario de Teleantillas para motivar la instancia pero en la tarde la retiró y no acudió a la entrevista la mañana siguiente.

Demoledora respuesta

            Todo ocurrió rápido, incluso el extenso comunicado de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que descuartizó el recurso,  la tarde del mismo lunes 12, bajo la firma de su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán. Rechaza la instancia y también  otra reforma constitucional para el continuismo en cuatro partes: orden constitucional y presidencialismo, la vía jurisdiccional y la inconstitucionalidad del transitorio, alternabilidad democrática y poder, y “Reflexiones finales”.

Tras referirse a 39 reformas constitucionales la mayoría para viabilizar la reelección, señala que “el Poder Ejecutivo no puede formar parte de las pinceladas negativas que han existido en nuestro orden político y normativo, sino mantener el respeto a los principios jurídicos que fortalecen la calidad democrática del Estado dominicano”. En la segunda parte cita el artículo 267 de la Constitución indicativo de que su reforma “sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”, lo que incluye al TC.

FINJUS considera  que no es saludable la vía jurisdiccional  contra una normativa constitucional que  busca “garantizar la primacía del orden dentro del propio sistema democrático, y así fijar límites al poder político”. Y más adelante postula que presumir  la existencia de un sentimiento popular  sustentado en intereses políticos de turno, trasladándolo  al orden jurisdiccional para violentar los principios constitucionales, “lacera toda la trayectoria de consolidación del Estado de Derecho, seguridad jurídica, fortalecimiento institucional  y respeto a la legalidad durante los últimos años”.

La reforma constitucional

            En sus reflexiones finales, la FINJUS, una institución del empresariado que trabajó  en la ley de los procedimientos constitucionales y del TC, plantea que “la reforma constitucional no puede ser un instrumento de estrategia política del gobierno de turno para permanecer en el poder” y que abogar por ella de manera continua  condiciona el poder reformador a “los vaivenes políticos y, por lo tanto, la convierte en un traje a la medida de quienes sustenten el poderío político”.

La generalidad de las opiniones jurídicas  que han negado la posibilidad de “declarar inconstitucional una parte de la Constitución”,  señalan  que el único camino que tendría el presidente Medina para otra postulación es reformar de nuevo la Constitución para eliminar la vigésima disposición transitoria  de la carta magna vigente, que él mismo auspició en el 2015 para viabilizar su segunda elección consecutiva, hasta entonces prohibida.

             Esa reforma fue pactada en el Comité Político del PLD el 28 de mayo del 2015 para salvar la unidad partidaria. A cambio se acordó el transitorio que establece que en caso de que el presidente  resultare reeelecto para el período 2016-20 “no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”. Lo presentó en la asamblea revisora el secretario general Reinaldo Pared

Con Leonel Fernández y sus fieles en campaña desde hace meses por la candidatura presidencial del 2020, y aduciendo que ya cedieron dos veces en favor de Medina, en el 2012 cuando  “reunieron 2.2 millones de firmas para repostular a Leonel”, y 4 años después para reformar la Constitución, será difícil convencerlos para un tercer período, desconociendo los acuerdos del 2015, sin poner en riesgo la unidad partidaria.

Viejo pero difícil camino

            El viejo camino del continuismo político luce cuesta arriba para Danilo Medina, pero hasta en sectores no complacientes se cree que lo alcanzará cifrado en la debilidad y división de la oposición, pero otros le atribuyen suficiente frialdad para no exponerse a un tercer período consecutivo, lo que sólo ha sido posible  bajo la tiranía de Trujillo y la  dictadura de doce años de Balaguer, en otro  contexto nacional e internacional.

Es cierto que en el 2015 Medina pudo “conquistar” bloques enteros de candidatos, como los perredeístas de Miguel Vargas y la mitad de los reformistas y de los leonelistas, pero una reedición de lo que fue denunciado como un mercado de compra de votos podría lograr “el milagro” de unificar y fortalecer una oposición que de alguna forma viene adelantando acciones comunes contra el continuismo y los abusos electorales. Hasta se podrían retroalimentar con los leonelistas.

En las instituciones sociales, incluyendo la amplia insatisfacción registrada en la Marcha Verde, y hasta en sectores de poder económico,  habría ahora mayor rechazo a una continuidad corrompida, en un escenario de camino  a la insostenibilidad fiscal y agotamiento del modelo de crecimiento basado en el endeudamiento. La posición de la FINJUS alerta sobre la seguridad jurídica y el Estado de derechos.

Al mismo Danilo Medina le sería más difícil volver a engullirse el “tiburón podrido de la reelección” que denunció en el 2008, cuando en el 2012 disertó sobre el carácter antidemocrático del continuismo diciendo que sólo quería un período, y que en discurso del 17 de junio del 2015 dijo a la nación que al apoyar la enmienda para su reelección “estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que, después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto, en mayo del 2016, no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Salida alternativa de DM                     

            Los que dentro y fuera del PLD creen que el presidente Medina no buscará el tercer período, asumen que tiene como alternativa al temido retorno de su antagonista Leonel Fernández, la promoción de un tercer candidato, preferiblemente de su confianza, lo que se inscribe en la reunión que celebró a principio del mes con aspirantes, y en la que habrían participado los ministros Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo y Carlos Amarante, además del secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y del exministro Temístocles Montás, de arraigo en el partido, pero disminuido tras ser imputado en el escándalo Odebrecht.

Ninguno de ellos ha alcanzado más de un 3 por ciento de preferencias en las encuestas, cuando se les menciona como precandidatos, muy lejos de Leonel  y su esposa Margarita Cedeño, y cualquiera iría cuesta arriba contra el ex.presidente, quien mantiene un fuerte liderazgo nacional e internacional y en un partido que él curtió en el poder y a quien miles de peledeístas deben sus riquezas, o su prosperidad personal y familiar.

Een el Comitn aras de abrir alternativas se aprobaría, ahora en el Senado bajo control danilista, el padrón electoral abierto en la elección de candidatos,  para con el poder económico del Estado y los programas sociales, superar la fuerza interna del leonelismo. Para eso no se puede esperar mucho tiempo y que Fernández siga reactivando sus fieles, pero persistirán las dificultades para obtener las dos terceras partes de los diputados,  necesarias para aprobar esa ley orgánica.-

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Del acuerdo del 2015 ´

en el Comité Político del PLD:

* Modificar el artículo 124 de la Constitución y agregarle un artículo transitorio para que, si gana ahora, DM no pueda ser candidato en el 2020.

* Modificar los artículos 270, 271 y 273 de la Constitución para fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para futuras reformas.

* Acoger que las decisiones del Comité Político del PLD sean por consenso y en su defecto por las tres cuartas partes de su matrícula.

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Análisis Noticiosos

Panamá cierra ruta del Tapón del Darién ruta hacia Estados Unidos

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El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.

“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.

El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.

El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.

El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.

El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Reforma judicial confronta a Suprema Corte y al Tribunal Electoral en México.

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El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México

México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.

El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.

Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.

Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.
Sesión ordinaria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 29 de enero de 2025.Daniel Augusto (CUARTOSCURO)

El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.

Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.

Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.

La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.

Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.
Alfredo Gutiérrez durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2023.SCJN

La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

Latinoamérica excluida de acuerdo de acceso a genérico que previenen el VIH

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Por Efe

Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.

“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.

Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.

La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.

UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.

El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.

“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.

Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.

La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.

Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.

“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.

Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.

Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.

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