Opinión
Danilo abre vía hacia pacto fiscal
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.
En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.
Buen paso adelante.
Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.
El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.
Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”. El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.
La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.
Ratificación de parcelas.
El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.
Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.
La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.
Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.
También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR; Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN, en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.
Ya viene el difícil pacto fiscal.
Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.
El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.
Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.
Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.
Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros, subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.
Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.
Código de Pautas Éticas
Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.
El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.
Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.
Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes en su esfuerzo por desconocer la elección democrática de 1978.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026