Opinión
Danilo abre vía hacia pacto fiscal
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.
En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.
Buen paso adelante.
Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.
El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.
Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”. El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.
La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.
Ratificación de parcelas.
El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.
Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.
La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.
Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.
También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR; Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN, en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.
Ya viene el difícil pacto fiscal.
Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.
El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.
Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.
Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.
Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros, subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.
Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.
Código de Pautas Éticas
Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.
El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.
Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.
Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes en su esfuerzo por desconocer la elección democrática de 1978.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Isaías Ramos
«La Semanal», el programa del Presidente de la República que se realiza todos los lunes, destaca por la notable ausencia de símbolos patrios. Esta falta podría ser una táctica deliberada para desviar la atención hacia el personalismo del presidente y alejarla de los símbolos nacionales. Esto podría enviar un mensaje subliminal de debilitar nuestra identidad como nación y convertirnos en un territorio controlado por un gobierno corporativista, donde el capital domina lo público.
La reciente presentación del presidente del Consejo Unificado de las Edes, repleta de datos manipulados y argumentos infundados, fue profundamente desalentadora. No se presentó un plan serio para abordar la insostenibilidad financiera del sistema eléctrico dominicano. Es una burla pretender reducir las “pérdidas técnicas” solo en un 11% en tres años.
En lugar de enfrentar la crisis, se perpetúa mediante más endeudamiento. En los últimos cuatro años, se tomaron 1,279 millones de dólares para “mejorar” el sistema de transmisión. Según el Sr. Celso Marranzini, no se realizó ninguna inversión significativa. Ahora se presentan nuevas carpetas de préstamos, incluyendo 225 millones de dólares que él calificó como “el préstamo más importante del sector eléctrico”, destinados a cambiar el sistema comercial de las distribuidoras.
Toda la presentación se centró en soluciones superficiales y parches, sin abordar el verdadero origen de la crisis económica del sistema eléctrico nacional. Esta crisis se remonta a la Ley 141-97 de 1997, que favoreció al sector privado en detrimento de la eficiencia y seguridad del suministro eléctrico, transformando un servicio estratégico en un negocio especulativo.
Volver a privatizar el sector eléctrico en busca de lucro y especulación es una afrenta al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución. Persistir en este modelo especulativo es una aberración para el desarrollo y bienestar del pueblo y de sus futuras generaciones.
Para lograr una reforma verdadera en el sector eléctrico, es crucial cambiar la estructura insostenible por un modelo vertical bajo control total del Estado. Esto garantizará la seguridad, sostenibilidad, progreso de la población y soberanía energética.
Hemos acumulado una deuda social inconmensurable y desperdiciado más de 25 mil millones de dólares, reflejándose en un enorme endeudamiento externo que nuestras futuras generaciones tendrán que pagar, solo por insistir en un modelo insostenible e ineficiente desde su inicio.
En mayo de 2009, la distribuidora eléctrica en República Dominicana volvió a ser propiedad del Estado tras el fracaso del modelo de capitalización. La experiencia demostró que la capitalización no funcionaba; el problema radicaba en la estructura del modelo, no en la gestión. Desde entonces, una reforma era necesaria para corregir este error y garantizar un sistema eléctrico eficiente y sostenible.
Sin embargo, 15 años después seguimos cometiendo los mismos errores y pretendiendo regresar a un pasado desastroso. Es esencial que el pueblo dominicano conozca la verdadera situación de nuestro sistema eléctrico y no se deje engañar por grupos de interés manipuladores.
En el Frente Cívico y Social entendemos que se debe desmantelar la estructura actual del sector eléctrico y reemplazarla por un modelo que promueva el desarrollo económico de la sociedad basado en principios sólidos. Estamos convencidos de que una nueva reforma es urgente y mandatoria para evitar repetir los errores del pasado. ¡No más parches, necesitamos una transformación real! ¡Despierta, RD!
Por José Cabral
En los últimos meses han sido varios los casos de políticos que son acusados de violación sexual, pero que se han apoyado para defenderse en la doble moral predominante en la sociedad dominicana.
El primero en verse envuelto en un incesto en contra de su propio hijo fue Roque Espaillat, quien en todo momento ha manipulado lo ocurrido, mientras su vástago es re-victimizado con una campaña de descredito en su contra, quien sufre además las consecuencias de lo que implica el hecho en sí, el cual es muy grave y aberrante.
Ahora resulta que el otro que aparece involucrado en una violación sexual de una menor es el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, cuyo abogado ha querido quitarle la trascendencia que tiene el caso.
En el primer caso, es decir, el de Roque Espaillat, el mismo sirve para medir en medio de que pantano se mueve la sociedad dominicana, porque personas de esa procedencia son los que pretenden sustituir a los que actualmente detentan el poder.
Resulta impresionante ver como una serie de individuos se sumaron a desarrollar una campaña de descrédito en contra de la víctima de la violación sexual e incluso de lo último que lo acusaron es de haber recibido dinero del Gobierno para que hiciera la denuncia sobre el caso.
El propio Espaillat informó que procedería en contra de la periodista Nuria Piera, quien llevó la voz cantante en el caso, pero nadie ha visto el inicio del anunciado proceso legal.
Todo ello deja clara la doble moral de personas que buscan sumarse a los que por décadas han engañado al pueblo dominicano con la adopción de una pose de supuesta seriedad, pero que no es más que parte de los farsantes que aparecen por doquier en el país.
En lo que respecta al segundo caso de Abel Martínez, la denunciante dice que ella fue víctima de este personaje, carente de credibilidad, cuando se sumó a la campaña que él desarrollaba para convertirse en diputado.
En ese momento la denunciante era una adolescente de apenas 16 años de edad, pero estos descarados son tan hábiles que antes de que lo emplacen ante el Ministerio Público se aparecen ante la autoridad competente como una forma de manipular lo ocurrido.
Nótese que Abel Martínez en ningún momento niega lo ocurrido, aunque plantea someterse a un examen de ADN para determinar si realmente el niño es su hijo, lo cual implica admitir que la violación ocurrió.
Pero en ningún momento habla sobre este particular, lo cual parece tener un agravante porque la hoy madre del supuesto hijo de excandidato presidencial del PLD dice saber que hay otras jóvenes que también han sido víctimas del político de doble moral.
Sin embargo, debe decirse que la admisión de la posibilidad de que el niño sea su hijo, ya de por sí plantea un problema de violación si el asunto se ve desde la perspectiva de la ley.
Lo otro es que ahí se configura el adulterio, ya que este político de doble moral tiene su esposa que la conoce todo el mundo, ya que es una figura de la televisión.
Entonces, podrá negar la ocurrencia de la violación, pero recurre a la misma doble moral del primero e incluso hasta con una campaña de descrédito por las redes muy parecida a la del primer caso, lo cual lo descalifica para querer ser ejemplo en un país que demanda de gente con otra conducta política, social, moral y ética.
En ambos casos hay definitivamente un problema de doble moral, es decir, que son aparentemente violadores que debían también ser sometidos a lo que manda la psiquiatría en este caso, porque en realidad son casos clínicos, ya que de no ocurrir así pueden ser muchas más las victimas de estos individuos que no tienen miramiento para cometer hechos de una gravedad que no pueden ser tolerables por una sociedad sana.
Por Rommel Santos Díaz
El ejercicio de los derechos del acusado detallados en el artículo 55 y 67 del Estatuto de Roma están concedidos por la disposición general referente a los privilegios e inmunidades estipulados por el artículo 48 del Estatuto de Roma.
El artículo 48(4), especialmente, concede a los abogados, peritos, testigos, y cualquier otra persona cuya presencia se requiere en la sede de la CPI¨ tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte¨.
Los Estados Partes deberán asegurar que este acuerdo se implemente una vez redactado, para que todas las personas involucradas en la labor de la CPI sean tratadas adecuadamente.
Con el fin de asegurar un juicio justo y efectivo , con una defensa plena y efectiva, el Estado dentro del cual la Sala de Cuestiones Preliminares está llevando a cabo sus funciones según el artículo 57 del Estatuto de Roma, deberá asegurar que se nombre un defensor lo más pronto posible.
Los Estados Partes deberán también facilitar el trabajo de la Sala de Cuestiones Preliminares para salvaguardar y hacer disponible cualquier prueba que se considere necesaria.
Las autoridades locales serán los actores claves en esta etapa investigativa. Las Escuelas Judiciales serán de gran ayuda para facultar el nombramiento de un abogado local durante el proceso
El artículo 65 (5) estipula que cualquier consulta que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la CPI.
Las Escuelas Judiciales deberán asegurarse de que todos los miembros de la Defensa involucrados en el proceso estén debidamente capacitados y plenamente conscientes de que la declaración de culpabilidad no es obligatoria para la CPI.
El artículo 68 (5) del Estatuto de Roma, en especial trata los temas referentes a los derechos del acusado. El artículo 68 (5) dispone las situaciones en las cuales la divulgación de prueba podrá entrañar un peligro grave para la seguridad de un testigo o su familia.
A la luz de los derechos previstos para el acusado, el Fiscal deberá considerar cuidadosamente estos derechos al determinar suprimir tales pruebas .Tales medidas podrán ejercerse de manera que no sean perjudiciales o inconsistentes con los derechos del acusado y la disposición de un proceso justo e imparcial según el Estatuto de Roma.
Tomando en cuenta las Reglas de Procedimiento y Evidencia, el Secretario podrá estar obligado a proveer asistencia a los abogados defensores. Por ejemplo, la defensa podría requerir copiar de resoluciones recientes de la CPI que normalmente no están disponibles.
El Secretario podrá también estar involucrado en el desarrollo de un código de conducta profesional y consultar a las asociaciones legales independientes sobre cuestiones de importancia mutua.
La necesaria capacitación y educación continua de los posibles abogados defensores no puede ser sobreestimada con el fin de asegurar el poder y legitimidad de la CPI, los Estados deberán contactar sus Escuelas Judiciales Nacionales y solicitarles que designen un coordinador/contacto podría establecer una relación con la Asociación Internacional de Abogados Defensores , la cual estará preparada para asistir en la capacitación de abogados defensores para que asi se asegure su conocimiento del funcionamiento de la CPI.