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Danilo afirma no se le puede quitar la nacionalidad a quien no la tiene
SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina negó hoy en Cuba que en la República Dominicana se despoje de nacionalidad a ciudadanos porque «a nadie se le puede quitar lo que no tiene».
El mandatario reaccionó de esa manera a una entrevista de CNN acerca de que en el país se están creando apátridas, luego de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional.
Dijo que hay un error al pensar que la República Dominicana le esté quitando nacionalidad a alguien porque la sentencia remita al año 1929 y se crea retroactiva, cuando en realidad todas las constituciones que ha tenido el país desde ese año han tenido las mismas condiciones.
«Lo que estamos buscando con este proceso de regularización, y por suerte el hermano país de Haití ha estado de acuerdo con nosotros en sentarse en la mesa del diálogo para discutir todos esos asuntos, es cómo sacamos a mucha gente que está en limbo jurídico, que ni tienen la nacionalidad dominicana, ni tampoco han hecho uso de su nacionalidad haitiana porque la Constitución haitiana establece en su artículo 11 que donde quiera que nazca un hijo de haitiano, es haitiano».
Insistió en que nadie se puede quedar en condición de apátrida si su propio país le reconoce siempre una nacionalidad.
Explicó que en el caso actual dominicana es la ley la que establece quien es o no dominicano, no la práctica de haber nacido en territorio dominicano, y que por eso se trabaja en una Ley de Naturalización para recoger a todas las personas que se sienten ser dominicanas y darle un estatus legal que no lo tienen.
Medina dijo las autoridades no se intentan quitarle derechos a nadie ni se sacar a nadie del país.
«Tenemos en el registro civil 56,000 nacionalidades diferentes, de los cuales 42,000 son haitianos, 29,000 tienen una nacionalidad obtenida por vía regular, 13,000 no las han alcanzado por vía regular, queremos regularizar a esos, y además creemos que hay decenas de miles de haitianos que están en un limbo que hay que resolverles este problema.
Recordó que en el país hay cerca de un millón de haitianos y de esa cantidad el 90% no tienen ningún tipo de documento y ellos tienen acceso a salud y a educación y se les garantizan sus derechos.
En su conversación con la cadena de noticia internacional el mandatario dominicano dijo que el 13%v de los partos en los hospitales es a madres haitianas, muchas que viven en el país y otras que cruzan la frontera, lo que representa una inversión de cerca de RD$5,000 millones de pesos, unos US$100 millones.
Se refirió además a lo establecido en el Código de Trabajo que establece que el 80% de los empleos debe ser para los dominicanos y el 20 para extranjeros, pero que en las labores agrícolas trabaja el 80% de haitianos y en la construcción el 90%.
Ante la insistencia de los periodistas, el presidente Medina dijo que República Dominicana es el país más solidario con Haití y puso de ejemplo que aquí estudian 51,000 haitianos, 36,000 en básica y 15,000 en universidades, algunos becados por el Gobierno.
Reveló además que después del terremoto de Haití, que destruyó los puertos de ese país, se utilizan los de República Dominicana para llevar sus mercancías, utilizando las carreteras sin que se cobre un pago especial porque lo que se quiere es un Haití próspero.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.