Nacionales
Danilo afirma no se le puede quitar la nacionalidad a quien no la tiene
SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina negó hoy en Cuba que en la República Dominicana se despoje de nacionalidad a ciudadanos porque «a nadie se le puede quitar lo que no tiene».
El mandatario reaccionó de esa manera a una entrevista de CNN acerca de que en el país se están creando apátridas, luego de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional.
Dijo que hay un error al pensar que la República Dominicana le esté quitando nacionalidad a alguien porque la sentencia remita al año 1929 y se crea retroactiva, cuando en realidad todas las constituciones que ha tenido el país desde ese año han tenido las mismas condiciones.
«Lo que estamos buscando con este proceso de regularización, y por suerte el hermano país de Haití ha estado de acuerdo con nosotros en sentarse en la mesa del diálogo para discutir todos esos asuntos, es cómo sacamos a mucha gente que está en limbo jurídico, que ni tienen la nacionalidad dominicana, ni tampoco han hecho uso de su nacionalidad haitiana porque la Constitución haitiana establece en su artículo 11 que donde quiera que nazca un hijo de haitiano, es haitiano».
Insistió en que nadie se puede quedar en condición de apátrida si su propio país le reconoce siempre una nacionalidad.
Explicó que en el caso actual dominicana es la ley la que establece quien es o no dominicano, no la práctica de haber nacido en territorio dominicano, y que por eso se trabaja en una Ley de Naturalización para recoger a todas las personas que se sienten ser dominicanas y darle un estatus legal que no lo tienen.
Medina dijo las autoridades no se intentan quitarle derechos a nadie ni se sacar a nadie del país.
«Tenemos en el registro civil 56,000 nacionalidades diferentes, de los cuales 42,000 son haitianos, 29,000 tienen una nacionalidad obtenida por vía regular, 13,000 no las han alcanzado por vía regular, queremos regularizar a esos, y además creemos que hay decenas de miles de haitianos que están en un limbo que hay que resolverles este problema.
Recordó que en el país hay cerca de un millón de haitianos y de esa cantidad el 90% no tienen ningún tipo de documento y ellos tienen acceso a salud y a educación y se les garantizan sus derechos.
En su conversación con la cadena de noticia internacional el mandatario dominicano dijo que el 13%v de los partos en los hospitales es a madres haitianas, muchas que viven en el país y otras que cruzan la frontera, lo que representa una inversión de cerca de RD$5,000 millones de pesos, unos US$100 millones.
Se refirió además a lo establecido en el Código de Trabajo que establece que el 80% de los empleos debe ser para los dominicanos y el 20 para extranjeros, pero que en las labores agrícolas trabaja el 80% de haitianos y en la construcción el 90%.
Ante la insistencia de los periodistas, el presidente Medina dijo que República Dominicana es el país más solidario con Haití y puso de ejemplo que aquí estudian 51,000 haitianos, 36,000 en básica y 15,000 en universidades, algunos becados por el Gobierno.
Reveló además que después del terremoto de Haití, que destruyó los puertos de ese país, se utilizan los de República Dominicana para llevar sus mercancías, utilizando las carreteras sin que se cobre un pago especial porque lo que se quiere es un Haití próspero.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.