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Danilo afirma no se le puede quitar la nacionalidad a quien no la tiene
SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina negó hoy en Cuba que en la República Dominicana se despoje de nacionalidad a ciudadanos porque «a nadie se le puede quitar lo que no tiene».
El mandatario reaccionó de esa manera a una entrevista de CNN acerca de que en el país se están creando apátridas, luego de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional.
Dijo que hay un error al pensar que la República Dominicana le esté quitando nacionalidad a alguien porque la sentencia remita al año 1929 y se crea retroactiva, cuando en realidad todas las constituciones que ha tenido el país desde ese año han tenido las mismas condiciones.
«Lo que estamos buscando con este proceso de regularización, y por suerte el hermano país de Haití ha estado de acuerdo con nosotros en sentarse en la mesa del diálogo para discutir todos esos asuntos, es cómo sacamos a mucha gente que está en limbo jurídico, que ni tienen la nacionalidad dominicana, ni tampoco han hecho uso de su nacionalidad haitiana porque la Constitución haitiana establece en su artículo 11 que donde quiera que nazca un hijo de haitiano, es haitiano».
Insistió en que nadie se puede quedar en condición de apátrida si su propio país le reconoce siempre una nacionalidad.
Explicó que en el caso actual dominicana es la ley la que establece quien es o no dominicano, no la práctica de haber nacido en territorio dominicano, y que por eso se trabaja en una Ley de Naturalización para recoger a todas las personas que se sienten ser dominicanas y darle un estatus legal que no lo tienen.
Medina dijo las autoridades no se intentan quitarle derechos a nadie ni se sacar a nadie del país.
«Tenemos en el registro civil 56,000 nacionalidades diferentes, de los cuales 42,000 son haitianos, 29,000 tienen una nacionalidad obtenida por vía regular, 13,000 no las han alcanzado por vía regular, queremos regularizar a esos, y además creemos que hay decenas de miles de haitianos que están en un limbo que hay que resolverles este problema.
Recordó que en el país hay cerca de un millón de haitianos y de esa cantidad el 90% no tienen ningún tipo de documento y ellos tienen acceso a salud y a educación y se les garantizan sus derechos.
En su conversación con la cadena de noticia internacional el mandatario dominicano dijo que el 13%v de los partos en los hospitales es a madres haitianas, muchas que viven en el país y otras que cruzan la frontera, lo que representa una inversión de cerca de RD$5,000 millones de pesos, unos US$100 millones.
Se refirió además a lo establecido en el Código de Trabajo que establece que el 80% de los empleos debe ser para los dominicanos y el 20 para extranjeros, pero que en las labores agrícolas trabaja el 80% de haitianos y en la construcción el 90%.
Ante la insistencia de los periodistas, el presidente Medina dijo que República Dominicana es el país más solidario con Haití y puso de ejemplo que aquí estudian 51,000 haitianos, 36,000 en básica y 15,000 en universidades, algunos becados por el Gobierno.
Reveló además que después del terremoto de Haití, que destruyó los puertos de ese país, se utilizan los de República Dominicana para llevar sus mercancías, utilizando las carreteras sin que se cobre un pago especial porque lo que se quiere es un Haití próspero.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.