Análisis Noticiosos
Danilo debe frenar el genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
El camino más expedito para conjurar el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.
Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.
244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.
Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.
La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.
Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.
La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.
En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.
Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.
Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.
Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.
Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.
Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.
Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.
El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.
Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.
Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.
El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.
En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.
El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.