Santo Domingo, RD.-Los análisis y cálculos económicos que se hacen en el país son muy variados a propósito de la suspensión de las elecciones municipales que debieron celebrarse ayer domingo, pero también se abordan lo que en opinión de muchos son la solución a la crisis política y electoral.Más Noticias
El presidente Medina se dirigirá al país esta noche.
Santo Domingo, RD.-Los análisis y cálculos económicos que se hacen en el país son muy variados a propósito de la suspensión de las elecciones municipales que debieron celebrarse ayer domingo, pero también se abordan lo que en opinión de muchos son la solución a la crisis política y electoral.En julio del año pasado el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó un anteproyecto de presupuesto para el año 2020 por 16,540 millones de pesos, de los cuales 8,377 millones se utilizarían para los procesos electorales tanto municipales, como presidenciales y congresuales.
En el proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno se le asignó una partida de RD$4,500 millones de pesos.
Para enero el órgano lectoral dispuso que la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, ascendería a RD$3,013,903,594.00.
Ninguno de los partidos ha presentado ante la JCE la relación del dinero invertido por sus candidatos para las elecciones municipales.
Para estas elecciones municipales el padrón de electores ascendió a 7,487,040 personas, que a su vez elegirían a las 3,849 autoridades para igual cantidad de cargos públicos.
La Ley Electoral establece que cada uno de los candidatos a alcalde podía gastar, como máximo, la suma de 87.50 pesos por cada elector inscrito en su circunscripción.
En el caso de los regidores, donde se elegían 1,164 autoridades, el gasto máximo es de 43.75 pesos por votante. Igualmente el límite por partido, agrupación o movimiento es de 1.75 pesos por electores.
En el caso de aspirantes a directores de distritos con menos de 5,000 electores inscritos en el padrón, el tope es de 150 pesos por votante. Asimismo ningún aspirante municipal o partido podía recibir más del 1% del tope de gastos como aportes por particulares.
Al no haberse presentado los informes de económicos de los candidatos se hace imposible estimar los gastos en los que incurrieron y en los, inclusive, podrían entrar con la celebración de nuevos comicios.
El contrato con la empresa DIGIWORLD, S.R.L, que suplió los 11,000 kits del voto automatizado, registró un costo de RD$1,008,118,650.00.
Mientras que el gasto de la auditoria que realizó la empresa Alhambra Systems, S.A. ascendió a US$566,037.73. Cerca de 29 mil millones de pesos.
La institución electoral informó que destinó RD$431.7 millones para la adquisición de insumos del montaje del proceso, a los que se les debe sumar los RD$11.2 millones para la impresión de materiales educativos y RD$5.4 millones para la campaña educativa y motivacional, entre otros gastos para el montaje del proceso.
Para la impresión de las boletas, la Editora Corripio fue seleccionada para prensar más de 3.2 millones de papeletas por un valor de RD$14,767,828.92.
Según la Constitución en el país tenían que celebrarse el 16 de este mes las elecciones municipales, para elegir los candidatos a síndicos, vicesíndicos, regidores y sus suplentes; directores municipales y vocales.También el 17 de mayo tendrán se realizará elecciones presidenciales y congresionales. Si no hay un ganador en la primera vuelta, se realizaría una segunda vuelta el 30 de junio.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
En ese entonces, la empresa detalló que no usaba combustibles ni productos para reciclar plásticos que pudieran provocar la explosión en San Cristóbal. Además, indicaron que en el lugar solo quedaba material plástico y que no había nada que pudiera provocar la explosión.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Durante las horas de protesta se presenció un ambiente marcado por la tensión, la presencia polical, neumáticos incendiados y obstáculos en algunas vías.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Los hechos ocurrieron el viernes 3 de julio de este año, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Este lunes el presidente Luis Abinader designó, por medio del decreto 558-26, a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la entidad.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Como parte de su formación académica, el ex director de la Policía Nacional realizó una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, diplomados en liderazgos, derechos humanos, investigación criminal, seguridad estratégica, gestión institucional y liderazgo transformacional.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.