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El presidente Medina se dirigirá al país esta noche.

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Santo Domingo, RD.-Los análisis y cálculos económicos que se hacen en el país son muy variados a propósito de la suspensión de las elecciones municipales que debieron celebrarse ayer domingo, pero también se abordan lo que en opinión de muchos son la solución a la crisis política y electoral.

En julio del año pasado el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó un anteproyecto de presupuesto para el año 2020 por 16,540 millones de pesos, de los cuales 8,377 millones se utilizarían para los procesos electorales tanto municipales, como presidenciales y congresuales.

En el proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno se le asignó una partida de RD$4,500 millones de pesos.

Para enero el órgano lectoral dispuso que la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, ascendería a RD$3,013,903,594.00.

Ninguno de los partidos ha presentado ante la JCE la relación del dinero invertido por sus candidatos para las elecciones municipales.

Para estas elecciones municipales el padrón de electores ascendió a 7,487,040 personas, que a su vez elegirían a las 3,849 autoridades para igual cantidad de cargos públicos.

La Ley Electoral establece que cada uno de los candidatos a alcalde podía gastar, como máximo, la suma de 87.50 pesos por cada elector inscrito en su circunscripción.

En el caso de los regidores, donde se elegían 1,164 autoridades, el gasto máximo es de 43.75 pesos por votante. Igualmente el límite por partido, agrupación o movimiento es de 1.75 pesos por electores.

En el caso de aspirantes a directores de distritos con menos de 5,000 electores inscritos en el padrón, el tope es de 150 pesos por votante. Asimismo ningún aspirante municipal o partido podía recibir más del 1% del tope de gastos como aportes por particulares.

Al no haberse presentado los informes de económicos de los candidatos se hace imposible estimar los gastos en los que incurrieron y en los, inclusive, podrían entrar con la celebración de nuevos comicios.

El contrato con la empresa DIGIWORLD, S.R.L, que suplió los 11,000 kits del voto automatizado, registró un costo de RD$1,008,118,650.00.

Mientras que el gasto de la auditoria que realizó la empresa Alhambra Systems, S.A. ascendió  a US$566,037.73. Cerca de 29 mil millones de pesos.

La institución electoral informó que destinó RD$431.7 millones para la adquisición de insumos del montaje del proceso, a los que se les debe sumar los RD$11.2 millones para la impresión de materiales educativos y RD$5.4 millones para la campaña educativa y motivacional, entre otros gastos para el montaje del proceso.

Para la impresión de las boletas, la Editora Corripio fue seleccionada para prensar más de 3.2 millones de papeletas por un valor de RD$14,767,828.92.

Según la Constitución en el país tenían que celebrarse el 16 de este mes las elecciones municipales, para elegir los candidatos a síndicos, vicesíndicos, regidores y sus suplentes; directores municipales y vocales.También el 17 de mayo tendrán se realizará elecciones presidenciales y congresionales. Si no hay un ganador en la primera vuelta, se realizaría una segunda vuelta el 30 de junio.

 

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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares

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Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD  en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera  expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.

Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.

También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.

La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.

BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

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Se repiten actos de violencia provenientes de motoconchistas.

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SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en  el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.

El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.

Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.

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Mejoras laborales exigen Jueces y servidores de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron  jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen  que el Consejo  del Poder Judicial gasta millones de pesos en un  árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.

A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.

El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.

Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:

Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.

Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.

Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.

Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.

Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.

Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.

Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.

Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.

Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».

De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».

Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.

Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.

Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.

El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.

«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.

Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.

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