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Danilo promete convocar a un pacto eléctrico y resolver la crisis del sector antes de 2016
SANTO DOMINGO. Después de un año y seis meses del inicio de su administración, el presidente Danilo Medina anunció que convocará, antes de que concluya el 2014, un pacto nacional sobre el tema eléctrico con la mediación del Consejo Económico y Social (CES).
El mandatario realizó ese anuncio, ayer 27 de febrero, en el marco de su discurso de rendición de cuentas a la Nación, ante la Asamblea Nacional. Acompañó su discurso con la gran promesa de dejar resuelto el eterno problema del sector eléctrico en República Dominicana.
El Pacto Eléctrico fue una de las promesas hechas por el presidente Medina en el acto de su toma de posesión, el 16 de agosto de 2012.
«De una vez por todas dejaremos atrás esta situación de precios altos y servicios deficientes», afirmó el Presidente, antes de anunciar los planes en ejecución para diversificar la matriz energética del sector eléctrico, reducir las pérdidas, y mejorar la gestión de las empresas distribuidoras. Calcula que estos planes supondrán un ahorro al Gobierno y al país de entre US$800 millones y US$900 millones al año.
El Ejecutivo se refirió a la licitación, ya concluida, para la construcción de dos nuevas plantas de generación a carbón, de 380 megavatios cada una, por las cuales estima que el país se ahorrará US$450 millones al año en transferencia del Gobierno hacia el sector eléctrico. Ambas plantas serán de propiedad estatal y gestionadas por el Estado.
También anunció «avances sólidos» en la conversión a gas natural de las plantas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, (conocida como Cogentrix) las cuales tienen una capacidad de 300 megavatios.
A esos avances contribuye la expansión de la producción de gas natural en los Estados Unidos, lo que «promete una ocasión única de bajar los costes de generación», manifestó.
De este modo, el mandatario ve en los Estados Unidos un potencial mercado para que el país se abastezca del gas natural que sus nuevas plantas de generación demanden.
La infraestructura para el gas natural en San Pedro de Macorís incluirá una terminal flotante que inversionistas del sector privado se proponen construir, y la cual se espera que tenga una capacidad para abastecer mil megavatios. Esa obra estaría disponible para el segundo semestre de 2015. Medina estima que estas obras generarán una ahorro de 100 millones de dólares anuales al país.
«Esta estrategia de conversión a gas natural podría extenderse a otras plantas y propiciar la construcción de nuevos proyectos de generación», confió el Presidente.
Otros proyectos de interés para el Gobierno son los trabajos de cierre de la central de Ciclo Combinado que realiza AES Dominicana, y que una vez entre en operación aportará al sistema interconectado otros 108 megavatios.
«Será realizado por la empresa AES Dominicana, quien actualmente se encuentra en proceso de evaluación para elegir el contratista. Se estima que este proyecto esté finalizado en el primer trimestre del año 2016 y produzca ahorros de unos 50 millones de dólares anuales», reveló.
En conjunto, estos proyectos, junto a otros que se encuentran en la mesa de planeación, «representan una evolución radical de la matriz de generación, que permitirá encauzar la República Dominicana hacia el desarrollo sostenible del sector eléctrico», pronostica el Presidente. Otros proyectos en ejecución presentado por el Ejecutivo tienen que ver con la rehabilitación de las redes de distribución de electricidad, que se ejecuta con una inversión de US$304 millones.
Un tercer eje destacado trata sobre eficiencia del servicio por parte de las empresas distribuidoras. Sobre el mismo, el Presidente anuncia como resultado una captación de 130 mil nuevos clientes y un incrementó en más de 10% de los consumidores que pagan su energía.
Crecimiento económico…
Los indicadores macroeconómicos arrojan un balance decididamente optimista del 2013 y una perspectiva de futuro realmente esperanzadora para el 2014 que ya avanza a paso firme, afirmó el presidente Medina. Dijo esperar que la tendencia de crecimiento se consolide y que el 2014 finalice con un crecimiento cercano al 5% del PIB, «en un marco de estabilidad financiera».
«Nos comprometimos a sentar las bases de un modelo de desarrollo que ponga a las personas, las familias y comunidades en el centro de todas las políticas», reitera, como en otras ocasiones.
PUNTA CANA. – Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo a los gobiernos municipales para seguir elevando las condiciones de vida de todos los dominicanos.
Al intervenir en la vigésimo tercera Asamblea General de Municipios 2024, dijo que mantiene las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta con todos las alcaldías para que las políticas y servicios públicos lleguen con calidad.
Para este segundo mandato, dijo: “vamos a superar los cuatro años pasados y vamos a tener más obras, más resultados y más satisfacción de la gente en cada uno de los municipios”.
El Jefe de Estado adelantó que para finales de este 2024 o principios de 2025 se presentarán propuestas para el aumento de los ingresos municipales y aportes especiales para la ejecución de obras demandadas en sus territorios.
Asimismo, indicó que antes del próximo 27 de febrero espera se apruebe en el Congreso Nacional la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales como un acto de justicia social para el sustento de quienes dedican su vida al servicio de sus comunidades.
Otra disposición es la instrucción al Ministerio Administrativo de la Presidencia para crear una estructura de contacto, supervisión y coordinación junto a la Liga Municipal Dominicana que permita reforzar el apoyo para que estas instituciones puedan realizar cada día una labor más eficiente.
SEIS MIL MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS EN 4 AÑOS
De su lado, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, presentó un recuento de las ejecutorias logradas en favor de los ciudadanos y empleados municipales, destacando la eliminación de vertederos de cielo abierto y el destino de RD$ 6 mil millones en estos cuatro años en infraestructuras básicas como aceras, contenes, vías asfaltadas, cementerios, funerarias, mercados y mataderos.
Asimismo, dijo que presentó una reforma al artículo 21 de la ley 176-07 respecto a los porcentajes para el destino de los fondos; se elaboró el proyecto para la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales.
Señaló también que se pondrá en marcha el cobro de la tasa por servicio de manejo de residuos sólidos a través de la factura eléctrica; la integración al SIGEF, avanzado así en la transparencia de sus procesos y el pago de incentivos al buen desempeño municipal.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional es escenario de un gran debate sobre la reforma del Código de Trabajo, cuya medida implica una confrontación entre empresarios y trabajadores.
El proyecto entregado por el Poder Ejecutivo al Senado de la República pretende actualizar la Ley 16-92, que fue promulgada en el año 1992, hace 32 años, agregando nuevas modalidades laborales y fortaleciendo el marco regulatorio del país.
Sin embargo, el principal tema de discusión es la cesantía laboral, ya que mientras el sector empresarial solicita desde hace años una revisión para modificarla, los empleados y las centrales sindicales demandan lo contrario, asegurando que este es un derecho adquirido de los asalariados dominicanos que no debe ser perjudicado.
La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.
Así lo dicta el artículo 80 de la ley, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.
Mientras que para quienes hayan cumplido con su labor entre seis meses y un año, la norma jurídica ordena el pago de 13 días de sueldo.
Por último, en el caso de quienes tengan más de cinco años, la pieza legislativa vigente dispone una indemnización de 23 días de salarios, de igual forma, por cada año.
Según el artículo 86, las compensaciones económicas deben ser pagadas al trabajador en un plazo de diez días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. Cuando ocurra un incumplimiento, el empleador debe adicionar el pago de un día del salario por cada día de retraso.
Temor y preocupación
La pieza elaborada por el Ministerio de Trabajo no pretende afectar el artículo de la Cesantía, debido a que este tema no pudo ser consensuado por el sector tripartito (Gobierno, empresarios y empleados). Esto, a pesar de los más de 100 encuentros en los que participaron estas tres representaciones de la sociedad.
Sin importar las garantías que ofrece el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, asegurando que la intención del tren gubernamental no es adicionar o modificar algún artículo, el cual no haya sido acordado en los diálogos, iniciados en 2022.
Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, cuentan con total soberanía por conformar al Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, para decidir finalmente los proyectos de ley que se aprueban o pasan a ser rechazados. Y, precisamente, así lo entienden los sindicalistas.
Es por eso que el pasado jueves, al visitar la comisión especial del Senado que estudia el proyecto, las cuatro principales Centrales Sindicales manifestaron temor y preocupación ante la existencia de esa posibilidad.
Sin importar la incertidumbre que puedan tener, El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, fungió como vocero de otras tres entidades que estaban presentes para reiterar su rechazo al pedimento de la clase empresarial.
Al finalizar, Abreu expresó tener esperanza de que los congresistas de ambas cámaras cumplirán con mantener la cesantía intacta.
“Tenemos fe en que va a ser cumplido. De este hemiciclo, de esta cámara alta, no va a salir una propuesta que incluya la cesantía laboral. Esa es la fe que tenemos nosotros”, dijo Abreu. Momentos antes se escuchaba desde las afueras del salón de reuniones en el Senado al senador Antonio Marte pedir confianza en la voluntad de los congresistas.
¿Seguridad social?
Mientras tanto, hay legisladores que consideran oportuno colocar la discusión sobre la cesantía dentro de la reforma a la Ley 87-01 de la Seguridad Social, la cual es parte de las 12 transformaciones legislativas anunciadas el pasado 6 de junio por la Presidencia.
“Si en la mesa tripartita no se acordó tocar la cesantía. Pues no se puede tocar… Como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y senador de La Vega, entiendo que ese tema debe abordarse al discutirse la reforma de la Seguridad Social”, afirmó el pasado viernes el representante Rogelio Genao, quien comparte la misma declaración de otros senadores que, incluso, pertenecen a la comisión especial.
Genao entiende que una solución podría ser establecer dentro de la Ley 87-01 un seguro de desempleo. A esta visión también se une la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), quien publicó un comunicado el 22 de julio para pedir la exclusión de la cesantía.
“Profundizar el diálogo”
Por otro lado, una de las grandes agrupaciones empresariales, el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), reiteró el pasado viernes su compromiso con el bienestar de los trabajadores. No obstante, el presidente, Celso Juan Marranzini, espera que el Senado sirva de espacio para que se profundice el diálogo.
“Quieren forzar una discusión en el Congreso donde ya se abortó, no se logró consenso en la mesa tripartita”, esta fue la respuesta de Genao ante las declaraciones de los empresarios.
Tiempo de discusión
Este proyecto podrá permanecer, de manera vigente, durante dos legislaturas en el órgano legislativo, de acuerdo con lo fijado en el reglamento. Por lo que quedará en manos de los congresistas si finalmente este apartado será modificado en los próximos o cuando sea desarrollada la evolución en la Ley de Seguridad Social.
Santo Domingo, R.D.-Sigue causando sorpresa a muchos dominicanos la solicitud de la cédula de identidad en los chequeos de migración de los diferentes aeropuertos, entendiendo que para este filtro solo es necesaria la documentación del pasaporte y que lo contrario es un “fastidio burocrático”.
Sin embargo, la intención es impedir la salida de militares que están llamados a honrar su asignación en un puesto, por lo cual incurren en violaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 219, ordena a los miembros requerir autorización para vacaciones, licencias o permisos a disfrutar en el extranjero.
Esta medida fue a solicitud del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, que en una carta enviada al director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, le demanda fortalecer el control migratorio respecto a uniformados que “pretendan viajar al extranjero por los diferentes puertos y aeropuertos del país, sin la autorización correspondiente”.
La carta integra mediante la que Fernández Onofre se dirige a Lee Ballester, en fecha 22 de octubre del 2024. Listín Diario tuvo acceso a la comunicación. Fuente Externa
Los filtros implementados terminaron en una sanción disciplinaria contra un cabo, consistente en veintiún días de encierro a cumplirse en la cárcel de alistados de su estación, luego de intentar abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas con destino a San Juan, Puerto Rico.
Este no contaba con el permiso correspondiente, cometiendo una violación a lo dictado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, sobre las vacaciones, licencias o permisos en el extranjero, establece que los miembros “requerirán la autorización del ministro de Defensa”.