Nacionales
Danilo promete convocar a un pacto eléctrico y resolver la crisis del sector antes de 2016
SANTO DOMINGO. Después de un año y seis meses del inicio de su administración, el presidente Danilo Medina anunció que convocará, antes de que concluya el 2014, un pacto nacional sobre el tema eléctrico con la mediación del Consejo Económico y Social (CES).
El mandatario realizó ese anuncio, ayer 27 de febrero, en el marco de su discurso de rendición de cuentas a la Nación, ante la Asamblea Nacional. Acompañó su discurso con la gran promesa de dejar resuelto el eterno problema del sector eléctrico en República Dominicana.
El Pacto Eléctrico fue una de las promesas hechas por el presidente Medina en el acto de su toma de posesión, el 16 de agosto de 2012.
«De una vez por todas dejaremos atrás esta situación de precios altos y servicios deficientes», afirmó el Presidente, antes de anunciar los planes en ejecución para diversificar la matriz energética del sector eléctrico, reducir las pérdidas, y mejorar la gestión de las empresas distribuidoras. Calcula que estos planes supondrán un ahorro al Gobierno y al país de entre US$800 millones y US$900 millones al año.
El Ejecutivo se refirió a la licitación, ya concluida, para la construcción de dos nuevas plantas de generación a carbón, de 380 megavatios cada una, por las cuales estima que el país se ahorrará US$450 millones al año en transferencia del Gobierno hacia el sector eléctrico. Ambas plantas serán de propiedad estatal y gestionadas por el Estado.
También anunció «avances sólidos» en la conversión a gas natural de las plantas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, (conocida como Cogentrix) las cuales tienen una capacidad de 300 megavatios.
A esos avances contribuye la expansión de la producción de gas natural en los Estados Unidos, lo que «promete una ocasión única de bajar los costes de generación», manifestó.
De este modo, el mandatario ve en los Estados Unidos un potencial mercado para que el país se abastezca del gas natural que sus nuevas plantas de generación demanden.
La infraestructura para el gas natural en San Pedro de Macorís incluirá una terminal flotante que inversionistas del sector privado se proponen construir, y la cual se espera que tenga una capacidad para abastecer mil megavatios. Esa obra estaría disponible para el segundo semestre de 2015. Medina estima que estas obras generarán una ahorro de 100 millones de dólares anuales al país.
«Esta estrategia de conversión a gas natural podría extenderse a otras plantas y propiciar la construcción de nuevos proyectos de generación», confió el Presidente.
Otros proyectos de interés para el Gobierno son los trabajos de cierre de la central de Ciclo Combinado que realiza AES Dominicana, y que una vez entre en operación aportará al sistema interconectado otros 108 megavatios.
«Será realizado por la empresa AES Dominicana, quien actualmente se encuentra en proceso de evaluación para elegir el contratista. Se estima que este proyecto esté finalizado en el primer trimestre del año 2016 y produzca ahorros de unos 50 millones de dólares anuales», reveló.
En conjunto, estos proyectos, junto a otros que se encuentran en la mesa de planeación, «representan una evolución radical de la matriz de generación, que permitirá encauzar la República Dominicana hacia el desarrollo sostenible del sector eléctrico», pronostica el Presidente. Otros proyectos en ejecución presentado por el Ejecutivo tienen que ver con la rehabilitación de las redes de distribución de electricidad, que se ejecuta con una inversión de US$304 millones.
Un tercer eje destacado trata sobre eficiencia del servicio por parte de las empresas distribuidoras. Sobre el mismo, el Presidente anuncia como resultado una captación de 130 mil nuevos clientes y un incrementó en más de 10% de los consumidores que pagan su energía.
Crecimiento económico…
Los indicadores macroeconómicos arrojan un balance decididamente optimista del 2013 y una perspectiva de futuro realmente esperanzadora para el 2014 que ya avanza a paso firme, afirmó el presidente Medina. Dijo esperar que la tendencia de crecimiento se consolide y que el 2014 finalice con un crecimiento cercano al 5% del PIB, «en un marco de estabilidad financiera».
«Nos comprometimos a sentar las bases de un modelo de desarrollo que ponga a las personas, las familias y comunidades en el centro de todas las políticas», reitera, como en otras ocasiones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.