BARAHONA.- La solicitud de medida de coerción contra 10 integrantes de la red criminal conocida como Operación Caimán  será ventilada el próximo viernes 19 de abril por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona.

El juez Daniel Emilio Pimentel dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia luego de acoger una solicitud de la defensa de los imputados que pidieron más tiempo para depositar arraigos.

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.

El grupo está implicado en delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán la pasada semana se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.

También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.

El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa.

Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.

Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno negó este lunes que se haya contratado a chinos para que hackeen a opositores como lo denunció el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo.

Durante su participación este lunes en «La Semanal con la Prensa»,  el Mandatario dijo que el Gobierno está abierto a que desde un organismo internacional se realice una investigación sobre el hackeo denunciado por el congresista, con la finalidad de que se determine la verdad.

El gobernante sostuvo que en la República Dominicana no ha habido ninguna denuncia sobre supuesto hackeo a opositores y empresarios.

“Nosotros no hemos invertido en 5g, lo que él tiene que hacer, no ha hecho ninguna denuncia en la República Dominicana, que vaya a un organismo internacional para una investigación independiente y nosotros le abrimos las puertas, todo lo que necesite del Gobierno y que se determine la verdad», manifestó.

Lorenzo dijo recientemente a través del programa el Sol de la Mañana, que se trató de un hackeo a sus cuentas personales, una comunicación enviada a medios internacionales denunciando supuestas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los migrantes indocumentados de origen haitiano.

an-am

Santo Domingo, R.D.-La madre de la niña fallecida durante un presunto asalto en la avenida Máximo Gómez  con Nicolás de Ovando de la capital, Kerlin Alcántara Jorge, pidió al Gobierno y a los legisladores cambiar la ley que permite que, a uno de los vinculados en la muerte de su hija, se le procese como menor de edad.

Alcántara Jorge cuestionó el hecho de que el Código del Menor (ley 136-03) contempla al imputado Andy Matos (Puchinga) como menor porque cometió el hecho el día en que cumplió los 18 años y no un día después.

Asimismo, expresó que, si «él era mayor para cometer el delito», a la hora de juzgarlo deben tratarlo como tal.

• «Como es que tú, si eres mayor para cometer un hecho delictivo, andar con armas de fuego, andar con tu compañero planificando… pero hay que juzgarlo como un menor, pero para él andar a esa hora, robar, matar…», expresó.

Manifestó que su lucha no es solo por una condena para los implicados en la muerte de su hija, sino también por un «cambio«.

Además, comentó que, aunque en ocasiones anteriores afirmó que su hija murió por un propósito, «nadie quiere que a un hijo se lo maten por un propósito, y mucho menos como me la mataron a mí, atrás de mí y sin yo poder hacer nada».