Opinión
Danilo y el Sector Agropecuario
Por: Freddy Núñez
“Cómo va el campo va el país”, este eslogan ha sido utilizado por muchos, políticos, empresarios, campesinos y gente común, que hacen uso de él para referirse a que como está la situación económica del campo agropecuario, así mismo va la economía de todo la nación, y no está nada lejos de la realidad esa aseveración, ya que la incidencia de la economía agrícola y pecuaria en la generación de riquezas en República Dominicana es innegable, su participación en el PBI total y en la generación de empleo es tal, que algunos autores aseguran que este es un ámbito de seguridad nacional.
Y pensando en eso debió estar el Lic. Danilo Medina al designar al Ing. Agrónomo Luis Ramón Rodríguez al frente del Ministerio de agricultura, organismo rector de toda la producción agropecuaria del país, este profesional del área, cuya preparación y conocimientos del sector lo hace uno de los principales activos humanos de área agropecuaria. Y no hay dudas que su participación al lado del hoy senador y antiguo secretario de agricultura Amílcar Romero, de cuyo equipo formo parte, y los innumerables trabajos que ha realizado en el campo de la planificación y la economía agrícola, así como su participación en organismos internacionales lo avalan para realizar una gestión de calidad al frente de ese ministerio.
Los grandes problemas que hoy exhibe la actividad productiva tanto en la agricultura como en la pecuaria, en todo el territorio nacional incide de tal forma en la economía, que no solo afecta al productor en su actividad productiva y generadora de riquezas, sino también al consumidor, a quien obligan a adquirir productos agropecuarios más caros y de menor calidad, y al mismo tiempo presiona el mercado cambiario y la balanza de pagos, al tener que disponer de mayor cantidad de divisas para importar alimentos y productos agropecuarios.
Los altos costos de producción, reflejados en combustibles y energía eléctrica caros, precios de materias primas en franca tendencia alcista en los mercados internacionales y estructuras de comercialización obsoletas, son solo parte de los grandes retos que Luis Ramón Rodríguez deberá afrontar en su gestión frente a agricultura. Si a eso le añadimos la gran proporción de caminos vecinales en mal estado y casi toda la infraestructura agropecuaria, así como la gran inversión que debe hacerse para dinamizar la producción del campo, estamos ante una empresa de dimensiones titánicas, la cual no tenemos la menor duda de que el ministro de agricultura y su equipo, con el apoyo decidido del presidente Medina, sabrán enfrentar, y de la cual saldrán airosos, pues en muy poco tiempo veremos las iniciativas para reactivar las actividades agropecuarias, entre las que deberemos observar: un amplio programa de siembra de productos de ciclo corto, un proyecto de reparación y adecuación de los caminos vecinales y la infraestructura física en las áreas de producción, apoyo e incentivos a pequeños y medianos productores, así como apoyo a toda actividad agropecuaria con miras a la exportación, veremos el fortalecimiento de los clúster de productores de diferentes rubros, y la solución de serios problemas que afectan a diversos productores, como es el caso del banano en la línea noroeste afectado por la sigatoka negra, o la deuda que mantiene el gobierno con algunos productores en diferentes zonas del país.
Auguramos la reactivación económica del sector agropecuario, con la aplicación de importantes medidas que traerán una mayor disponibilidad de productos de la canasta básica, con la consecuente reducción de precios, mayor estabilidad en los beneficios de los productores, aumento en las exportaciones de productos agropecuarios y por ende la disminución en las importaciones, lo que repercutirá en más estabilidad al mercado cambiario y una disminución del déficit en la balanza de pagos.
El autor es Politólogo
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Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.