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Opinión

Danilo y el Sector Agropecuario

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Por: Freddy Núñez

Cómo va el campo va el país”, este eslogan ha sido utilizado por muchos, políticos, empresarios, campesinos y gente común, que hacen uso de él para referirse a que como está la  situación económica del campo agropecuario, así mismo va la economía de todo la nación, y no está nada lejos de la realidad esa aseveración, ya que la incidencia de la economía agrícola y pecuaria en la generación de riquezas en República Dominicana es innegable, su participación en el PBI total y en la generación de empleo es tal, que algunos autores aseguran que este es un ámbito de seguridad nacional.

Y pensando en eso debió estar el Lic. Danilo Medina al designar al Ing. Agrónomo Luis Ramón Rodríguez al frente del Ministerio de agricultura, organismo rector de toda la producción agropecuaria del país, este profesional del área, cuya preparación y conocimientos del sector lo hace uno de los principales activos humanos de área agropecuaria. Y no hay dudas que su participación al lado del hoy senador y antiguo secretario de agricultura Amílcar Romero, de cuyo equipo formo parte, y los innumerables trabajos que ha realizado en el campo de la planificación y la economía agrícola, así como su participación en organismos internacionales lo avalan para realizar una gestión  de calidad al frente de ese ministerio.

Los grandes problemas que hoy exhibe la actividad productiva tanto en la agricultura como en la pecuaria, en todo el territorio nacional incide de tal forma en la economía, que no solo afecta al productor en su actividad productiva y generadora de riquezas, sino también al consumidor, a quien obligan a adquirir productos agropecuarios más caros y de menor calidad, y al mismo tiempo presiona el mercado cambiario y la balanza de pagos, al tener que disponer de mayor cantidad de divisas para importar alimentos y productos agropecuarios.

Los altos costos de producción, reflejados en combustibles y energía eléctrica caros, precios de materias primas en franca tendencia alcista en los mercados internacionales y estructuras de comercialización obsoletas, son solo parte de los grandes retos que Luis Ramón Rodríguez deberá afrontar en su gestión frente a agricultura. Si a eso le añadimos la gran proporción de caminos vecinales en mal estado y casi toda la infraestructura agropecuaria, así como la gran inversión que debe hacerse para dinamizar la producción del campo, estamos ante una empresa de dimensiones titánicas, la cual no tenemos la menor duda de que el ministro de agricultura y su equipo, con el apoyo decidido del presidente Medina, sabrán enfrentar, y de la cual saldrán airosos, pues en muy poco tiempo veremos las iniciativas para reactivar las actividades agropecuarias, entre las que deberemos observar: un amplio programa de siembra de productos de ciclo corto, un proyecto de reparación y adecuación de los caminos vecinales y la infraestructura física en las áreas de producción, apoyo e incentivos a pequeños y medianos productores, así como apoyo a toda actividad agropecuaria con miras a la exportación, veremos el fortalecimiento de los clúster de productores de diferentes rubros, y la solución de serios problemas que afectan a diversos productores, como es el caso del banano en la línea noroeste afectado por la sigatoka negra, o la deuda que mantiene el gobierno con algunos productores en diferentes zonas del país.

Auguramos la reactivación económica del sector agropecuario, con la aplicación de importantes medidas que traerán una mayor disponibilidad de productos de la canasta básica, con la consecuente reducción de precios, mayor estabilidad en los beneficios de los productores,  aumento en las exportaciones de productos agropecuarios y por ende la disminución en las importaciones, lo que repercutirá en más estabilidad al mercado cambiario y una disminución del déficit en la balanza de pagos.

El autor es Politólogo

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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