Santo Domingo, RD.-Dentro de los últimos expedientes e investigaciones en los que han figurado nombres como el de César Emilio Peralta (César el Abusador); Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y Jeifry del Rosario Gautier también aparece un individuo que, aun siendo acusado, no ha sido pedido por las autoridades estadounidenses: Darys José Baéz Melo.Nacionales
Darys José Báez Melo, el acusado en EE.UU. como vinculado al caso César el Abusador y condenado en RD
Santo Domingo, RD.-Dentro de los últimos expedientes e investigaciones en los que han figurado nombres como el de César Emilio Peralta (César el Abusador); Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y Jeifry del Rosario Gautier también aparece un individuo que, aun siendo acusado, no ha sido pedido por las autoridades estadounidenses: Darys José Baéz Melo.Darys José Báez Melo aparece junto a José Jesús Tapia Pérez (Bola Negra), quien fue extraditado hacia Estados Unidos por ser señalado como uno de los presuntos cabecillas de la red liderada por César Emilio Peralta, desmantelada el pasado 20 de agosto, según un expediente de la Corte del Distrito Sur de Florida al que tuvo acceso LISTÍN DIARIO.
La corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, menciona tanto a Darys José Báez Melo como a Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y su hijo Jeifry del Rosario Gautier, como parte de una organización que operaba desde al menos marzo de 2017 en República Dominicana y en otros lugares.
Estos “intencionalmente combinaron, conspiraron y estuvieron de acuerdo con ellos mismo y con otras personas conocidas y no conocidas por el Gran Jurado, para contribuir a la distribución de sustancia controlada que sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos”.
También detalla que esta sustancia podría ser al menos cinco kilogramos de una mezcla y una sustancia detectable como cocaína.
La hoja de penalización de Báez Melo emitida por esta corte indica que por el crimen de “conspiración en la distribución de una sustancia controlada, a sabiendas o teniendo una causa razonable para creer que esa sustancia controlada podría ser importada ilegalmente”, se le podría dictar una pena máxima de cadena perpetua o cárcel de por vida.
En otra de las acusaciones emitida el 11 de abril de 2019 señala que Darys José Báez Melo tendría vínculos de “interés” con Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña); su hijo Jeifry del Rosario Gautier (Toñito Leña); César Emilio Peralta (El abusador) y José Jesús Tapia Pérez (Boludo).
Darys José Báez Melo está cumpliendo prisión en una cárcel de El Seibo por haber incurrido en tráfico ilícito de drogas, según el expediente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al que tuvo acceso este diario.
Por otro lado, en la solicitud de extradición de César Emilio Peralta, quien está esperando ser trasladado desde Colombia hacia Estados Unidos para ser juzgado por cargos de distribución de drogas en territorio estadounidense, se menciona el nombre de Darys José Báez Melo.
Es señalado como parte de una organización de tráfico de drogas (OTD) a gran escala en República Dominicana junto a Del Rosario Puente, Del Rosario Gautier y Peralta. Esta red es vinculada con el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia el país, desde donde luego se transportaba a Puerto Rico, Nueva York y otros lugares.
“El 29 de mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, Del Rosario Gautier, Del Rosario Puente, Báez Melo y otras personas fueron interceptados legalmente mientras usaban un dispositivo de comunicaciones para hacer los arreglos finales con el vendedor para usar el automóvil con compartimientos ocultos para obtener y transportar la cocaína. Del Rosario Gautier también le pidió a Báez Melo que recogiera la identificación de Del Rosario Gautier del depósito clandestino”, dice el expediente.
Luego cita que Báez Melo obtuvo 20 kilogramos de cocaína de una persona solo identificada como Sebastión, los escondió en su automóvil con compartimientos ocultos y transportó 14 kilos a un depósito clandestino antes de tratar de entregar los seis kilos restantes.
Los documentos emitidos por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional señalan que Darys José Báez Melo fue arrestado en 2017 mientras supuestamente estaba en una operación de narcotráfico cerca de un colegio del Distrito Nacional, en la que se le incautaron seis paquetes de un material ilícito.
También, como parte de un allanamiento realizado en una vivienda de Báez Melo las autoridades encontraron 14 kilogramos de cocaína.
“Yo entiendo de todo lo que se me acusa, al momento que a mí se me apresó, con una investigación siempre le he dicho que ese vehículo no es mío, yo le hice un favor a un amigo que me dijo que se lo llevara a un lugar cuando supo que estaba en la capital…”, indicó Báez Melo en el interrogatorio que le fue practicado durante el proceso de investigaciones.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.