Editorial
De abogado defensor a cómplice de sus clientes.
El papel del abogado que tiene que litigar en favor de sus clientes, que nadie duda de su responsabilidad con los hechos que se les imputan, consiste en recurrir a todos los tecnicismos legales para proyectar como inocente al que es culpable.
Este fenómeno, que no es sólo propio de la República Dominicana, sino que podría decirse de todos los países del mundo, permite ver como un abogado que litiga en favor de su apoderado trasciende esa frontera y se convierte en cómplice del acusado.
Un ejemplo muy común es con los narcotraficantes, cuyos abogados no sólo defienden la inocencia de su cliente en los estrados y en sus escritos de defensa, sino también hasta en la vida privada y para colmo proclaman a todo pulmón que su defendido es inocente de los hechos que se le imputan.
Todo se ve como parte de una serie de principios universales del derecho, como por ejemplo la presunción de inocencia, la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no puede ser cuestionado, aunque el abogado defensor se haya convertido en algo más que eso, en cómplice de lo mal hecho.
Muchas veces el abogado defensor de un acusado busca tergiversar la verdad para favorecer a su cliente, pero sus argumentos trascienden el campo del derecho para convertirse en encubridor de lo mal hecho.
Una muestra de esto es que los abogados defensores, quienes cobran por su trabajo, llegan hasta el colmo de buscar perjudicar la sociedad sobre la base de lograr tumbar el expediente presentado en contra de sus clientes.
El caso Odebrecht permite evaluar como algunos abogados defensores se convierten hasta en agresivos para lograr la exculpación de sus clientes, aunque estén comprometidos con los hechos, pero debe destacarse que hay muchos profesionales del derecho que se resisten a defender lo indefendible.
Es entretenido y hasta fascinante ver como el Derecho se convierte en una forma de proyectar como inocente a los culpables, muchas veces cruzándose la frontera de abogado defensor para ser cómplice de aquel que ha defraudado al Estado con acciones que constituyen ilícitos penales.
Lo primero que pasa cuando un abogado es contratado para defender a alguien que ha sido acusado de cualquier delito o crimen es negociar el dinero que recibiría por sus servicios y a partir de ahí el profesional del derecho tiene que asumir un discurso fuera y dentro del tribunal en el que se argumente que su defendido es totalmente inocente de lo que se le imputa.
Los incidentales de ayer en el audiencia del caso Odebrecht dejan clara la defensa fundamentada en una serie de recursos que impiden el desarrollo normal del juicio, porque los abogados de la defensa saben muy bien que los nuevos testigos brasileños podrían significar que los imputados sean condenados y que en consecuencia ellos pierdan su caso, lo cual implica que es un revés en su carrera profesional y a partir de ahí proyectar la imagen de un perdedor, cuya cotización nunca será la misma que cuando se tiene ganancia de causa.
El abogado de un criminal o delincuente siempre tendrá asidero para defender a su cliente en el marco del estado de derecho, pero habría que preguntarse si decir lo contrario a la verdad constituye una defensa ética frente a un inculpado que todas las pruebas indican que sí cometió el hecho imputado, pero además podrá justificarse que el profesional del derecho no sólo sea el apoderado del presunto culpable, sino también su cómplice.
La verdad es que se trata de un tema complicado y muy difícil de dilucidar, porque en el mismo está envuelto un cuestionamiento a todos los sistemas de justicia del planeta, cuya base de sustentación son los derechos de las víctimas y de los inculpados, pero además del principio universal del derecho de la presunción de inocencia.
Es muy poco lo que se puede discutir al respecto, pero ojalá que la ética sea la única guía para disminuir el impacto de la conversión del abogado defensor en cómplice de criminales internacionales que van desde narcotraficantes hasta asesinos confesos en contra de la persona humana.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo