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Editorial

De abogado defensor  a cómplice de sus clientes.

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El papel del abogado que tiene que litigar en favor de sus clientes, que nadie duda de su responsabilidad con los hechos que se les imputan, consiste en recurrir a todos los tecnicismos legales para proyectar como inocente al que es culpable.

Este fenómeno, que no es sólo propio de la República Dominicana, sino que podría decirse de todos los países del mundo, permite ver como un abogado que litiga en favor de su apoderado trasciende esa frontera y se convierte en cómplice del acusado.

Un ejemplo muy común es con los narcotraficantes, cuyos abogados no sólo defienden la inocencia de su cliente en los estrados y en sus escritos de defensa, sino también hasta en la vida privada y para colmo proclaman a todo pulmón que su defendido es inocente de los hechos que se le imputan.

Todo se ve como parte de una serie de principios universales del derecho, como por ejemplo la presunción de inocencia, la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no puede ser cuestionado, aunque el abogado defensor se haya convertido en algo más que eso, en cómplice de lo mal hecho.

Muchas veces el abogado defensor de un acusado busca tergiversar la verdad para favorecer a su cliente, pero sus argumentos trascienden el campo del derecho para convertirse en encubridor de lo mal hecho.

Una muestra de esto es que los abogados defensores, quienes cobran por su trabajo, llegan hasta el colmo de buscar perjudicar la sociedad sobre la base de lograr tumbar el expediente presentado en contra de sus clientes.

El caso Odebrecht permite evaluar como algunos abogados defensores se convierten hasta en agresivos para lograr la exculpación de sus clientes, aunque estén comprometidos con los hechos, pero debe destacarse que hay muchos profesionales del derecho que se resisten a defender lo indefendible.

Es entretenido y hasta fascinante ver como el Derecho se convierte en una forma de proyectar como inocente a los culpables, muchas veces cruzándose la frontera de abogado defensor para ser cómplice de aquel que ha defraudado al Estado con acciones que constituyen ilícitos penales.

Lo primero que pasa cuando un abogado es contratado para defender a alguien que ha sido acusado de cualquier delito o crimen es negociar el dinero que recibiría por sus servicios y a partir de ahí el profesional del derecho tiene que asumir un discurso fuera y dentro del tribunal en el que se argumente que su defendido es totalmente inocente de lo que se le imputa.

Los incidentales de ayer en el audiencia del caso Odebrecht dejan clara la defensa fundamentada en una serie de recursos que impiden el desarrollo normal del juicio, porque los abogados de la defensa saben muy bien  que los nuevos testigos brasileños podrían significar que los imputados sean condenados y que en consecuencia ellos pierdan su caso, lo cual implica que es un revés en su carrera profesional y a partir de ahí proyectar la imagen de un perdedor, cuya cotización nunca será la misma que cuando se tiene ganancia de causa.

El abogado de un criminal o delincuente siempre tendrá asidero para defender a su cliente en el marco del estado de derecho, pero habría que preguntarse si decir lo contrario a la verdad constituye una defensa ética frente a un inculpado que todas las pruebas indican que sí cometió el hecho imputado, pero además podrá justificarse que el profesional del derecho no sólo sea el apoderado del presunto culpable, sino también su cómplice.

La verdad es que se trata de un tema complicado y muy difícil de dilucidar, porque en el mismo está envuelto un cuestionamiento a todos los sistemas de justicia del planeta, cuya base de sustentación son los derechos de las víctimas y de los inculpados, pero además del principio universal del derecho de la presunción de inocencia.

Es muy poco lo que se puede discutir al respecto, pero ojalá que la ética sea la única guía para disminuir el impacto de la conversión del abogado defensor en cómplice de criminales internacionales que van desde narcotraficantes hasta asesinos confesos en contra de la persona humana.

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Editorial

El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.

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Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.

En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.

Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.

Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.

Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.

Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.

La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.

La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.

Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.

El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.

También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.

No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.

El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.

La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.

Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.

En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.

Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.

Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.

Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.

Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.

La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.

Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.

No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero  tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.

La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.

La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.

Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.

Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.

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Editorial

Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana

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La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.

Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.

La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.

Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.

Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos  son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.

El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.

De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.

No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.

La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.

Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.

Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.

La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.

Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.

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Editorial

La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia

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La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.

La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.

La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.

No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se  exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.

Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.

La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.

El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.

Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.

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