Editorial
De abogado defensor a cómplice de sus clientes.
El papel del abogado que tiene que litigar en favor de sus clientes, que nadie duda de su responsabilidad con los hechos que se les imputan, consiste en recurrir a todos los tecnicismos legales para proyectar como inocente al que es culpable.
Este fenómeno, que no es sólo propio de la República Dominicana, sino que podría decirse de todos los países del mundo, permite ver como un abogado que litiga en favor de su apoderado trasciende esa frontera y se convierte en cómplice del acusado.
Un ejemplo muy común es con los narcotraficantes, cuyos abogados no sólo defienden la inocencia de su cliente en los estrados y en sus escritos de defensa, sino también hasta en la vida privada y para colmo proclaman a todo pulmón que su defendido es inocente de los hechos que se le imputan.
Todo se ve como parte de una serie de principios universales del derecho, como por ejemplo la presunción de inocencia, la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no puede ser cuestionado, aunque el abogado defensor se haya convertido en algo más que eso, en cómplice de lo mal hecho.
Muchas veces el abogado defensor de un acusado busca tergiversar la verdad para favorecer a su cliente, pero sus argumentos trascienden el campo del derecho para convertirse en encubridor de lo mal hecho.
Una muestra de esto es que los abogados defensores, quienes cobran por su trabajo, llegan hasta el colmo de buscar perjudicar la sociedad sobre la base de lograr tumbar el expediente presentado en contra de sus clientes.
El caso Odebrecht permite evaluar como algunos abogados defensores se convierten hasta en agresivos para lograr la exculpación de sus clientes, aunque estén comprometidos con los hechos, pero debe destacarse que hay muchos profesionales del derecho que se resisten a defender lo indefendible.
Es entretenido y hasta fascinante ver como el Derecho se convierte en una forma de proyectar como inocente a los culpables, muchas veces cruzándose la frontera de abogado defensor para ser cómplice de aquel que ha defraudado al Estado con acciones que constituyen ilícitos penales.
Lo primero que pasa cuando un abogado es contratado para defender a alguien que ha sido acusado de cualquier delito o crimen es negociar el dinero que recibiría por sus servicios y a partir de ahí el profesional del derecho tiene que asumir un discurso fuera y dentro del tribunal en el que se argumente que su defendido es totalmente inocente de lo que se le imputa.
Los incidentales de ayer en el audiencia del caso Odebrecht dejan clara la defensa fundamentada en una serie de recursos que impiden el desarrollo normal del juicio, porque los abogados de la defensa saben muy bien que los nuevos testigos brasileños podrían significar que los imputados sean condenados y que en consecuencia ellos pierdan su caso, lo cual implica que es un revés en su carrera profesional y a partir de ahí proyectar la imagen de un perdedor, cuya cotización nunca será la misma que cuando se tiene ganancia de causa.
El abogado de un criminal o delincuente siempre tendrá asidero para defender a su cliente en el marco del estado de derecho, pero habría que preguntarse si decir lo contrario a la verdad constituye una defensa ética frente a un inculpado que todas las pruebas indican que sí cometió el hecho imputado, pero además podrá justificarse que el profesional del derecho no sólo sea el apoderado del presunto culpable, sino también su cómplice.
La verdad es que se trata de un tema complicado y muy difícil de dilucidar, porque en el mismo está envuelto un cuestionamiento a todos los sistemas de justicia del planeta, cuya base de sustentación son los derechos de las víctimas y de los inculpados, pero además del principio universal del derecho de la presunción de inocencia.
Es muy poco lo que se puede discutir al respecto, pero ojalá que la ética sea la única guía para disminuir el impacto de la conversión del abogado defensor en cómplice de criminales internacionales que van desde narcotraficantes hasta asesinos confesos en contra de la persona humana.
En todo el mundo la televisión digital y los medios de comunicación en general han pasado a jugar, aun con sus falencias, un rol protagónico en los procesos democráticos que viven los pueblos, porque de alguna manera las redes sociales están abiertas a todas las corrientes del pensamiento político, social y económico.
Ha sido una forma de cumplir con el sueño de que los receptores de los mensajes puedan reaccionar en contra o en favor de aquellas cosas que rechazan o comparten, es decir, que se produzca el famoso feedback.
Los medios digitales son una herramienta que rompe con la comunicación vertical para convertirla en horizontal, lo que en pocas palabras no es otra cosa que democratizar el mensaje que llega a los lectores o televidentes.
Por esta y muchas más razones tiene que ser motivo de satisfacción que muchos medios surjan para fortalecer la corriente de la democratización de la información y la comunicación, sobre todo si ello implica una mejoría de su calidad.
Todo el mundo sabe que antes del surgimiento o empoderamiento de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales a través de las empresas periodísticas que son controladas por grupos económicos que manejan la información en función de los intereses que representan y por esa razón no se puede tener la certeza de que lo que dicen o dejan de decir obedezca a una verdad indiscutible.
La manipulación de la información no sólo tiene que ver con lo semiótico y semántico, sino también con la colocación o no de lo que ocurre, lo que ha provocado que los medios digitales hayan cambiado esa regla del juego.
De manera, que independientemente de la post verdad los medios digitales han traído más cosas buenas que malas, pero además en la medida en que lleguen propuestas en este campo que mejoren lo que no está bien, el papel de éstos será de mucho mayor importancia en favor de la sociedad.
Entonces, la llegada de los medios pertenecientes al Grupo Nacional Azul responde al propósito de sacarle el mayor provecho a la era digital y para que los medios de comunicación sean un instrumento para la mejoría de la democracia, ya que la República Dominicana atraviesa por un momento de una profunda crisis de credibilidad, lo cual ha dejado como consecuencia una falta de legitimidad, lo que desde cualquier perspectiva que se vea es una especie de bomba de tiempo.
Los dominicanos de aquí y los de allá, es decir, los que viven en el territorio nacional y los que están fuera del país pueden tener la seguridad de que seguiremos haciendo un periodismo que promueva el Estado Social Democrático de Derecho, exactamente como está consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República.
Somos enemigos de la manipulación periodística para defender y proteger los intereses de grupos económicos que no ven más allá de la ganancia que obtienen y que representan, sin que les importe el dolor que causan a la sociedad dominicana, una retranca para el logro de una verdadera democracia.
En el país hay que revertir todo aquello que vende la idea de que las cosas tienen que verse desde una visión monetaria o material, sino que los medios como los de la Fundación Grupo Nacional Azul deben velar porque no prevalezca en la información un interés personal y grupal, porque al final los más indefensos son los que pierden, como las mujeres, los niños y los envejecientes.
Los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción pública dejan huellas inborrables en la sociedad dominicana.
La consternación que ha traído consigo el asesinato de la joven modelo y locutora Shantal Jiménez es una expresión fiel del impacto de un fenómeno que deja heridas insanables en la sociedad dominicana.
Son heridas lacerantes que nadie podrá borrar del escenario nacional, porque la irracionalidad se ha apropiado de una buena parte de los hombres que se niegan a dejar volar libremente a la mujer que busca mejores horizontes.
Estos feminicidios se producen y dejan una estela de dolor, no sólo en el seno de los seres queridos de las mujeres asesinadas, sino también de las madres de los hombres que incurren en el error de eliminar físicamente a aquellas que también muchas de ellas son las progenitoras de sus hijos.
Es un drama que parece insuperable, que deja una secuela de heridas emocionales que difícilmente puedan superar los afectados en el curso de sus vidas.
Todo ello requiere que el Estado tome las medidas pertinentes para enfrentar el mal, pese a que se entiende que el esfuerzo demanda de la inversión de muchos sacrificios para contrarrestar un flagelo que daña a toda la sociedad.
El problema se expresa cuando ocurre con niñas que se embarazan sin todavía estar preparadas para tener hijos, cuyo futuro se vuelve incierto, amén de que el fenómeno causa daños terribles, porque hay expertos que consideran que los embarazos en adolescentes es una fuente generadora de delincuencia y de otros problemas sociales.
Pero podría asumirse que todo ello, es decir los tres flagelos de que se habla en este editorial, tienen su razón de ser, máxime su aumento, en la irresponsabilidad con que los partidos políticos manejan el presupuesto general de la nación, cuyo punto 1-a es la corrupción administrativa, la cual también alimenta el mal a nivel privado, ya que arruina oportunidades de crecimiento a las niñas que pasan por el drama de engendrar un hijo a temprana edad.
No no se puede ser muy optimista con las medidas que puedan surgir desde el sector público para enfrentar estos flagelos, porque una de las cosas que alimentan estas distorsiones es precisamente la falta de planificación y la poca formación de los que tienen el control del Estado.
Nadie puede negar que como se ven las cosas, el país podría entrar en una verdadera crisis de violencia con el camino que llevan los tres flagelos escogidos por la República para intentar hacer sentir su voz de alarma al respecto.
La verdad es que la gente de buena voluntad y que realmente quiere lo mejor para el país no puede dormir tranquila con los efectos que producen los tres flagelos que se abordan en el presente editorial, los cuales tienen como agravantes la falta de planificación y el desorden que caracteriza al Estado dominicano.
Cualquiera podría preguntarse si realmente el país está preparado para elaborar una receta que vaya más allá del diagnóstico para, sino solucionar, por lo menos disminuir, el impacto destructor de los flagelos de los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción administrativa.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.