Editorial
De abogado defensor a cómplice de sus clientes.
El papel del abogado que tiene que litigar en favor de sus clientes, que nadie duda de su responsabilidad con los hechos que se les imputan, consiste en recurrir a todos los tecnicismos legales para proyectar como inocente al que es culpable.
Este fenómeno, que no es sólo propio de la República Dominicana, sino que podría decirse de todos los países del mundo, permite ver como un abogado que litiga en favor de su apoderado trasciende esa frontera y se convierte en cómplice del acusado.
Un ejemplo muy común es con los narcotraficantes, cuyos abogados no sólo defienden la inocencia de su cliente en los estrados y en sus escritos de defensa, sino también hasta en la vida privada y para colmo proclaman a todo pulmón que su defendido es inocente de los hechos que se le imputan.
Todo se ve como parte de una serie de principios universales del derecho, como por ejemplo la presunción de inocencia, la tutela judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no puede ser cuestionado, aunque el abogado defensor se haya convertido en algo más que eso, en cómplice de lo mal hecho.
Muchas veces el abogado defensor de un acusado busca tergiversar la verdad para favorecer a su cliente, pero sus argumentos trascienden el campo del derecho para convertirse en encubridor de lo mal hecho.
Una muestra de esto es que los abogados defensores, quienes cobran por su trabajo, llegan hasta el colmo de buscar perjudicar la sociedad sobre la base de lograr tumbar el expediente presentado en contra de sus clientes.
El caso Odebrecht permite evaluar como algunos abogados defensores se convierten hasta en agresivos para lograr la exculpación de sus clientes, aunque estén comprometidos con los hechos, pero debe destacarse que hay muchos profesionales del derecho que se resisten a defender lo indefendible.
Es entretenido y hasta fascinante ver como el Derecho se convierte en una forma de proyectar como inocente a los culpables, muchas veces cruzándose la frontera de abogado defensor para ser cómplice de aquel que ha defraudado al Estado con acciones que constituyen ilícitos penales.
Lo primero que pasa cuando un abogado es contratado para defender a alguien que ha sido acusado de cualquier delito o crimen es negociar el dinero que recibiría por sus servicios y a partir de ahí el profesional del derecho tiene que asumir un discurso fuera y dentro del tribunal en el que se argumente que su defendido es totalmente inocente de lo que se le imputa.
Los incidentales de ayer en el audiencia del caso Odebrecht dejan clara la defensa fundamentada en una serie de recursos que impiden el desarrollo normal del juicio, porque los abogados de la defensa saben muy bien que los nuevos testigos brasileños podrían significar que los imputados sean condenados y que en consecuencia ellos pierdan su caso, lo cual implica que es un revés en su carrera profesional y a partir de ahí proyectar la imagen de un perdedor, cuya cotización nunca será la misma que cuando se tiene ganancia de causa.
El abogado de un criminal o delincuente siempre tendrá asidero para defender a su cliente en el marco del estado de derecho, pero habría que preguntarse si decir lo contrario a la verdad constituye una defensa ética frente a un inculpado que todas las pruebas indican que sí cometió el hecho imputado, pero además podrá justificarse que el profesional del derecho no sólo sea el apoderado del presunto culpable, sino también su cómplice.
La verdad es que se trata de un tema complicado y muy difícil de dilucidar, porque en el mismo está envuelto un cuestionamiento a todos los sistemas de justicia del planeta, cuya base de sustentación son los derechos de las víctimas y de los inculpados, pero además del principio universal del derecho de la presunción de inocencia.
Es muy poco lo que se puede discutir al respecto, pero ojalá que la ética sea la única guía para disminuir el impacto de la conversión del abogado defensor en cómplice de criminales internacionales que van desde narcotraficantes hasta asesinos confesos en contra de la persona humana.
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.