Opinión
De las promesas al fracaso
Por: HamletA Hermann
Nada hay como la prensa diaria para contrastar las promesas que hacen los políticos con los resultados que logran.
Cuando estos especímenes y sus socios de aventuras quieren crear opinión pública a favor de una obra multimillonaria, adoptan un procedimiento universal: minimizan los costos reales, ocultan los riesgos y prometen soluciones imposibles. Convencidos de que la emboscada está montada, arman una algarabía durante el inicio de los trabajos en el terreno y, de ahí en adelante, no hay quien los detenga.
Da gusto revisar los periódicos del mes de mayo de 2009. En éstos el Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, anunciaba “la construcción de elevados que compondrían el corredor Duarte y agilizarían el tránsito de alrededor de 800,000 vehículos diarios”. El conjunto de obras “se extendería desde la entrada de Los Alcarrizos en el Oeste, hasta la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la carretera de San Isidro, en Santo Domingo Este”. Como ya es habitual, anunció que “la construcción de los elevados estará a cargo del consorcio Norberto Odebrecht, brasileño, y la empresa Ingeniería Estrella, dominicana”. Anunció además que este corredor Duarte apenas costaría 163 millones de dólares y “será ejecutado con financiamiento privado gestionado por las propias empresas”. Hasta ahí la esencia de esa megaobra del presidente Leonel Fernández.
Para un sector profesional desvinculado de la política partidaria, aquella cadena de pasos a desnivel lucía aberrante. Urbanistas prestigiosos como Eric Dorrejo, Emilio Brea y Cristóbal Valdez advirtieron que no se habían tomado en cuenta los efectos dañinos provocados por los elevados construidos con anterioridad. Los urbanistas advertían, además, que las vías circundantes a la avenida “27 de Febrero” no se habían ampliado ni mejorado para compensar el colosal acceso que se propiciaba con el Corredor Duarte. Sin lugar a dudas, la aglomeración de vehículos sería mayor y la obsolescencia de esa obra se adelantaría ante el incontenible aumento del flujo de vehículos livianos por esa vía.
Tres años después, en 2012, los medios de comunicación se hacen eco del fin de los trabajos del último tramo de esa mega obra. Durante la campaña electoral presidencial, predominaba un festival incontenible de inauguraciones que buscaban satisfacer el insaciable ego del presidente Fernández. Entonces empezaron a confirmarse las contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado.
Lo primero es que la promesa de que el Corredor Duarte llegaría hasta el corazón de Santo Domingo Este, no se cumplió. La realidad es que se quedó a mitad de camino en la intersección de la avenida “27 de Febrero” con la calle “Ortega y Gasset”. Nada hubiera que criticar si no fuera porque la obra completa fue propuesta por 163 millones de dólares mientras la mitad construida exigió “una inversión superior a los 203 millones de dólares”, con el agravante del financiamiento privado a altos intereses bancarios. Vale decir: él todo fue prometido por 163 millones y la mitad costó más de 203 millones, relativamente dos veces y media más de lo anticipado.
Peor aún, la incapacidad del Corredor Duarte se ha evidenciado desde antes de la terminación total de la obra. En vez de reducir los tapones de tránsito, éstos se han intensificado y ya alcanzan hasta más allá de las horas pico. El empeño del gobierno y sus contratistas de siempre en “cruzar la ciudad de Este a Oeste, sin semáforos, en menos de 10 minutos” es una estupidez tan grande que debió ser callada por el Poder Ejecutivo.
Con una frivolidad que espanta, el Consorcio Corredor Duarte trata ahora de convencer a la opinión pública de un proyecto de reordenación del tránsito en el Polígono Central. En momento alguno admiten que la infinidad de problemas que, supuestamente, quieren solucionar fueron provocados por ellos con el diseño irracional de la megaobra. Por eso hay que advertir a los niveles de decisión, de la capital y del país, que los pirómanos no pueden ser bomberos. Mal podrían ahora alegar inocencia ante el daño que han provocado al tiempo que quieren beneficiarse con nuevos contratos y absolverse por el crimen urbanístico cometido.
Este turbio proceder descalifica por entero al Consorcio para, siquiera, opinar sobre soluciones del tránsito en cualquier lugar de República Dominicana.
Artículo original publicado en el periódico HOY
Por: Edgard Paniagua Miguel
El sistema político partidario y sus dirigentes, propietarios de esos partidos, carece de una ética y una moral que le permita ser serios e íntegros, honorables y respetables.
Y la muestra es la facilidad con que se alían y se asocian con el que más han combatido fuera de los procesos electorales, y cuando estos procesos se aproximan, ahí están unidos haciéndose apología unos del otro.
No hay vergüenza, no tienen vergüenza, la sombrilla de ellos es el pragmatismo, subsistir como sea con tal de mantenerse en la nómina de la JCE, en la nómina de un gobierno o recibir prebendas.
No valen si quiera las creencias religiosas que algunos profesan para mantenerse íntegros, permanecer aparte del político corrupto y objetable.
Qué puede mover a un hombre, ser tan ciego y servil, estar tan hipnotizado para seguir a un hombre o partido corrupto?
El argumento: “no han sido condenados por ningún tribunal” es infantil, manipulador y hasta tonto. Pues esos objetables dominan por jerarquía partidaria, jueces, fiscales y altas cortes.
En tales condiciones quien saldrá condenado?
Hay que aliarse obligatoriamente con el mal?
Hay que votar obligadamente por el menos malo?
Hay que votar, aliarse o hacer apología del corrupto y mentiroso solo porque odio al contrario que posee iguales características?
A veces sería mejor, retirarse y ver lo qué pasa; votar por alguien que, aunque sea minoría pueda representar algo mejor o diferente.
O no votar y mantener una conciencia integra y honesta.
Usted no jaya??
Por Isaías Ramos
La actual predominancia de una élite política, se ha tornado alarmante para nuestro país. Esta élite ha monopolizado el sistema político, en lugar de fomentar la diversidad de opiniones y el enriquecedor debate democrático. Se ha permitido que un reducido círculo de figuras políticas desfalquen y endeuden al país, pervertiendo así nuestra nación y traicionando nuestra amada patria.
Los informes de corrupción y desfalco se han vuelto cotidianos, y el endeudamiento público ha alcanzado niveles sin precedentes. Este panorama no solo lastima nuestra economía, sino que además perjudica a la población, generando más miseria, hambre y pobreza. Simultáneamente, van agotando los recursos esenciales para el desarrollo de infraestructuras y servicios esenciales.
Entretanto, la nación dominicana se ve envilecida por este sistema. El clima político desmoraliza a nuestra población, minando los valores y principios que sustentan nuestra identidad. La corrupción y el nepotismo han generado una sensación de desesperanza y desilusión, alejando a muchos ciudadanos de la participación cívica y política.
Quizás lo más grave de todo, es la sensación de traición a la patria. Nuestro hogar, ese lugar que llevamos en el corazón, se siente traicionado por aquellos que juraron protegerlo.
Desde el Frente Cívico y Social, reconocemos la importancia de comprender que la situación actual es insostenible. Nuestro país necesita un cambio radical en su sistema político para romper con este ciclo vicioso de engaño y corrupción. Necesitamos un sistema que promueva un ciclo virtuoso que traiga paz y prosperidad.
Es vital implementar medidas que fomenten una cultura de integridad y responsabilidad en nuestra sociedad. Esto se puede lograr a través de la educación, de los medios de comunicación, y promoviendo los valores cívicos.
Este país tiene un gran potencial para ser líder en la región. Nos distinguen nuestro ingenio y amabilidad, y nuestra ubicación geográfica nos sitúa en una posición estratégica para el comercio y el turismo.
Contamos con un vasto potencial agrícola, con fértiles llanuras, valles y montañas capaces de producir una gran variedad de cultivos. Una inversión más fuerte y sostenible en la agricultura, podría convertirnos en una potencia agroindustrial. La producción y exportación de productos agrícolas orgánicos y de alta calidad podrían ser la clave para un crecimiento económico sostenible.
Además, estamos bendecidos con maravillosas bellezas naturales. Las playas de arena blanca, las montañas verdes y nuestra única biodiversidad. La inversión en turismo sostenible y ecológico puede generar ingresos significativos y empleo, a la vez que preserva y destaca la belleza natural de nuestro país.
En nuestro nación el potencial humano se manifiesta de manera notable en aquellos individuos que destacan por su especial sentido común. No obstante, ese potencial a menudo queda eclipsado por la falta de capacitación y educación adecuadas. Poseemos una población joven y dinámica que, con la preparación y formación necesarias, podría convertirse en el motor propulsor del futuro. La inversión en una educación de calidad, enfocada en campos como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, puede preparar a la próxima generación de dominicanos para afrontar con garantías las economías del futuro. Así, nuestro país podría erigirse como un auténtico centro de innovación y desarrollo tecnológico en la región.
Además, la consolidación de un sistema político más transparente y democrático, y el fomento de una cultura basada en la integridad y la responsabilidad, se tornan elementos indispensables para estimular el desarrollo y el progreso.
Desde el FCS, visualizamos que el camino hacia un futuro más próspero debe trazarse aprovechando al máximo nuestros recursos: el potencial agrícola, turístico, humano y empresarial. Todo esto sin descuidar la construcción de un sistema político más justo y democrático. Aunque los desafíos son enormes, la capacidad y la fortaleza de los dominicanos son aún mayores. Con el esfuerzo y la dedicación de todos, el país puede convertirse en un verdadero modelo de desarrollo y democracia para toda la región.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La responsabilidad estatal de reglamentar actividades financieras ilícitas debe cumplirse en conformidad con las obligaciones establecidas en la Convención Americana, incluyendo la libertad de asociación. Las restricciones impuestas a las Organizaciones de la Sociedad Civil para contrarrestar el financiamiento del terrorismo deberán ser fundamentadas en evidencia de riesgo y focalizadas en organizaciones identificadas de ser de alto riesgo por sus características o actividades.
Las restricciones aplicadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil deben ser proporcionales al riesgo identificado; implementadas conforme al artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos; e implementadas sin limitar el trabajo legítimo del sector.
Los estándares globales en materia de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han sido citados para justificar controles legales intensificados de aplicación generalizada a toda o gran parte del sector sin fines de lucro. Esta clase de requisito desproporcional, sin una base en evidencia de riesgo de una violación de un interés estatal, está en conflicto no solo con los estándares de la liberta de asociación, sino también con los estándares del GAFI, y con consecuencias negativas no intencionadas por dicho mecanismo.
Estamos de acuerdo en que se puede fomentar el control apropiado del financiamiento ilícito a través de la correcta implementación de los estándares del GAFI, con normas proporcionales a evidencias de riesgo de la mala utilización de las Organizaciones de la Sociedad Civil para crímenes financieros, incluyendo evidencias de mitigación de riesgo proporcionadas por el sector.
En el estándar ilustrativo interamericano, en el caso de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, invocando la seguridad nacional no es legítimo que la legislación en materia de seguridad o de lucha contra el terrorismo se utilice para reprimir actividades orientadas a la promoción y a la protección de los derechos humanos.
En el marco del estándar ilustrativo global se establece que las restricciones indebidas a los recursos de que disponen las asociaciones inciden en el disfrute del derecho a la libertad de asociación y también socavan los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en su conjunto.
En otro orden, si bien los Estados tienen la responsabilidad de combatir el blanqueo de dinero y el terrorismo, nunca debe invocarse esa obligación como fundamento para socavar la credibilidad de una organización, ni para obstaculizar arbitrariamente a sus actividades legitimas.
Finalmente, en el estándar ilustrativo regional se plantea que las medidas para proteger a las organizaciones sin fines de lucro u OSFL del potencial abuso para financiamiento del terrorismo deberán estar focalizadas y en línea con el enfoque basado en riesgo. También es importante que dichas medidas sean establecidas de manera que respeten las obligaciones de los países con base en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos internacionales.