Opinión
De licenciado a licenciado
Por Juan Bolívar Díaz
A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.
Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.
Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.
El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).
El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.
El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.