Opinión
De normativas e incertidumbres
Por Juan Bolívar Díaz
A seis semanas del estreno de las elecciones primarias simultáneas, a la que se han acogido sólo los dos partidos mayoritarios, predominan incertidumbres sobre normativas básicas, hasta el punto que todavía hay quienes pretenden otra reforma constitucional, para permitir que Danilo Medina pueda volver a ser candidato presidencial a partir del 2014, bajo el pretexto de que hay que juntar de nuevo las elecciones municipales de febrero, con las presidenciales y congresuales de mayo próximos, entre otros asuntos.
Lo de la posibilidad de rehabilitar al actual mandatario, como otras varias de las propuestas de reformas constitucionales enarboladas por dos dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano y apoyadas por el expresidente Hipólito Mejía, quien es precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, nada tienen que ver con el proceso electoral en marcha, y por su importancia deberían ser relegadas para el nuevo Congreso a ser electo dentro de 9 meses.
Mientras tanto, hay una docena de recursos de inconstitucionalidad de las nuevas normativas electorales que tienen que ver con el proceso en marcha, pero no son respondidos por el Tribunal Constitucional, entre ellos uno que afecta el derecho cardinal de todo ciudadano a ser elegido, establecido en la Ley de Partidos 33-18 que condiciona la posibilidad de ser candidato a cargos electivos a estar inscrito en un partido.
Esa prohibición no había estado nunca en la legislación dominicana y afecta no sólo a los ciudadanos independientes, sino también a la mayoría de los partidos que no tienen suficientes candidatos competitivos y tradicionalmente apelan a postular personalidades profesionales, empresariales o laborales así como a dirigentes sociales y comunitarios. Es legítimo que un partido quiera establecer esa condición, pero no que la ley los obligue. Mucho menos la misma ley que faculta a los ciudadanos a elegir candidatos de los partidos sin ser miembros de ellos.
En una audiencia pública que conoció impugnaciones, el 14 de febrero, el Tribunal Constitucional las declaró de urgencia, pero seis meses después no acaba de dictaminar, mientras ya hoy vence el plazo para que los partidos que van a la elección primaria registren sus precandidatos.
Al escribir este artículo llega la información de que el Tribunal Superior Administrativo ordenó a la Junta Central Electoral derogar su reglamentación que prohíbe la colocación de propaganda de precandidatos en la radio y televisión, acogiendo una instancia de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, que la cree discriminatoria.
Tengo que confesar mi ignorancia jurídica, pues hasta ahora creía que sólo el Tribunal Constitucional puede anular un mandato legal, y esa prohibición está especificada en el numeral 7 del artículo 44 de la Ley 33-18, denominado “Propaganda prohibida en el período de precampaña”, que reza: “La promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisada”. Tras ese dictamen hasta los negociantes de vallas y altoparlantes, también deberán alegar discriminación.
Tal prohibición rige en la mayoría de los países democráticos, en muchos aún en las campañas electorales mismas y se discutió aquí durante años. El objetivo no es otro que evitar el ventajismo de quienes disponen de fortunas, a menudo ilegítimas, que saturan de propaganda a los electores por los medios electrónicos. Más injustificado cuando los mensajes deben dirigirse a sus compañeros de partido al tratarse de escogencias de candidatos.
La incertidumbre sobre las elecciones de febrero es otro absurdo, porque es un mandato que data de la Constitución del 2010 y que sería implementado por primera vez una década después. Aunque hasta esa reforma no sólo las elecciones municipales, sino también las congresuales estaban separadas de los presidenciales. También como en gran parte del mundo democrático, para reducir el arrastre presidencial en esos otros poderes del Estado. Legisladores y munícipes fueron electos separados en 4 ocasiones, del 1998 al 2010.
Y ni hablar de la pretendida rehabilitación de Medina cuando termina su segundo período y al mismo tiempo sus propulsores ratifican que ese limitación debe prevalecer en la Constitución. Cuántas incertidumbres y absurdos en la adolescente democracia dominicana.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
.
La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.