Opinión
De parrandas y juergas judiciales
Los que durante más de un mes abogamos, por diversos medios de comunicación porque se estableciera el paradero del convicto por asesinato Pedro Alejanndro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, tenemos que celebrar que finalmente la Procuraduría General de la República haya podido establecer lo que era de dominio público: que no estaba muerto, sino que anda de parranda.
La circunstancia es propicia para que, así como todos los medios llevan dos semana entretenidos con los múltiples detalles de la espectacular desaparición de Quirinito, ahora concentren atención en demandar a la misma Procuraduría General que presente todos los detalles de la juerga policíaco-judicial del 24 de septiembre que costó la vida al teniente de la fuerza aérea George Alberto Mateo Aquino.
Lo de Quirinito está en vías de esclarecimiento, aunque eso no sea garantía de que la justicia castigará a todos los responsables de la parranda. Quedan aún muchas dudas sobre cómo fue posible un concierto tan amplio de voluntades judiciales para ayudar a un convicto de asesinato, condenado definitivamente a 30 años de prisión, si todo fue por dinero o en cumplimiento de una voluntad superior, o en pago de una deuda familiar con el meritísimo tío conocido como Quirino, que dejó a la defensiva al expresidenteLeonel Fernández.
Lo establecido es que el atento juez de ejecución de la pena, de San Cristóbal, trasladó al convicto a una cárcel de San Francisco de Macorís, donde piadosos procuradores fiscales solicitaron que le dieran el prisión domiciliaria para que se tratara un cáncer. Otra jueza generosamente aceptó que la garante de la condicionalidad fuera la propia esposa del interesado. Ha trascendido que “se basó” en un certificado médico expedido diez días después. Y un médico legista “certificó la muerte” de Castillo Paniagua, no por el cáncer, sino a causa de un infarto. Aunque luego no se ha podido establecer dónde está la sepultura y se ignora si la esposa, abogada y “garante” está siendo procesada por complicidad. Hubo antes otro trato exquisito cuando al prisionero le permitieron salir de la cárcel para contraer un matrimonio que debió efectuarse en el recinto..
El asesinato del teniente Mateo Ogando no genera tanta morbosidad como la parranda de Quirinito, pero es igualmente escandaloso. Las connotaciones parecen indicar que es otra tragedia derivada de la repartición de los terrenos de lo que fuera el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como la que el 14 de febrero originó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en pleno trabajo en San Pedro de Macorís y el alegado “suicidio” del matador de aquellos, una víctima de estafa que perdió todo juicio.
Fue una juerga policíaco-judicial, o quién sabe si también política. Tiene que haber muchos intereses en juego, para que un contingente policial realizara un desalojo de decenas de viviendas, alrededor de las tres de la madrugada de un domingo, sin previa notificación ni disposición judicial, ni acompañamiento judicial.
Pudiera estar vinculado a la plusvalía de los predios de Cerros de las Américas, por su proximidad al gigantesco proyecto Ciudad Juan Bosch. El teniente, como muchas otras personas, con más de una docena de años ocupando esos predios, se levantó sobresaltado cuando las maquinarias demolían sus viviendas y sus reclamos originaron una balacera que le costó la vida y heridas a varios.
Tres semanas después se ignora quién fue el responsable de ese asesinato. Ni el reclamante del terreno, ni ningún detalle legal justificativo. Se cree que pudiera ser una empresa a la que el CEA le “vendió” en el 2001 más de 13 millones 696 mil 987 metros cuadrados por 821 millones de pesos, de los cuales sólo adelantaría 20 millones, y que pagaría el resto con las ventas de la urbanización “Ciudad Ecológica de las Américas”, hasta ahora sólo soñada. Nadie se sorprenda si esos terrenos han sido revendidos o puestos en una nueva asociación lucrativa.
A ver si alguien se anima a exigir una explicación de esta sangrienta juerga, y si la Procuraduría General se adelanta esta vez al clamor de justicia, haciendo una pausa sobre sus investigaciones de la tragedia macorisana y la de Los Tres Brazos, para quedarnos sólo en terrenos del CEA.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.